• La Verdad del Sureste |
  • Jueves 18 de Diciembre de 2025

Jueza frena concurso mercantil de petrolera ligada a Grupo Salinas

El rechazo judicial deja a Typhoon Offshore sin protección legal frente a acreedores y reaviva riesgos para trabajadores y proveedores.

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Redacción


Revés judicial para Ricardo Salinas Pliego, jueza desecha concurso mercantil de Typhoon Offshore. (Foto tomada de facebook) Revés judicial para Ricardo Salinas Pliego, jueza desecha concurso mercantil de Typhoon Offshore. (Foto tomada de facebook)

La estrategia legal de Typhoon Offshore SAPI, el brazo de servicios petroleros del Grupo Salinas, ha sufrido un tropiezo crítico. La justicia federal rechazó la solicitud de la empresa para acogerse al concurso mercantil, la figura jurídica diseñada para compañías en estado de insolvencia que buscan reestructurar sus deudas y evitar la quiebra inminente.

El fallo técnico: Puerta cerrada en el Juzgado Segundo

La jueza Ruth Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Concursos Mercantiles, determinó desechar la demanda de concurso mercantil voluntario (expediente 18874/2025). El recurso había sido interpuesto por la representación legal de la compañía apenas el pasado 12 de diciembre.

Aunque la notificación ya es oficial, los argumentos técnicos detrás de la resolución aún no han sido revelados al público. No obstante, el desechamiento inicial suele ocurrir cuando la solicitud presenta errores de forma, falta de documentación financiera probatoria o no cumple con los criterios de liquidez que establece la ley para abrir el periodo de conciliación.

¿Qué pierde Typhoon con este rechazo?

El concurso mercantil no es solo un trámite; es un blindaje legal de vital importancia para una empresa en crisis. Al desecharse la demanda, Typhoon Offshore queda desprotegida ante sus acreedores en los siguientes rubros:

  • Suspensión de pagos: La empresa no puede congelar legalmente el cobro de sus deudas.
  • Freno a embargos: Los acreedores mantienen la facultad de ejecutar garantías y embargar activos para recuperar su capital.
  • Negociación supervisada: Se pierde la oportunidad de negociar bajo la mediación de un conciliador del IFECOM (Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles).

El origen de la debacle: El factor Pemex

La crisis de Typhoon Offshore no es reciente, pero se agudizó dramáticamente en octubre de este año. La compañía, que comparte domicilio fiscal con TV Azteca, reportó el cese total de sus operaciones tras acumular 16 meses sin recibir pagos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“El rechazo deja a la empresa sin el blindaje que frena embargos y suspende pagos”.

Esta parálisis en el flujo de efectivo generó un pasivo estimado en 960 millones de dólares. Sin transparencia en sus estados financieros actuales, esta cifra representa el núcleo del conflicto y la razón por la cual la empresa buscó la protección del tribunal de manera urgente.

Un nuevo frente en el Grupo Salinas

Este revés judicial no ocurre en el vacío. Se suma a una compleja red de desafíos legales que enfrenta el empresario Ricardo Salinas Pliego, entre los que destacan:

  1. Conflictos fiscales: Litigios millonarios con el SAT en México.
  2. Presión en el extranjero: Demandas de tenedores de bonos en Estados Unidos contra TV Azteca.
  3. Inestabilidad operativa: El colapso del flujo en el sector energético que ahora afecta a su división petrolera.

Escenarios futuros

A pesar del rechazo, la batalla legal no ha terminado. Typhoon Offshore cuenta con dos caminos inmediatos:

  • Apelar la resolución: Intentar que un tribunal de alzada revoque la decisión de la jueza Huerta García.
  • Reingreso de la demanda: Corregir las omisiones o errores señalados y volver a presentar la solicitud para intentar, por segunda vez, obtener el resguardo judicial.

Por ahora, el mensaje del Poder Judicial es contundente: el acceso al salvavidas del concurso mercantil no será automático ni sencillo para el consorcio petrolero del magnate mexicano.

#TomaNota
Qué cambia tras el fallo:

  • No hay suspensión legal de pagos.
  • Acreedores pueden embargar activos.
  • Se pierde la negociación con mediación del IFECOM.
  • Aumenta el riesgo para proveedores y empleos asociados.