Exige ONG mundial México debe investigar tortura en caso Iguala

Ciudad de México, 9 de junio de 2016.– El Organismo Mundial Contra la Tortura (OMCT) urgió a las autoridades mexicanas a que avance en las investigaciones  abiertas por las irregularidades y violaciones a los derechos humanos, en particular por el presunto uso recurrente de la tortura, en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y además exigió que cesar de su cargo a los funcionarios que bloquearon las indagatorias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).
    A través de un comunicado el OMCT pidió también brindar el apoyo necesario al mecanismo de seguimiento con tal de garantizar la implementación de las recomendaciones realizadas por el GIEI sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014.
    El Organismo solicitó los avances de las investigaciones abiertas por irregularidades y violaciones a los derechos humanos particularmente sobre el uso de la tortura cometida durante la investigación del caso.
    El secretario General de la OMCT, Gerald Staberock, dijo que tienen“indicios muy claros de que se ha torturado desde los inicios de la investigación. A pesar de eso, seguimos sin tener constancia de que se hayan enjuiciado a los presuntos culpables y se siguen usando declaraciones obtenidas bajo tortura como testimonios clave”.
    El documento recuerda que en el segundo informe presentado por el GIEI, el pasado 24 de abril, se expusieron los resultados de un estudio de 17 casos de personas inculpadas por la desaparición de los 43 normalistas, las cuales alegaron haber sido víctimas de tortura y malos tratos desde su detención.
    En su informe, los expertos concluyeron que en los 17 casos analizados aparecen numerosas lesiones después del ingreso de las personas detenidas a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) o en Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), según el caso.
    “A pesar de que los detenidos denunciaron explícitamente haber sido víctimas de tortura ante el Ministerio Público, los expertos resaltan que en el expediente no consta que se hayan adoptado medidas tendientes a investigar tales hechos; tampoco consta que se haya aplicado hasta el momento el Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), las directrices de referencia internacionales parta la investigación de casos de tortura; asimismo, en varios casos los exámenes médicos se habrían realizado de forma colectiva, lo que no cumpliría con los estándares mínimos para una evaluación de los detenidos con la exhaustividad y privacidad necesarias”, dijo la OMCT.
    Por su parte, la responsable del programa de América Latina de la OMCT, Helena Solà Martín, dijo que “con la implementación del mecanismo de seguimiento, las autoridades mexicanas tiene la oportunidad de abordar las graves deficiencias detectadas por el GIEI en la investigación y demostrar la voluntad real para llegar la fondo de la verdad de lo sucedido con base a pruebas no viciadas”.
    El OMCT solicitó “la investigación pronta e imparcial y la inmediata separación del cargo de todos aquellos funcionarios públicos implicados en episodios en los que haya indicios sólidos de obstrucción de la investigación del caso, en los términos recomendados en los informes publicados por el GIEI”.
    Señaló el caso de Tomás Zerón, Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), que realizó una diligencia sobre el caso con uno de los inculpados en Cocula.
    Durante la entrega del segundo informe del GIEI, el experto Carlos Beristaín refirió que el 28 de octubre de 2014 personal de la PGR acudió a la zona aledaña al Río San Juan donde recolectó pruebas óseas de las cuales se desconoce su destino ya que la inspección de ese día no quedó registrada en el expediente. Un día después fue que se halló la bolsa con restos óseos.
    Finalmente, la OMCT exhortó a las autoridades mexicanas “a adoptar las medidas necesarias para erradicar los actos de intimidación, estigmatización y criminalización, perpetrados por actores estatales y no estatales, contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, incluyendo los sobrevivientes a los crímenes de Iguala, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan”.
    Y pidió a las autoridades estatales y federales aumentar los esfuerzos para ofrecer a los normalistas y a sus familias y garantizar su derecho a realizar movilizaciones para “exigir justicia, verdad y reparación.