Juan José Peralta Fócil, electo fiscal superior del OSFE la noche del martes por el Congreso local, se sacó la rifa del tigre. Llega a una posición que ha estado en el ojo del huracán por la opacidad y falta de transparencia en los procesos de fiscalización que realiza ese ente al manejo del erario estatal y municipal. Hay, sin embargo, confianza en su experiencia como servidor público.
Los tres fiscales superiores que han ocupado el cargo, han salido en medio del descrédito y con señalamientos de haberse prestado al ocultamiento de casos de corrupción, de maquillar y limpiar las cuentas de funcionarios y gobernantes corruptos. En la administración de Javier May debe ser distinto.
Peralta Fócil está obligado a marcar una diferencia. Ya prometió que no se prestará a simulaciones ni se maquillará ninguna cuenta pública, pero tampoco emprenderá una cacería de brujas.
Lo que importan son los hechos. Es ahí donde Peralta Fócil deberá demostrar que a partir de su arribo será otra la historia, que habrá transparencia y rendición de cuentas. Que hay motivo para la esperanza.
La ciudadanía exige que se aplique la ley a quien robe el erario o haga mal uso de él. Que no haya ni perdón ni olvido, sino aplicar la ley a quienes se aparten de ella.
UNA HISTORIA DE ENGAÑOS
Todos los que hasta ahora han ocupado la titularidad del OSFE, han sido señalados de encubridores de la corrupción, de haber tolerado el saqueo de recursos públicos, desde Francisco Rullán Silva hasta Alejandro Álvarez González.
Rullán Silva fue impuesto en el OSFE por el exgobernador Andrés Granier Melo a quien le cuidó las espadas y permitió que sus principales colaboradores robaran a placer, lo que convirtió a ese gobierno en uno de los más corruptos de la historia de Tabasco.
En ese entonces, cuando la oposición se comportaba como tal ante el PRI-gobierno, diputados del PAN y PRD acusaron al fiscal superior de haber ocultado la información sobre desvíos de miles de millones de pesos.
Rullán Silva fue designado en 2003 titular del OSFE por el exgobernador Manuel Andrade Díaz. Se le acusa de haber actuado por consigna en contra de alcaldes del PRD a quienes les armó expedientes para que sus cuentas públicas fueran reprobadas.
Su primer periodo concluyó en 2010. Ya en el gobierno de Granier logró ser reelecto por otros siete años. Sin embargo, en 2012 el PRD ganó la gubernatura con Arturo Núñez Jiménez y desde el Congreso local, también de mayoría perredista, lograron destituirlo en el cargo por pérdida de confianza.
Rullán Silva, quien había sido cercano colaborador de Núñez Jiménez, se amparó ante esa destitución y la justicia falló a su favor. Tuvo que ser reinstalado en el cargo. Él denunció que había una persecución política en su contra.
Los legisladores lo responsabilizaron de haber protegido las corruptelas de Granier y de varios de sus colaboradores como Héctor Peralta y José Manuel Sáiz Pineda, preso en ese entonces por ser señalado como uno de los responsables del enorme desfalco a las arcas estatales.
Aseguraron que Rullán Silva “estaba enterado del presunto robo” y no hizo nada, por eso fue destituido. El entonces diputado local del PAN, Francisco Castillo Ramírez, dijo: “éste es el principio del fin de un funcionario que se atrevió a desfalcar la confianza ciudadana convirtiéndose en cómplice de los saqueadores y lo que merece es la cárcel”. (Continuará)
Los tres fiscales superiores que han ocupado el cargo, han salido en medio del descrédito y con señalamientos de haberse prestado al ocultamiento de casos de corrupción, de maquillar y limpiar las cuentas de funcionarios y gobernantes corruptos. En la administración de Javier May debe ser distinto.
Peralta Fócil está obligado a marcar una diferencia. Ya prometió que no se prestará a simulaciones ni se maquillará ninguna cuenta pública, pero tampoco emprenderá una cacería de brujas.
Lo que importan son los hechos. Es ahí donde Peralta Fócil deberá demostrar que a partir de su arribo será otra la historia, que habrá transparencia y rendición de cuentas. Que hay motivo para la esperanza.
La ciudadanía exige que se aplique la ley a quien robe el erario o haga mal uso de él. Que no haya ni perdón ni olvido, sino aplicar la ley a quienes se aparten de ella.
UNA HISTORIA DE ENGAÑOS
Todos los que hasta ahora han ocupado la titularidad del OSFE, han sido señalados de encubridores de la corrupción, de haber tolerado el saqueo de recursos públicos, desde Francisco Rullán Silva hasta Alejandro Álvarez González.
Rullán Silva fue impuesto en el OSFE por el exgobernador Andrés Granier Melo a quien le cuidó las espadas y permitió que sus principales colaboradores robaran a placer, lo que convirtió a ese gobierno en uno de los más corruptos de la historia de Tabasco.
En ese entonces, cuando la oposición se comportaba como tal ante el PRI-gobierno, diputados del PAN y PRD acusaron al fiscal superior de haber ocultado la información sobre desvíos de miles de millones de pesos.
Rullán Silva fue designado en 2003 titular del OSFE por el exgobernador Manuel Andrade Díaz. Se le acusa de haber actuado por consigna en contra de alcaldes del PRD a quienes les armó expedientes para que sus cuentas públicas fueran reprobadas.
Su primer periodo concluyó en 2010. Ya en el gobierno de Granier logró ser reelecto por otros siete años. Sin embargo, en 2012 el PRD ganó la gubernatura con Arturo Núñez Jiménez y desde el Congreso local, también de mayoría perredista, lograron destituirlo en el cargo por pérdida de confianza.
Rullán Silva, quien había sido cercano colaborador de Núñez Jiménez, se amparó ante esa destitución y la justicia falló a su favor. Tuvo que ser reinstalado en el cargo. Él denunció que había una persecución política en su contra.
Los legisladores lo responsabilizaron de haber protegido las corruptelas de Granier y de varios de sus colaboradores como Héctor Peralta y José Manuel Sáiz Pineda, preso en ese entonces por ser señalado como uno de los responsables del enorme desfalco a las arcas estatales.
Aseguraron que Rullán Silva “estaba enterado del presunto robo” y no hizo nada, por eso fue destituido. El entonces diputado local del PAN, Francisco Castillo Ramírez, dijo: “éste es el principio del fin de un funcionario que se atrevió a desfalcar la confianza ciudadana convirtiéndose en cómplice de los saqueadores y lo que merece es la cárcel”. (Continuará)
