Por una mala implementación del Debido Proceso y errores en la integración de la averiguación previa por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tabasco (PGJ), 45 personas acusadas de delitos del fuero común fueron puestas en libertad el pasado 29 de enero. Estas permanecieron recluidas en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (Creset).
El juez del Décimo Circuito, Lorenzo Justino Traconis Chacón, ratificó el amparo promovido en junio del año pasado y dictó auto de libertad “por falta de elementos para procesar”.
Vemos con preocupación la ausencia del Estado de Derecho en las practicas aplicadas por la PGJ, tales como la falta de investigación e integración de las averiguaciones.
Es importante que las autoridades acaten las reformas Constitucionales en materia de derechos humanos, pero esto no significa que se aplique “borrón y cuenta nueva” en los procesos anteriormente realizados por la administración saliente.
Estas resoluciones han sido polémicas en la sociedad mexicana y claro ejemplo de ello son los casos de la francesa Florence Cassez y el grupo de personas recientemente liberadas, a pesar de que su libertad no implica una absolución de inocencia.
Por lo que recomendamos a las autoridades sancionar a los funcionarios involucrados en el incumplimiento de sus deberes como servidores públicos; y esperamos por el bien de la ciudadanía que las leyes se apliquen de forma equitativa y que estas no se vuelvan una practica elitista, regida por presiones políticas y económicas.
