FUERO Y FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS
Para dejar constancia de que están a favor de una cultura de la legalidad, que destierre de una vez y para siempre la impunidad y la corrupción, pero sobre todo que abone a la confianza ciudadana y dé certeza de que los recursos públicos se están manejando con transparencia, la Fracción Parlamentaria de MORENA en el Congreso local presentó sendas iniciativas para eliminar el fuero y reducir el financiamiento público de los partidos políticos.
En la primera sesión de trabajo en sí de la LXIII Legislatura, la presidenta de la JUCOPO, Beatriz Milland Pérez, fue la primera en subir a tribuna y lo hizo para proponer una iniciativa para eliminar el fuero, que de fondo busca erradicar los privilegios, la impunidad y la cultura de la ilegalidad, pero sobre todo, de despojar de todo obstáculo procedimental y colocar a los funcionarios públicos en un plano de igualdad frente a los ciudadanos. La diputada expresó, con énfasis, que el propósito es fortalecer las garantías de igualdad, legalidad y seguridad jurídica, así como las de objetividad, no discriminación, pero también suprimir privilegios y acotar el poder discrecional con el que han actuado los funcionarios públicos, demostrando con ello que en su partido van muy en serio la pulcritud, transparencia y rectitud de su actuar ante los ojos de la sociedad.
Su compañera de bancada, la legisladora María Félix García Álvarez, propuso reducir en 50 por ciento el financiamiento público de los partidos políticos, a fin de destinar los ahorros a sectores como el educativo y de salud, así como al combate a la pobreza. Con esto, los diputados pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional entraron al Congreso como aquella canción del español Alejandro Sanz, “pisando fuerte”, dejando en claro que toman con total determinación esos temas que de concretarse, abonarían a la credibilidad y confianza ciudadana.
Es innegable decir que la corrupción también cunde en nuestro sistema electoral y en los millones de pesos de financiamiento público recibido por los partidos políticos. Es decir, este tema de la reducción de las prerrogativas no se trata sólo de un asunto de austeridad, sino de una reforma mucho más profunda, ya que el modelo institucional de la democracia mexicana, del sistema electoral y de los partidos se encuentra muy cuestionado por la sociedad. De esa amanera, se estima que de aprobarse la estrategia a nivel nacional ya presentada por MORENA, en 2019 la Federación, en vez de aportar a los partidos políticos alrededor de cuatro mil 714 millones de pesos por concepto de actividades ordinarias permanentes, solamente erogaría cerca de dos mil 357 millones de pesos, mientras que a nivel estatal, pasaría de 88 millones de pesos a 45 millones de pesos.
Por eso, es importante mencionar que el financiamiento público a partidos políticos resulta oneroso en momentos en que la sociedad entera discute sobre la necesidad de reducir gastos innecesarios, a fin de no afectar el desarrollo económico.
No obstante, también es necesario decir que los riesgos de cancelar el financiamiento público a los partidos es que se tendería a «privatizar» la política y los partidos responderían a intereses fácticos legales o ilegales. Por ello, el planteamiento de MORENA es reducir las prerrogativas partidistas a la mitad, pues en concordancia con destacados politólogos, al eliminar el total del financiamiento público, aumentaría el uso de dinero ilícito en las campañas y se podrían incentivar actos de corrupción entre partidos y privados.
Es decir, al desaparecer las prerrogativas, los partidos tendrían que buscar financiamiento privado bajo condiciones y compromisos inciertos que pudieran abrir las puertas al crimen organizado, que aprovecharía para lavar dinero y posteriormente cobrar los favores. De tal manera, la modalidad de reducir el financiamiento a la mitad garantiza que los partidos políticos tengan posibilidad de maniobra, pues evitaría que tengan acreedores a quienes pagarles favores una vez que asuman el poder.
BUSCAPIES
Esta sí que es una verdadera propuesta que impulsaría a sectores del desarrollo, no como las ocurrencias de quien, a manera de oportunismo político y de ser “gana gracias”, ha acumulado bienes mal habidos, que son los que deberían reintegrarse al erario y con ello ayudar a quien le dio la confianza de acompañarlo seis años.