Invalida la SCJN reforma a Ley de Obras Públicas aprobado por Morena en 2018

VILLAHERMOSA, TABASCO. Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las reformas a la ley de Obras Públicas de Tabasco, aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso del Estado en octubre de 2018, para excluir de licitaciones públicas obras de proyectos estratégicos que detonaran el crecimiento y la generación de empleos en la entidad, principalmente en materia energética y que estuvieran relacionadas con la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso.
Lo que la Corte anuló fueron las reformas a las fracciones IV, XI y XII del artículo 45 y el párrafo primero del 46.
En un comunicado, la SCJN expresó que “invalidó diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del estado de Tabasco, las cuales establecían nuevos supuestos de excepción a las licitaciones públicas, tratándose de contrataciones necesarias para la realización de proyectos estratégicos que detonen el empleo, mejoren la infraestructura, impulsen el desarrollo económico del estado o que hubieran sido convenidas con la federación o las empresas productivas del Estado en materia energética, entre otros casos”.
Los magistrados del llamado máximo tribunal del país consideraron que las reformas para no licitar ese tipo de proyectos violan el artículo 134 de la Constitución federal, que establece que son necesarias las licitaciones públicas para garantizar la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
De acuerdo a la resolución de la Corte, manifestada en el comunicado, las reformas se prestaban a una “amplia discrecionalidad e impedía garantizar” esos principios.
Según un diario de circulación nacional, el ministro Jorge Pardo dijo que excluir de la licitación esos proyectos “se trata de un concepto indeterminado que se presta a la amplia discrecionalidad”.
Ese mismo medio informó que donde la Corte no alcanzó mayoría de ocho votos es para invalidar excepción a las licitaciones en las contrataciones estatales de seguridad pública, procuración de justicia y reinserción social.
Fue a inicios de octubre de 2018 cuando el Congreso del Estado, donde Morena es mayoría, aprobó esas reformas. La iniciativa fue presentada por la diputada Nelly Vargas Pérez.
Entre los organismos que presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte están la Procuraduría General de la República (PGR), actual fiscalía (FGR), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).