LA JUSTICIA PENAL QUE TENEMOS Y LA QUE QUEREMOS

Estamos muy lejos de tener un sistema de justicia penal digno de ese nombre. Las razones son varias. principalmente: no creemos, como sociedad, en los valores y principios que rigen la justicia penal de una democracia; creemos que la presunción de inocencia, el derecho del acusado a ser asistido por su defensor desde la fase de investigación, el derecho a no ser incomunicado por la Policía o el derecho a un juez sin ideas preconcebidas sobre el acusado son “meros formalismos legales”; la eficacia de esos derechos y del sistema de justicia no se valora privilegiadamente (aunque se sepa que son el único vehículo posible para tener un sistema de justicia confiable, potente, al servicio de los ciudadanos y capaz de generar credibilidad social en la ley y las instituciones).
    Debatimos sobre el olvido de “los derechos de las víctimas” cuando un delincuente es liberado por haber sido torturado o detenido ilegalmente. Pareciera dilema insalvable: si el juez garantiza la eficacia del debido proceso y del derecho de la acusada a un juicio justo, entonces deja desprotegidas a las víctimas; o en sentido inverso, para que las víctimas queden “protegidas”, el juez debe permitir que Policías y ministerios públicos violen los derechos constitucionales de la parte acusada.
    Detrás de esta discusión entre los derechos del acusado y los de las víctimas se esconde la idea, popularizada en la sociedad mexicana, de que, tratándose del enjuiciamiento penal, tenemos que admitir, casi inevitablemente, altas dosis de arbitrariedad por parte de MP y Policías. Lo que cuenta es que los “delincuentes” sean atrapados a cualquier precio. La calidad de la justicia importa poco. Las violaciones a los derechos del acusado importan menos. Lo único realmente relevante es que los “delincuentes” (como quiera que definamos quiénes son) “reciban el castigo que se merecen”.
    Es el concepto paradigmático de la justicia penal como venganza social ya esbozado hace más de siglo y medio por la tercia de penalistas más famosos del mundo, los italianos Ferrara, Ferri y Lombroso.
    La distorsión de los roles, bajo este paradigma, es preocupante. En el sistema de justicia penal, quien defiende, representa y protege a la víctima es el MP. A los jueces les toca otro papel: controlar la arbitrariedad de la actuación de MP y Policías, tanto hacia la víctima, como hacia el acusado, asegurarse de la calidad del proceso y actuar como árbitros imparciales frente las partes.
    Si el juez no obra bajo esa consigna, todo el aparato se derrumba y se torna ineficiente e injusto.
    Al juez le toca asegurarse de que los principios centrales que hacen creíble y confiable la justicia penal se cumplan. Entre estos principios básicos se encuentran los que obligan a la Policía y al MP a actuar conforme a la Constitución y las leyes.
    Después de muchos años de estudiar cómo funciona nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, colijo que su arbitrariedad y su ineficacia están fuertemente asociadas. Hoy el MP puede armar una acusación fabricando evidencia y coaccionando a testigos y acusados y, de cualquier modo, va a ganar el juicio y obtener una sentencia condenatoria. ¿Por qué habría de hacer distinto su trabajo? El asunto es que quiera hacerlo, pues ya se llega al extremo que no quiera actuar ni indagar.
    Y con el “nuevo” sistema penal, el badajo del péndulo se ubicó en el otro extremo. La impunidad total del delincuente so pretexto de la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad de las partes en el juicio y… los derechos humanos 8que para todo son llamados a colación).
    La otra cara de la moneda de las prácticas autoritarias es que, al igual que violan los derechos del detenido, el MP y la policía pueden perfectamente asociarse con los presuntos responsables para que, a cambio de dinero, la averiguación previa o la carpeta de investigación queden en el olvido y la víctima completamente desprotegida. Permitir que Policías y MP operen violando la Constitución y las leyes es lo que hace que estas autoridades puedan fabricar culpables o vender impunidad. El sistema como tal deja desprotegidos a todos, a víctimas y acusados.
    Súmele usted a éste panorama, la necia idea de que todo conflicto se trate de solucionar por vías alternativas-llámese el conflicto violación, secuestro u homicidio- en la búsqueda de la reparación del daño, para evitar que se saturen los juzgados penales de expedientes y las cárceles de delincuentes, de tal manera que el Estado mexicano no pague ese servicio al que ésta obligado. Parte esencial del Estado moderno es el ius puniendi.
    El único camino posible para comenzar a resolver la enorme debilidad de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia es rompiendo de raíz los asideros del modelo de persecución criminal autoritario. No conozco un sistema de justicia penal potente y confiable en el mundo en donde determinadas violaciones a los derechos del acusado no tengan como consecuencia una sentencia absolutoria. Gracias a que esas violaciones tienen costos para el MP, ello deja de ocurrir y las instituciones de persecución criminal comienzan a desarrollar verdaderas capacidades investigativas y de litigio.
    El dilema es qué tipo de sistema de justicia penal queremos: el que tenemos o uno profesional, creíble y honesto en donde cada una de las partes -juez, MP y defensa- desempeñen el papel que les corresponde, con sujeción irrestricta a la ley y al Estado de Derecho. La disyuntiva es: la justicia penal que tenemos o la que queremos ya la que aspiramos.