En el periodo neoliberal, el Infonavit fue convertido en una especie de la cueva de “Alí Babá y sus 40 ladrones”. En la red de corrupción denunciada por su actual director general, Octavio Romero Oropeza intervinieron muchas personas: funcionarios, trabajadores, notarios, peritos valuadores, controladores y hasta magistrados.
Todos ellos se coludieron para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda y al que fregaban era al trabajador que adquiría el crédito sin saber que su casa era vendida hasta en cuatro ocasiones a diferentes personas. Se quedaban con el 40 por ciento de su salario que le descontaba dizque por el pago del crédito.
Este mecanismo fraudulento operó en 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas, las cuales, como ya dijimos, se vendieron hasta cuatro veces por año cada una de ellas. Es decir, era una mega transa. Para darnos una idea del tamaño del fraude millonario que se cometió, el siguiente dato lo refiere de una manera brutal: 496 inmuebles fueron vendidos 4 mil 130 veces.
Las “ventas” de las viviendas ocurrieron en los estados de Jalisco, Baja California, Nuevo León, Tlaxcala, Guanajuato, Sonora, Querétaro y Puebla. Sin embargo, no se descarta que la red de corrupción alcance a otras entidades federativas. Según el titular del Infonavit falta por revisar 11 estados donde a lo mejor operó este mecanismo fraudulento.
Romero Oropeza dijo el miércoles en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum:
“Sin haber construido las viviendas se les otorgó el crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero. En la administración pasada (del expresidente López Obrador) se detuvo esto, se estaba cobrando a la gente por vivienda que no se les había entregado”.
Los trabajadores que fueron víctima de esta vil estafa siguen padeciendo las de Caín, porque “ni tienen vivienda ni pueden sacar crédito” por ese problema que arrastran y que se está buscando resolver de la mejor manera.
Esa fue, en parte la razón por la cual el Gobierno de México anunció el congelamiento de dos millones de créditos, para evitar que se siga ahorcando a los trabajadores con estos créditos impagables.
Qué casualidad que esta red de corrupción nunca fue advertida por el Comité de Auditoría del Infonavit. No hizo nada al respecto, dejó hacer, dejó pasar. Estamos hablando de un fraude cuya estimación inicial es de mil 200 millones de pesos, pero puede ser de mucho más, porque los créditos se convirtieron en impagables.
Actualmente la cartera del Infonavit es de 6.2 millones de créditos, cuatro millones de los cuales se hallan en condición de “impagables”, según señaló el director general del organismo.
No han sido las únicas irregularidades detectadas. Se tienen datos de que entre 2013 y 2015 despachos jurídicos, en contubernio con funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit realizaron juicios fraudulentos en contra de 60 mil derechohabientes.
Además, funcionarios del Infonavit contrataron ilegalmente un seguro de vida colectivo por 550 millones de pesos para los derechohabientes con créditos, adicional a lo que el organismo cubre por ley.
Y como decía un animador de la televisión mexicana: “Aun hay más”. En el gobierno de Peña Nieto se puso en marcha un programa denominado Línea III, mediante el cual se financió a constructores de vivienda para los derechohabientes.
Resulta que este también resultó un fiasco. De acuerdo con el tabasqueño, 22 proyectos que fueron autorizados entre 2017 y 2018, no han sido concluidos y presentan adeudos vencidos con el instituto por un monto de 575 millones de pesos.
Y si eso no bastara, hay 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos; “esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones”. Estos proyectos, dijo Romero Oropeza, recibieron recursos para comprar el terreno, para pagar licencias y permisos de construcción, y para hacer infraestructura; o sea, la empresa no tenía ni para el terreno ni para los permisos.
Hubo cuatro empresas que no hicieron las viviendas, “pero recibieron adicionalmente 45 millones una, 22 otra, 9 millones otra, 5 millones otra, dinero adicional, ya no del Fondo directamente del Infonavit, sino de los créditos de los trabajadores. Es decir, sin haber construido la vivienda, se les empezó… se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero.”
