Lilia, junto con Natalia León Pérez acudieron ayer al Comité de Derechos Humanos a pedir apoyo para impedir que las alrededor de 40 familias, que afirman, quedan en las secciones tercera y segunda de Medellin y Pigua sean desalojadas con violencia
“No me voy a salir hasta que por lo menos me paguen lo que cuesta mi casa, para poder levantar otra como la que he construido con más de 20 años de esfuerzo”, sostiene, Lilia Reyes García, jefa de una de las pocas familias que todavía se resisten al desalojo en Medellín y Pigua.
Lilia, junto con Natalia León Pérez acudieron ayer al Comité de Derechos Humanos a pedir apoyo para impedir que las alrededor de 40 familias, que afirman, quedan en las secciones tercera y segunda de Medellin y Pigua sean desalojadas con violencia y las envíen a los albergues o al fraccionamiento Bicentenario.
Son dos de los cientos de familias, la mayoría humildes, que están siendo desalojadas de sus viviendas de las colonias periféricas de Villahermosa -Samarkanda, Medellín y Pigua, ranchería Miguel Hidalgo- para abrir los canales de alivio que impidan la inundación del centro político, comercial y financiero de la capital del estado.
Lilia es madre soltera, sostiene a una hija con un padecimiento mental y a los tres pequeños de esta, con un negocio de comida instalado cerca de su casa y del que vive también su hijo con su propia familia.
Ella y Natalia se niegan a aceptar que les cambien las viviendas que han construido a lo largo de toda su vida, por “un cuarto, una celda” como llaman las casa que ha construido el gobierno del estado para reubicar a familias desalojadas por vivir en zonas de riesgo y ahora por la apertura de canales de alivio.
Hasta hace menos de un mes, la vida de las dos mujeres y sus familias, transcurría de manera normal, en Medellín y Pigua segunda sección nunca se han ido al agua, pero hace alrededor de 15 días, según Natalia León, los vecinos corrieron la voz de que la policía estaba desalojando con lujo de fuerza, a una pareja de ancianos.
No hubo aviso previo, dijo, les sacaron sus cosas a la calle y ya una máquina estaba en el lugar, cuando sacaron a la familia, la señora, el señor y una hija, comenzaron a derrumbar la casa, ahí quedaron tirados sus camas, su refrigerador los tanques de agua, la lavadora.
Supuestamente los llevaron al fraccionamiento Bicentenario por la carretera de Teapa, desde entonces los desalojos ya no son con violencia, dice Natalia, un grupo de empleados de Invitab recorre las casa, y ya sea por convencimiento o miedo, la mayoría de las familias han abandonado sus casas.La mayoría de las viviendas han comenzado a ser destruidas, lo que significa que no habrá retorno, solo perros, gatos, pollos deambulan por el lugar porque no le permiten a nadie llevar a sus animales, expresa desalentada.
A las alrededor de 44 familias que quedamos en la segunda y tercera secciones de Medellin y Pigua, el domingo pasado nos avisaron que debíamos desalojar, que sacáramos nuestras cosas, que nos llevarían a un albergue, porque nos íbamos a inundar.Obviamente que si nos llevan a un albergue no nos van a regresar a nuestras casas, nos llevaran a las viviendas que están dando en el fraccionamiento Bicentenario, cuyos alrededores, por cierto están siendo protegidos por un muro de costales de arena, de alrededor de 1.50 y a lo largo de 40 metros, porque atrás hay un río, aseguró mostrando una fotografía que lo demuestra.
Lo que nosotras queremos es que nos paguen las casas que hemos construido, no es justo que nos hagan esto, porque no se trata solo de cambiar de casa, sino de iniciar una nueva vida, ver en qué vamos a trabajar, en donde inscribiremos a nuestros hijos, destinar dinero para pasajes.
Lilia, junto con Natalia León Pérez acudieron ayer al Comité de Derechos Humanos a pedir apoyo para impedir que las alrededor de 40 familias, que afirman, quedan en las secciones tercera y segunda de Medellin y Pigua sean desalojadas con violencia y las envíen a los albergues o al fraccionamiento Bicentenario.
Son dos de los cientos de familias, la mayoría humildes, que están siendo desalojadas de sus viviendas de las colonias periféricas de Villahermosa -Samarkanda, Medellín y Pigua, ranchería Miguel Hidalgo- para abrir los canales de alivio que impidan la inundación del centro político, comercial y financiero de la capital del estado.
Lilia es madre soltera, sostiene a una hija con un padecimiento mental y a los tres pequeños de esta, con un negocio de comida instalado cerca de su casa y del que vive también su hijo con su propia familia.
Ella y Natalia se niegan a aceptar que les cambien las viviendas que han construido a lo largo de toda su vida, por “un cuarto, una celda” como llaman las casa que ha construido el gobierno del estado para reubicar a familias desalojadas por vivir en zonas de riesgo y ahora por la apertura de canales de alivio.
Hasta hace menos de un mes, la vida de las dos mujeres y sus familias, transcurría de manera normal, en Medellín y Pigua segunda sección nunca se han ido al agua, pero hace alrededor de 15 días, según Natalia León, los vecinos corrieron la voz de que la policía estaba desalojando con lujo de fuerza, a una pareja de ancianos.
No hubo aviso previo, dijo, les sacaron sus cosas a la calle y ya una máquina estaba en el lugar, cuando sacaron a la familia, la señora, el señor y una hija, comenzaron a derrumbar la casa, ahí quedaron tirados sus camas, su refrigerador los tanques de agua, la lavadora.
Supuestamente los llevaron al fraccionamiento Bicentenario por la carretera de Teapa, desde entonces los desalojos ya no son con violencia, dice Natalia, un grupo de empleados de Invitab recorre las casa, y ya sea por convencimiento o miedo, la mayoría de las familias han abandonado sus casas.La mayoría de las viviendas han comenzado a ser destruidas, lo que significa que no habrá retorno, solo perros, gatos, pollos deambulan por el lugar porque no le permiten a nadie llevar a sus animales, expresa desalentada.
A las alrededor de 44 familias que quedamos en la segunda y tercera secciones de Medellin y Pigua, el domingo pasado nos avisaron que debíamos desalojar, que sacáramos nuestras cosas, que nos llevarían a un albergue, porque nos íbamos a inundar.Obviamente que si nos llevan a un albergue no nos van a regresar a nuestras casas, nos llevaran a las viviendas que están dando en el fraccionamiento Bicentenario, cuyos alrededores, por cierto están siendo protegidos por un muro de costales de arena, de alrededor de 1.50 y a lo largo de 40 metros, porque atrás hay un río, aseguró mostrando una fotografía que lo demuestra.
Lo que nosotras queremos es que nos paguen las casas que hemos construido, no es justo que nos hagan esto, porque no se trata solo de cambiar de casa, sino de iniciar una nueva vida, ver en qué vamos a trabajar, en donde inscribiremos a nuestros hijos, destinar dinero para pasajes.
