Los de abajo
Paraíso y el costo del silencio de Movimiento Ciudadano
La crisis política y administrativa que sacude al municipio de Paraíso ha dejado de ser un diferendo local para convertirse en un caso de profunda descomposición institucional. Las recientes declaraciones de la alcaldesa interina, María Eliza Hernández Flores, no solo revelan un estado de quiebra financiera y técnica en la demarcación, sino que ponen al descubierto la inviabilidad de sostener discursos de pulcritud gubernamental cuando los hechos demuestran el colapso de la gestión pública.
La obligada ausencia del alcalde con licencia, Alfonso Baca Sevilla, actualmente sustraído de la acción de la justicia tras el despliegue del Operativo Enjambre por parte de las autoridades federales, sitúa al municipio en una parálisis que exige algo más que evasivas partidistas.
El escenario se ha tornado aún más complejo tras confirmarse la intervención de los órganos de fiscalización. El titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), Juan José Peralta Fócil, ha corroborado formalmente que la institución mantiene comunicación estrecha con la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tabasco.
El compromiso del órgano fiscalizador es contundente: una vez concluido el proceso formal de calificación de la cuenta pública en el Congreso estatal, se entregará de manera irrestricta toda la documentación financiera de la gestión de Baca Sevilla a la autoridad federal para robustecer las indagatorias en curso.
Esta colaboración institucional no solo formaliza la gravedad de las imputaciones, sino que cierra el margen de maniobra para cualquier intento de defensa basada puramente en la retórica de la persecución política.
Ante este panorama, la postura adoptada por la dirigencia de Movimiento Ciudadano resulta insostenible. El partido que a nivel nacional se promueve como la alternativa de la "nueva política" queda sumamente mal parado ante la opinión pública.
El contraste entre sus postulados éticos y la realidad de tener a uno de sus alcaldes prófugo, investigado por delitos de competencia federal, quiebra la columna vertebral de su narrativa. El repliegue táctico y el silencio sepulcral que sus dirigentes han decidido mantener evidencian un burdo intento de control de daños.
Es claro el cálculo: aislar el escándalo y forzar el olvido colectivo con la mirada puesta exclusivamente en el proceso electoral de 2027.
Sin embargo, pretender que el costo político de una administración en ruinas y un edil en fuga se diluya con el paso de los meses es subestimar la memoria de la ciudadanía. La población de Paraíso padece hoy en el día a día —en la precariedad de los servicios básicos y en la incertidumbre presupuestal— las consecuencias directas del quebranto financiero denunciado por la alcaldesa interina.
Las comunidades recuerdan con precisión las promesas de cambio; el pragmatismo electoral difícilmente podrá sepultar las órdenes de aprehensión ni la entrega de cuentas públicas al escrutinio judicial federal.
La complicidad por omisión y el intento de congelar el tema para proteger una marca partidista suelen pasar factura en las urnas. La ciudadanía tiene memoria, y en el devenir democrático del estado, tarde o temprano se encargará de recordarles que la coherencia entre lo que se dice en campaña y lo que se hace en el gobierno es la única vía legítima para conservar la confianza pública. El silencio de hoy será, de manera inevitable, el reclamo del mañana.
