*Es el objetivo de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en México y Tabasco
El 17 de octubre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en la “mañanera del pueblo” que la Secretaría de la Función Pública se transformaría en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para “cerrarle definitivamente” la puerta a la corrupción e impunidad en su gobierno.
Con esa medida se busca, además, tener “un gobierno íntegro, más eficiente y cada vez más cercano a la gente”. Eso lo dijo Raquel Buenrostro, actual secretaria de la Función Pública, que a partir de enero próximo tendrá la facultad de practicar auditorías a los entres fiscalizables de los tres niveles de gobierno que utilicen recursos del erario federal.
Lo de darle portazo a los corruptos es en serio, no un simulación. Habrá una rigurosa fiscalización de los recursos públicos que organismos creados exprofeso, como el Sistema Nacional Anticorrupción, para que el dinero público se use para lo que fue programado.
La secretaria dio cifras de recursos públicos que año con año se iban al caño de la corrupción hasta antes de que llegara la 4T al gobierno. Aproximadamente 340 mil millones de pesos al año.
“En México hay estadísticas que dicen que 4.5 por ciento del valor de los contratos eran sobornos. Viendo nada más el gasto público, digamos, los contratos, son 15 mil millones de pesos; si metemos también la inversión pública, pues serían unos 50 mil millones de pesos. Con eso se pueden hacer muchas cosas”, dijo.
El combate a la corrupción permitió al gobierno de López Obrador tener mayores recursos públicos para obras de infraestructura: refinería Olmeca, el AIFA, el Tren Maya, el Tren Interoceánico; programas sociales y mucho más, sin pedir un solo peso prestado a organismos internacionales.
El gasto social creció de manera significativa en la pasada administración y en la actual no será la excepción, y se sigue combatiendo y abatiendo la corrupción “para que estos recursos públicos sigan creciendo”, como asegura Raquel Buenrostro.
Esta mujer es conocida como la dama de hierro, incorruptible, que hizo posible que los grandes deudores fiscales se pusieran al corriente y que los grandes contribuyentes pagaran lo que por ley les corresponde.
¿Por qué menciono todo esto? Por una razón sencilla: ayer se anunció que enviará una nueva reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que la Función Pública se convierta también en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, esto para armonizar ambas administraciones, la federal con la estatal.
Ahora no sé si Maleyli María Wilson Arias sea una fiscal implacable como sí lo es Raquel Buenrostro, si no lo es tendrá que estar a la altura de las circunstancias, porque aquí también la corrupción ha sido un verdadero lastre, que ha impedido que el gasto público llegue a quienes tiene que llegar.
Ayer mismo se enviaron iniciativas al Congreso para modificar las leyes Orgánica, de Austeridad y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Una de las propuestas contenidas en estas iniciativas es otorgarle facultades a la “Contraloría Social” para que pueda auditar la obra pública bajo su supervisión.
DEBEN
SANCIONARSE, NO SÓLO OBSERVARSE
Tiene que haber una mejor fiscalización de los recursos públicos y una efectiva rendición de cuentas, pues a pesar de que existen organismos encargados de garantizar la correcta aplicación del gasto público, como el OSFE, el Sistema Estatal Anticorrupción, sigue habiendo actos de corrupción en todos los órdenes de gobierno que de ninguna manera debe ser tolerados o quedar impunes.
No basta que sean observadas las irregularidades en las cuentas públicas, sino que en verdad se pida cuentas a quienes las cometen, que haya sanciones punitivas a los responsables de desviar recursos o enriquecerse ilícitamente con ellos.
Corrupción significa que haya menos recursos públicos para brindar servicios a la población, para destinar más dinero a programas sociales o a obras de infraestructura física.
El llamado “Gobierno del Pueblo” tiene muchos compromisos por cumplir y harán falta muchos recursos para cumplir su palabra y no fallarle a los ciudadanos, de modo que Wilson Arias tendrá la ardua tarea de que haya una efectiva rendición de cuentas y transparencia en el gasto público.
Confiemos en que esta dama también se implacable con los corruptos que siempre buscan la manera y el modo de meterle mano al presupuesto.
