¿Y a mí qué?

Cada año, cuando llega el momento de discutir el presupuesto público, aparecen cifras tan grandes que terminan diciendo muy poco a buena parte de la población. Billones de pesos, porcentajes del PIB, déficit, ingresos tributarios y gasto programable forman parte de una conversación que parece reservada para economistas y especialistas. Sin embargo, detrás de esas cifras existe una cuestión mucho más cercana: qué pretende hacer el gobierno con el dinero público y qué resultados espera obtener.

El Gobierno federal presentó al Congreso el Paquete Económico para 2027. El proyecto propone incrementos reales respecto de 2026 de 10.7 por ciento en educación, 11.3 por ciento en salud, 13 por ciento en ciencia y 11.5 por ciento en seguridad. Hacienda estima además ingresos públicos por alrededor de 10.6 billones de pesos y plantea que los ingresos tributarios alcancen 15.9 por ciento del PIB. Son proyecciones y propuestas que todavía deberán pasar por la discusión legislativa, pero permiten conocer hacia dónde pretende dirigir sus prioridades el gobierno.

La discusión suele concentrarse en cuánto ganó o perdió cada sector. Si una dependencia recibe más recursos, se presenta como una buena noticia; si recibe menos, inmediatamente se habla de recorte. El problema es que ninguna de esas conclusiones puede sostenerse únicamente observando el monto. El presupuesto permite financiar las políticas públicas, pero no garantiza sus resultados.

Esta diferencia no es nueva para la administración pública mexicana. Desde hace años existen instrumentos como el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. También está la Matriz de Indicadores para Resultados, conocida como MIR, que busca relacionar los objetivos de los programas públicos con indicadores que permitan conocer su avance. Dicho de manera sencilla: el gobierno no solamente debería saber cuánto dinero entrega a un programa, sino qué pretende conseguir con él y cómo va a medirlo.

Por eso, frente al Paquete Económico 2027, hay una pregunta que resulta más interesante que conocer únicamente cuánto aumentará determinado presupuesto: ¿qué ocurrió con los recursos ejercidos anteriormente y cuánto influyeron esos resultados al momento de decidir las nuevas asignaciones?

Una evaluación favorable puede aportar razones para fortalecer un programa, pero una evaluación desfavorable tampoco significa automáticamente que deba recibir menos dinero o desaparecer. El problema puede estar en su diseño, operación, cobertura, población objetivo o incluso en la insuficiencia de recursos. Evaluar no significa premiar o castigar mecánicamente; significa contar con evidencia para decidir mejor.

Aquí aparece un problema menos visible: la inercia presupuestaria. Una parte del gasto público está condicionada por obligaciones legales, compromisos previamente adquiridos, estructuras administrativas y programas que continúan de un ejercicio a otro. Por eso una evaluación negativa no se traduce automáticamente en una reducción de recursos, de la misma manera que una positiva tampoco garantiza un incremento. La evaluación es un insumo para decidir, no una fórmula automática para repartir dinero. La pregunta relevante es cuánto influye realmente esa evidencia cuando se construye el presupuesto siguiente.

Hace unos días, al analizar los resultados de PISA 2025, señalábamos que aproximadamente siete de cada diez estudiantes mexicanos evaluados quedaron por debajo del nivel básico en matemáticas. Ahora el proyecto presupuestal propone mayores recursos para educación. En salud y seguridad ocurre algo semejante: conocer cuánto aumentará el gasto es relevante, pero la evaluación comienza cuando preguntamos qué problema pretende atender ese incremento y mediante qué indicadores podremos conocer después sus resultados. Más dinero puede ampliar capacidades; lo que no puede hacer, por sí solo, es demostrar que una política funcionó.

Tampoco sería razonable exigir una relación automática entre cada peso gastado y un resultado específico. Los problemas públicos dependen de múltiples factores. El aprendizaje no depende exclusivamente del presupuesto educativo, la seguridad no depende solamente de la policía y las condiciones de salud de una población tampoco pueden explicarse únicamente por los recursos destinados al sector. Precisamente por esa complejidad existen indicadores y evaluaciones que permiten observar avances, identificar fallas y ajustar decisiones.

El presupuesto obliga, además, a elegir. Los recursos públicos son limitados frente al conjunto de necesidades que debe atender el Estado: pensiones, salud, educación, seguridad, infraestructura, programas sociales, deuda y transferencias a las entidades federativas, entre muchas otras. Destinar más dinero a una finalidad reduce el margen disponible para otras. Ese costo de oportunidad también debería formar parte de la discusión, porque prácticamente toda decisión presupuestaria implica establecer prioridades.

A ello se suma la situación de las finanzas públicas. Hacienda estima que para 2027 los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubiquen en 3.9 por ciento del PIB, como parte de una reducción gradual del déficit. Se trata de una previsión, no de un resultado consumado. Su cumplimiento dependerá del comportamiento de la economía, de los ingresos públicos y de la propia ejecución presupuestaria. Conviene, por tanto, distinguir entre lo que el paquete proyecta y lo que finalmente ocurra.

Además, lo presentado por el Ejecutivo todavía no constituye el presupuesto definitivo. Corresponde al Congreso analizar los ingresos y discutir el gasto para 2027. Esa etapa ofrece una oportunidad para elevar la calidad del debate: no limitarse a preguntar cuánto recibirá cada sector, sino revisar qué objetivos persigue, qué resultados anteriores presenta y mediante qué indicadores habrá de rendir cuentas.

Para la ciudadanía, revisar matrices, indicadores, evaluaciones y miles de páginas presupuestarias resulta complicado. Pero nadie tendría que estudiar una MIR o convertirse en especialista en presupuesto para saber si un programa público está funcionando. Las instituciones deben producir información técnica, pero también explicar de manera comprensible qué pretendían conseguir, qué consiguieron y cuánto costó hacerlo. La complejidad de una política pública puede justificar una respuesta compleja; no debería justificar una respuesta incomprensible.

Por eso la discusión sobre el Paquete Económico 2027 puede ser una oportunidad para cambiar la pregunta. En lugar de quedarnos únicamente con cuánto aumentó o disminuyó una partida, podríamos preguntar qué problema pretende resolver, qué consiguió anteriormente, qué espera conseguir ahora y cómo podremos comprobarlo después. El Estado mexicano ya dispone de instrumentos para intentar responder esas preguntas. El desafío no consiste solamente en medir, sino en saber cuánto pesan esas mediciones cuando llega el momento de volver a repartir el dinero.

Aquí termina el texto, pero empieza tu reflexión. El verdadero debate presupuestal no debería terminar preguntando cuánto recibió cada programa. Debería comenzar preguntando qué consiguió con lo que recibió antes. Porque si los resultados no influyen en la siguiente decisión presupuestaria, medirlos sirve para rendir informes, pero no necesariamente para gobernar mejor.