La Cámara de Diputados tendrá 180 días para aprobar la iniciativa de reforma al Poder Judicial del Estado enviada el jueves por el gobernador Javier May Rodríguez, para estar a tono con los cambios constitucionales aprobados por el Congreso de la Unión a nivel federal.
| Es necesaria esta modificación constitucional porque el Tribunal Superior de Justicia del Estado era todo menos un instrumento para impartir justicia en Tabasco.
Se colocaba en esa importante posición a incondicionales del gobernador en turno, políticos y abogados, que basaban su actuación en función de intereses políticos o económicos.
Nunca impartían justicia a favor del pueblo. A nombre del Poder Judicial se cometieron una serie de atropellos e injusticias. Corrompieron la justicia y mandaron a la cárcel a inocentes y protegieron a verdaderos ladrones.
Es un símil del Poder Judicial de la Federación. Jueces y magistrados han actuado por consigna o porque vendían la impartición de justicia al mejor postor. Esos vicios y las corruptelas anquilosaron al TSJ. La convirtieron en una entelequia.
Tenemos los casos más emblemáticos de mala impartición de justicia con el finado Javier López y Conde (cuyo heredero es ahora ¡presudente de los notarios!) o Rodolfo Campos Montejo.
El actual abogado general de la UJAT ocupó el TSJ en el gobierno corrupto de Andrés Granier Melo.
Cuando era titular del Poder Judicial del Estado, utilizó recursos económicos y materiales para promoverse como aspirante a rector de la UJAT.
Eso fue denunciado por Sergio Antonio Reyes, integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños, en las páginas de La Verdad del Sureste.
El abogado presentó una denuncia penal en su contra por los presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido de la función pública y coalición de funciones ante la agencia ministerial primera para delitos comunes de la entonces Procuraduría General de Justicia.
La querella, dijo en su momento Sergio Antonio Reyes, “tiene el propósito de corregir el procedimiento de selección de la terna para la elección del próximo rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, excluyendo al doctor Rodolfo Campos Montejo”.
Obviamente, la denuncia penal no prosperó, fue desechada. No se podía esperar otra cosa siendo juez y parte y además en el gobierno granierista la justicia no era ni pronta, ni justa ni expedita. Le dieron carpetazo al asunto.
En aquella ocasión que contendió por la rectoría de la UJAT sólo pidió una licencia temporal para buscar ese cargo, pero siguió usando los recursos del TSJ. Reyes consideró que eso se trataba de “un delito” y reflejaba en Campos Montejo “una conducta antiética, al tratar de amoldar la ley a sus circunstancias personales y obtener ventaja, sobre los otros candidatos que se encuentran en la terna”.
Además, permitió que el pleno del TSJ del estado violara la ley al concederle una licencia temporal cuando en ese tiempo era facultad del Congreso del Estado otorgársela, pero como se vivía en el reino de la simulación y la impunidad nada pasó.
Finalmente no logró ser rector y difícilmente llegará a serlo.
Y así como Campos Montejo hubo otros presidentes del tribunal que actuaron igual o peor, colocados en el Poder Judicial sin más méritos que ser amigo del gobernador en turno.
DUDAS Y
SECUESTROS
El caso de corrupción judicial más reciente fue cuando la plataforma de entretenimiento Netflix difundió el 23 de noviembre de 2021 el documental “Duda Razonable: Historia de dos secuestros” que puso al descubierto la podredumbre del Poder Judicial que se prestó a las triquiñuelas de la Fiscalía General del Estado que fabricó culpables de dos secuestros en 2015 y que condenaron a cinco inocentes de un delito que no habían cometido.
El fiscal era Fernando Valenzuela Pernas y enfrentaba por ese tiempo las presiones por las altas cifras de secuestros que se registraban en el estado, y al responsable de combatir los delitos de alto impacto se le ocurrió agarrar chivos expiatorios para decir que estaban haciendo bien su trabajo.
En el 2015 el titular del TSJ era Jorge Priego Solís. Jueces y magistrados se prestaron a esa perversidad y condenaron a 50 años de prisión a inocentes. Gracias a ese documental se supo toda la trama ilegal que utilizaron fiscales y jueces de oralidad encargados del caso para mantenerlos en prisión.
Este hecho causó indignación y el clamor social obligó a la SCNJ atraer el caso para corregir esa injusticia.
El presidente del TSJ, Enrique Priego Oropeza, prometió actuar en contra de quienes actuaron arbitrariamente en este caso y se hizo el tío Lolo.
Parte de esas injusticias se cometieron en su periodo y aun así no hizo nada.
Nadie ha pagado por ese daño irreparable que le hicieron a quienes sin tener ninguna culpa estuvieron varios años en la cárcel sin deberla ni temerla. Hubo impunidad.
Eso es lo que se busca cambiar con la reforma el Poder Judicial del Ejecutivo estatal.
