La última vez que el Congreso local reprobó una cuenta pública fue hace seis años. La mayoría la tenía, como ahora, Morena. En aquella ocasión, decidió no aprobar las cuentas públicas de Rafael Acosta León, exalcalde de Cárdenas, de Bernardo Barradas Ruiz, ambos del PRD, y del expresidente municipal de Nacajuca, el panista Francisco López Álvarez.
Morena se estrenaba en la Cámara de Diputados y llegó con un sentido justiciero. También reprobó, un año después, la cuenta pública del exgobernador Arturo Núñez Jiménez, correspondiente a su último año de gobierno, 2018.
Todavía no se había reformado la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la labor de revisión de los estados financieros recaía en las tres comisiones inspectoras de Hacienda que había en ese tiempo.
Un año antes de las elecciones de 2018, que marcaron la debacle del PRD y el predominio de Morena en el estado, la bancada perredista, que tenía mayoría en el Congreso, se ajustició al entonces alcalde priista de Macuspana, José Eduardo Rovirosa, y su propio compañero de partido, Francisco Sánchez Ramos, por un ajuste de cuenta que le cobró María Estela de la Fuente Dagdug.
Era una cuenta que se había dejado en suspenso y que correspondía al ejercicio fiscal 2015. Se difirió su discusión y dos años después, por presiones de la entonces perredista, se reprobó. Se le achararon irregularidades por 300 millones de pesos, según el dictamen elaborado para la comisión respectiva.
Así ha sido en todos los casos, por consigna y no tanto porque en el Congreso haya una eficaz e inflexible rendición de cuentas. Se castiga a tal o cual gobernante por motivos políticos, no tanto porque, en efecto, sea responsable de los irregularidades denunciadas en los dictámenes que son sometidos a la consideración del pleno.
¿A cuántos no les han perdonado sus latrocinios? Se cuentan por montón. Roban y nadie los castiga, sean del partido que sean. Pasó con el PRD, ha pasado también con Morena y se supone que en este partido no se miente, no se roba ni se traiciona al pueblo.
Esa actitud no ha cambiado. Se repite legislatura tras legislatura. No hay una verdadera rendición de cuentas. De nada sirve que en los informes de resultados, de por sí maquillado, se observen supuestas anomalías, si a pesar de que no son solventadas en tiempo y forma los presidentes municipales salvan el pellejo.
A Acosta León le reprobaron su cuenta pública por un faltante de poco más de 68 millones de pesos. Cuando el OSFE intentó notificarle en su domicilio, jamás obtuvo respuesta. Nunca compareció ante el ente fiscalizador.
Fue necesario que se le notificara vía Periódico Oficial bajo el riesgo de que si no lo hacía se convertiría en prófugo de la justicia. No lo hizo.
Desapareció varios años. Reapareció a principios de este año, cuando estaba la efervescencia por las candidaturas a cargos de elección popular en el proceso electoral de junio pasado. Fue candidato de la coalición opositora integrada por el PRD, PRI y PAN a diputado federal por el II distrito y nadie lo molestó ni le pidió cuentas por ese faltante.
DEBEN SER OTROS TIEMPOS
En esta semana bajarán las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023, tanto de los tres poderes como de los 17 ayuntamientos y órganos autónomos. Es casi un hecho que todas sean aprobadas en la Comisión de Hacienda y Finanzas.
La renovación de los ayuntamientos se dio en octubre de este año. Y en más de un caso se ha denunciado presuntos malos manejos de los recursos públicos.
El alcalde entrante de Jalpa de Méndez, José del Carmen Olán, denunció que su antecesora cometió un quebranto de poco más de 52 millones de pesos y le heredó una pesada carga de laudos no finiquitados por 200 millones de pesos, y no hay poder humano que le exija cuentas o que en verdad se revise con detenimiento no sólo el gasto de este año, sino de los años anteriores.
