FALLAS DE ORIGEN
Un autor y destacado asesor de diferentes programas de reformas de gobiernos y administraciones de todo el mundo –Crozier- señaló que, a su juicio, la mayor parte de los procesos de reformas administrativas fallidos lo habían sido por el sistemático olvido de la opinión de los ciudadanos en relación con el enfoque y orientación de las más diversas políticas públicas.
Las preguntas pues, que hemos de hacer a las administraciones federal y estatal son: ¿Es la opinión de los ciudadanos la que guía sus políticas y decisiones? ¿Qué opinión persiste de los ciudadanos respecto a la administración pública que se está ejerciendo y ofreciendo? ¿Traen calificaciones de la opinión pública, aprobatorias o notoriamente reprobatorias?
Los ciudadanos tienen derecho a exigir determinados patrones o estándares en el funcionamiento de la Administración, y ésta, está obligada, en toda democracia, a distinguirse en su actuación cotidiana por su servicio objetivo al interés general. ¿Ha servido la administración pública en áreas -por ejemplo, de seguridad pública y procuración de justicia- o han sido reprobados con calificación ínfima por los ciudadanos?
La buena Administración pública es un derecho fundamental de los ciudadanos, y un principio de actuación administrativa. Designar un gabinete en atención a la cuota de poder -o de tajada-que le quiere otorgar el que decide a cada grupo de poder que le rodea y sostener a los designados, aunque haya notoria incompetencia, visible ineficiencia y evidentes actos de corrupción, es simplemente un acto de suicidio político o de abandono del mando. Y cuando se abandona el mando, otro lo asume para sí.
Como si éste apotegma no tuviese valor ni importancia, proliferan gabinetes de cuarta y quinta calidad. Cuando desde su origen la forma que se utilizó para designar a quienes van a venir a formar parte del gabinete está basada en darle a los grupos de poder -o a los grupos que el titular cree que le han apoyado y ayudado a llegar al cargo- un espacio o tajada de la administración (cual si fuera una cuota de botín), el resultado se torna desastroso.
El derecho fundamental a la buena administración, trae consigo un replanteamiento de ella en su conjunto. Hoy, desde la centralidad del ciudadano y desde su participación activa en la conformación de los intereses generales, el concepto de buena administración y sus principales categorías deben ser formulados, ya que, la relevancia de los derechos fundamentales de la persona sugiere nuevas formas de comprender el sistema de una buena administración pública.
El término buena administración ha salpicado la vida de las empresas y de las instituciones públicas de manera creciente en un intento de mejorar el contenido de la propia actividad de conducción o manejo de estas instituciones, de estas corporaciones; más al tiempo en el que estamos, en plena crisis económica y financiera en el país. En realidad el tema es estructural y se refiere a la recuperación de la perspectiva ética, de servicio objetivo a la ciudadanía, que siempre debió caracterizar a las administraciones públicas.
La ineficiencia, ineficacia y, sobre todo, el sistemático olvido del servicio objetivo al interés general en que debe consistir la esencia de la administración pública, aconsejan nuevos cambios en la forma de comprender el sentido que tiene el gobierno y administración del interés general.
Políticos hay que por azar de la suerte, de manera repentina logran obtener una posición de privilegio político; corroboran su incompetencia e inutilidad tan luego comienzan a designar como sus subalternos a personajes improvisados que responden solo a su cercanía y amistad con el titular o a cuota de poder del grupo que les impulsa.
Cuando esa es la base para disidir quien o quienes ocuparan un cargo en un gabinete, toda tarea que se encomiende al miembro de gabinete no está ni siquiera mínimamente asegurada o garantizada. El desorden, desastre y la ineficiencia imperan.
Aunque esta ineptitud es injustificable e imperdonable, es de menor envergadura en el daño que aquel que perpetra aquel político con experiencia que decide copar su gabinete de personas recomendadas por los grupos políticos, olvidando la experiencia y el conocimiento que se requiere para el cargo. De ahí a obtener pésimos resultados sólo falta un ápice.
Pero que un político que suponemos experimentado recurra a sus enemigos y adversarios para creerles sus amigos y designarles miembros de su gabinete, es el acabose. Más tarde que temprano perderá el poder; se lo arrebataran al entrar en alianzas y componendas sus adversarios empoderados.
El principio, y obligación, de la buena Administración pública, vincula la forma en que se deben dirigir las instituciones públicas en una democracia avanzada. Dirigir en el marco de la buena Administración pública supone asumir con radicalidad que la Administración pública existe y se justifica, en la medida en que sirve objetivamente al interés general. Si no, no sirve.