Que sea un tribunal que realmente imparta justicia pronta y expedita, y que los jueces y magistrados sean electos para que nunca más haya corruptos como los que enviaron a la cárcel a inocentes.
| Es necesaria esta modificación constitucional porque el Tribunal Superior de Justicia del Estado era todo menos un instrumento para impartir justicia en Tabasco.
Se colocaba en esa importante posición a incondicionales del gobernador en turno, políticos y abogados, que basaban su actuación en función de intereses políticos o económicos.
Nunca impartían justicia a favor del pueblo. A nombre del Poder Judicial se cometieron una serie de atropellos e injusticias. Corrompieron la justicia y mandaron a la cárcel a inocentes y protegieron a verdaderos ladrones.
Es un símil del Poder Judicial de la Federación. Jueces y magistrados han actuado por consigna o porque vendían la impartición de justicia al mejor postor. Esos vicios y las corruptelas anquilosaron al TSJ. La convirtieron en una entelequia.
Tenemos los casos más emblemáticos de mala impartición de justicia con el finado Javier López y Conde (cuyo heredero es ahora ¡presudente de los notarios!) o Rodolfo Campos Montejo.
El actual abogado general de la UJAT ocupó el TSJ en el gobierno corrupto de Andrés Granier Melo.
Cuando era titular del Poder Judicial del Estado, utilizó recursos económicos y materiales para promoverse como aspirante a rector de la UJAT.
Eso fue denunciado por Sergio Antonio Reyes, integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños, en las páginas de La Verdad del Sureste.
El abogado presentó una denuncia penal en su contra por los presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido de la función pública y coalición de funciones ante la agencia ministerial primera para delitos comunes de la entonces Procuraduría General de Justicia.
La querella, dijo en su momento Sergio Antonio Reyes, “tiene el propósito de corregir el procedimiento de selección de la terna para la elección del próximo rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, excluyendo al doctor Rodolfo Campos Montejo”.
Obviamente, la denuncia penal no prosperó, fue desechada. No se podía esperar otra cosa siendo juez y parte y además en el gobierno granierista la justicia no era ni pronta, ni justa ni expedita. Le dieron carpetazo al asunto.
En aquella ocasión que contendió por la rectoría de la UJAT sólo pidió una licencia temporal para buscar ese cargo, pero siguió usando los recursos del TSJ. Reyes consideró que eso se trataba de “un delito” y reflejaba en Campos Montejo “una conducta antiética, al tratar de amoldar la ley a sus circunstancias personales y obtener ventaja, sobre los otros candidatos que se encuentran en la terna”.
Además, permitió que el pleno del TSJ del estado violara la ley al concederle una licencia temporal cuando en ese tiempo era facultad del Congreso del Estado otorgársela, pero como se vivía en el reino de la simulación y la impunidad nada pasó.
Finalmente no logró ser rector y difícilmente llegará a serlo.
Y así como Campos Montejo hubo otros presidentes del tribunal que actuaron igual o peor, colocados en el Poder Judicial sin más méritos que ser amigo del gobernador en turno.
DUDAS Y
SECUESTROS
El caso de corrupción judicial más reciente fue cuando la plataforma de entretenimiento Netflix difundió el 23 de noviembre de 2021 el documental “Duda Razonable: Historia de dos secuestros” que puso al descubierto la podredumbre del Poder Judicial que se prestó a las triquiñuelas de la Fiscalía General del Estado que fabricó culpables de dos secuestros en 2015 y que condenaron a cinco inocentes de un delito que no habían cometido.
El fiscal era Fernando Valenzuela Pernas y enfrentaba por ese tiempo las presiones por las altas cifras de secuestros que se registraban en el estado, y al responsable de combatir los delitos de alto impacto se le ocurrió agarrar chivos expiatorios para decir que estaban haciendo bien su trabajo.
En el 2015 el titular del TSJ era Jorge Priego Solís. Jueces y magistrados se prestaron a esa perversidad y condenaron a 50 años de prisión a inocentes. Gracias a ese documental se supo toda la trama ilegal que utilizaron fiscales y jueces de oralidad encargados del caso para mantenerlos en prisión.
Este hecho causó indignación y el clamor social obligó a la SCNJ atraer el caso para corregir esa injusticia.
El presidente del TSJ, Enrique Priego Oropeza, prometió actuar en contra de quienes actuaron arbitrariamente en este caso y se hizo el tío Lolo.
Parte de esas injusticias se cometieron en su periodo y aun así no hizo nada.
Nadie ha pagado por ese daño irreparable que le hicieron a quienes sin tener ninguna culpa estuvieron varios años en la cárcel sin deberla ni temerla. Hubo impunidad.
Eso es lo que se busca cambiar con la reforma el Poder Judicial del Ejecutivo estatal.
Que sea un tribunal que realmente imparta justicia pronta y expedita, y que los jueces y magistrados sean electos para que nunca más haya corruptos como los que enviaron a la cárcel a inocentes.