Ahora se entiende por qué no había dinero para hacer obras ni ayudar a la gente, como ocurre en la 4T, si todo se lo robaban.
Todos ellos se coludieron para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda y al que fregaban era al trabajador que adquiría el crédito sin saber que su casa era vendida hasta en cuatro ocasiones a diferentes personas. Se quedaban con el 40 por ciento de su salario que le descontaba dizque por el pago del crédito.
Este mecanismo fraudulento operó en 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas, las cuales, como ya dijimos, se vendieron hasta cuatro veces por año cada una de ellas. Es decir, era una mega transa. Para darnos una idea del tamaño del fraude millonario que se cometió, el siguiente dato lo refiere de una manera brutal: 496 inmuebles fueron vendidos 4 mil 130 veces.
Las “ventas” de las viviendas ocurrieron en los estados de Jalisco, Baja California, Nuevo León, Tlaxcala, Guanajuato, Sonora, Querétaro y Puebla. Sin embargo, no se descarta que la red de corrupción alcance a otras entidades federativas. Según el titular del Infonavit falta por revisar 11 estados donde a lo mejor operó este mecanismo fraudulento.
Romero Oropeza dijo el miércoles en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum:
“Sin haber construido las viviendas se les otorgó el crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero. En la administración pasada (del expresidente López Obrador) se detuvo esto, se estaba cobrando a la gente por vivienda que no se les había entregado”.
Los trabajadores que fueron víctima de esta vil estafa siguen padeciendo las de Caín, porque “ni tienen vivienda ni pueden sacar crédito” por ese problema que arrastran y que se está buscando resolver de la mejor manera.
Esa fue, en parte la razón por la cual el Gobierno de México anunció el congelamiento de dos millones de créditos, para evitar que se siga ahorcando a los trabajadores con estos créditos impagables.
Qué casualidad que esta red de corrupción nunca fue advertida por el Comité de Auditoría del Infonavit. No hizo nada al respecto, dejó hacer, dejó pasar. Estamos hablando de un fraude cuya estimación inicial es de mil 200 millones de pesos, pero puede ser de mucho más, porque los créditos se convirtieron en impagables.
Actualmente la cartera del Infonavit es de 6.2 millones de créditos, cuatro millones de los cuales se hallan en condición de “impagables”, según señaló el director general del organismo.
No han sido las únicas irregularidades detectadas. Se tienen datos de que entre 2013 y 2015 despachos jurídicos, en contubernio con funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit realizaron juicios fraudulentos en contra de 60 mil derechohabientes.
Además, funcionarios del Infonavit contrataron ilegalmente un seguro de vida colectivo por 550 millones de pesos para los derechohabientes con créditos, adicional a lo que el organismo cubre por ley.
Y como decía un animador de la televisión mexicana: “Aun hay más”. En el gobierno de Peña Nieto se puso en marcha un programa denominado Línea III, mediante el cual se financió a constructores de vivienda para los derechohabientes.
Resulta que este también resultó un fiasco. De acuerdo con el tabasqueño, 22 proyectos que fueron autorizados entre 2017 y 2018, no han sido concluidos y presentan adeudos vencidos con el instituto por un monto de 575 millones de pesos.
Y si eso no bastara, hay 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos; “esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones”. Estos proyectos, dijo Romero Oropeza, recibieron recursos para comprar el terreno, para pagar licencias y permisos de construcción, y para hacer infraestructura; o sea, la empresa no tenía ni para el terreno ni para los permisos.
Hubo cuatro empresas que no hicieron las viviendas, “pero recibieron adicionalmente 45 millones una, 22 otra, 9 millones otra, 5 millones otra, dinero adicional, ya no del Fondo directamente del Infonavit, sino de los créditos de los trabajadores. Es decir, sin haber construido la vivienda, se les empezó… se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero.”
Ahora se entiende por qué no había dinero para hacer obras ni ayudar a la gente, como ocurre en la 4T, si todo se lo robaban.
