La abogada y activista social Andrea Hernández Molina, acompañada por la ciudadana Sol Citlalli Ayala Bricio, acudió al Congreso del Estado de Tabasco para presentar una solicitud formal que busca replantear la legislación en materia de violencia vicaria.
El llamado principal a los legisladores es evitar la aprobación de leyes "al vapor" y garantizar un marco jurídico técnico, neutral y con perspectiva de derechos humanos.
Invisibilidad de la mujer como agresora y familias diversas
Hernández Molina alertó que la legislación actual sobre violencia vicaria presenta deficiencias críticas al centrar la figura del agresor exclusivamente en el hombre.
Según la activista, esta visión binaria vulnera el principio de igualdad y deja en total desprotección a las familias homoparentales y lesbomaternales, donde las dinámicas de conflicto no encajan en el esquema de "hombre-agresor y mujer-víctima".
"No podemos negar la violencia hacia la mujer, pero tampoco podemos ignorar que, en temas de guardia y custodia, la instrumentalización de los hijos no es exclusiva de un género", enfatizó la abogada.
El caso de Sol Citlalli: Un vacío legal en Chiapas
Como prueba de estas fallas sistémicas, se presentó el caso de Sol Citlalli Ayala Bricio, quien suma más de 11 meses sin poder convivir con su hijo. Ayala relató que su expareja —también mujer— utiliza al menor como medio de presión y control.
A pesar de que el caso ocurre en Chiapas, donde la violencia vicaria ya está legislada, la víctima no ha podido acceder a mecanismos legales efectivos porque la ley no contempla que una mujer pueda ser la agresora.
Según Hernández Molina, las autoridades de dicha entidad intentan forzar roles de género, tratando a una de las partes como "macho agresor" en lugar de reconocer una relación entre dos mujeres biológicas y jurídicas.
Activistas advierten que una ley con sesgos de género puede dejar sin protección a víctimas en familias diversas.
Riesgos de simulación y llamado a la revisión técnica
La activista calificó como una "simulación" las normativas que se impulsan sin un análisis profundo, señalando que algunos líderes de movimientos vicarios podrían estar buscando beneficios económicos o políticos.
Advirtió además que una redacción deficiente podría generar duplicidad con delitos ya tipificados, como la violencia familiar o la sustracción de menores, complicando el panorama judicial.
Ruta nacional e internacional
Ante la posibilidad de que Tabasco tipifique esta conducta en el Código Penal con los mismos sesgos, las activistas urgieron al Congreso local a priorizar el interés superior de la niñez por encima de disputas ideológicas.
Hernández Molina anunció el inicio de una gira nacional para visibilizar estas problemáticas y recolectar casos similares en otras entidades.
Asimismo, adelantó que no descartan acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para exigir una revisión integral de los marcos legales que, bajo el nombre de protección, terminan excluyendo a víctimas basándose en su género o identidad.
Puntos clave de la petición:
- Neutralidad: Que la ley reconozca que cualquier progenitor, sin importar su sexo, puede instrumentalizar a los hijos.
- Inclusión: Protección efectiva para familias lesbomaternales y homoparentales.
- Análisis Técnico: Evitar leyes punitivas con sesgos ideológicos que vulneren la Constitución y tratados internacionales.
TomaNota:
- La propuesta pide leyes sin sesgos de género en casos de violencia vicaria.
- Busca incluir a familias homoparentales y lesbomaternales.
- Advierten riesgos legales si no se hace un análisis técnico previo.
- Podrían llevar el tema a instancias internacionales si no hay cambios.
