El martes pasado, reporteros de la fuente le preguntaron al presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Bracamontes Hernández, si es necesario que el gobierno federal aplique un operativo similar al que se realizó el fin de semana pasado en el Estado de México, para detener a alcaldes y directores de Seguridad Pública de gobiernos municipales por sus vínculos con la delincuencia organizada.
A juicio del también coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local, una acción similar en territorio tabasqueño la vería con buenos ojos, sería bienvenida, si con ello se logra pacificar el estado, tan convulso en las últimas semanas por la rivalidad existente entre delincuentes.
La “operación enjambre” fue ejecutada, el viernes pasado, por fuerzas federales y la Fiscalía General del Edomex para detener arrestar a gobernantes y mandos policiacos que mantenían relaciones de complicidad con la organización criminal la Nueva Familia Michoacana.
Arrestaron a la alcaldesa y al director de Seguridad Pública de Amanalco, al esposo de la presidenta municipal de Tonatico, a mandos de Ixtapaluca, Naucalpan y Tejupilco; un oficial de Texcaltitlán prefirió suicidarse que ser capturado.
Todos ellos, constituían una red de servidores públicos corruptos del Estado de México, que permitían que el crimen organizado impusiera su ley en esos municipios, con el control tanto de los ayuntamientos como de las policías municipales.
A estas personas se les acusa de asesinatos, secuestros y extorsiones. En la mañanera del lunes, le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de este operativo implementado por el ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la fiscalía local.
“No habrá protección contra funcionarios coludidos con la delincuencia”, advirtió la mandataria durante la “mañanera del pueblo” en Palacio Nacional. Es un mensaje muy claro de que la corrupción política y sus vínculos con la delincuencia organizada no será tolerada., sino combatida con toda la fuerza del Estado.
Este arresto masivo de malos servidores públicos fue resultado de un intenso trabajo de inteligencia que duró meses. Esa labor de seguimiento es parte de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. No hay improvisación, sino acciones concretas, con todos los elementos y evidencias de esos vínculos de funcionarios del Edomex con la Nueva Familia Michoacana.
Por ello adquiere relevancia que en Tabasco se proceda del mismo modo que se hizo en el Estado de México, porque también hay evidencia y elementos de prueba en contra de quienes tuvieron a su cargo la seguridad en el estado.
MÁS QUE MOTIVOS
Ahí está el informe elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, región sureste, que describió los presuntos nexos con el crimen organizado del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena y sus mandos operativos, entre ellos, Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias “Tomasín” o el “licenciado”, Ulises Pinto Madera, Arturo Leyva Ávalos y José del Carmen Castillo, respectivamente, exdirector y excomisionado de la Policía Estatal.
Todos ellos fueron citados por la revisa Proceso en un reportaje que publicó en su portal digital el 5 de octubre de 2022, basado en documentos que el grupo de hackers denominado Guacamaya Leaks, sustrajo del servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esos expedientes de inteligencia fueron unos de los millones que robaron de los archivos de la Sedena.
No se trata de inventos o reportes de mala fe, sino un trabajo minucioso de inteligencia que el gabinete de seguridad implementó en el gobierno de López Obrador con la creación de los Cerfis en las cinco regiones del país.
En ese contexto se debe ver la reciente participación del titular de la SSPC, FGE y de la Comandancia de la 30 Zona Militar con el gabinete de seguridad, el martes pasado en la Ciudad de México.
Seguramente cuentan con más información sobre esas relaciones de complicidad existentes con el crimen organizado. Es un asunto delicado. Ya lo dijo la Presidenta, cada estado tiene su propia particularidad y, por lo tanto, la estrategia que se utilizará diferente a la de otras entidades consideradas focos rojos.
A juicio del también coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local, una acción similar en territorio tabasqueño la vería con buenos ojos, sería bienvenida, si con ello se logra pacificar el estado, tan convulso en las últimas semanas por la rivalidad existente entre delincuentes.
La “operación enjambre” fue ejecutada, el viernes pasado, por fuerzas federales y la Fiscalía General del Edomex para detener arrestar a gobernantes y mandos policiacos que mantenían relaciones de complicidad con la organización criminal la Nueva Familia Michoacana.
Arrestaron a la alcaldesa y al director de Seguridad Pública de Amanalco, al esposo de la presidenta municipal de Tonatico, a mandos de Ixtapaluca, Naucalpan y Tejupilco; un oficial de Texcaltitlán prefirió suicidarse que ser capturado.
Todos ellos, constituían una red de servidores públicos corruptos del Estado de México, que permitían que el crimen organizado impusiera su ley en esos municipios, con el control tanto de los ayuntamientos como de las policías municipales.
A estas personas se les acusa de asesinatos, secuestros y extorsiones. En la mañanera del lunes, le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de este operativo implementado por el ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la fiscalía local.
“No habrá protección contra funcionarios coludidos con la delincuencia”, advirtió la mandataria durante la “mañanera del pueblo” en Palacio Nacional. Es un mensaje muy claro de que la corrupción política y sus vínculos con la delincuencia organizada no será tolerada., sino combatida con toda la fuerza del Estado.
Este arresto masivo de malos servidores públicos fue resultado de un intenso trabajo de inteligencia que duró meses. Esa labor de seguimiento es parte de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. No hay improvisación, sino acciones concretas, con todos los elementos y evidencias de esos vínculos de funcionarios del Edomex con la Nueva Familia Michoacana.
Por ello adquiere relevancia que en Tabasco se proceda del mismo modo que se hizo en el Estado de México, porque también hay evidencia y elementos de prueba en contra de quienes tuvieron a su cargo la seguridad en el estado.
MÁS QUE MOTIVOS
Ahí está el informe elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, región sureste, que describió los presuntos nexos con el crimen organizado del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena y sus mandos operativos, entre ellos, Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias “Tomasín” o el “licenciado”, Ulises Pinto Madera, Arturo Leyva Ávalos y José del Carmen Castillo, respectivamente, exdirector y excomisionado de la Policía Estatal.
Todos ellos fueron citados por la revisa Proceso en un reportaje que publicó en su portal digital el 5 de octubre de 2022, basado en documentos que el grupo de hackers denominado Guacamaya Leaks, sustrajo del servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esos expedientes de inteligencia fueron unos de los millones que robaron de los archivos de la Sedena.
No se trata de inventos o reportes de mala fe, sino un trabajo minucioso de inteligencia que el gabinete de seguridad implementó en el gobierno de López Obrador con la creación de los Cerfis en las cinco regiones del país.
En ese contexto se debe ver la reciente participación del titular de la SSPC, FGE y de la Comandancia de la 30 Zona Militar con el gabinete de seguridad, el martes pasado en la Ciudad de México.
Seguramente cuentan con más información sobre esas relaciones de complicidad existentes con el crimen organizado. Es un asunto delicado. Ya lo dijo la Presidenta, cada estado tiene su propia particularidad y, por lo tanto, la estrategia que se utilizará diferente a la de otras entidades consideradas focos rojos.
