Los hechos de violencia registrados el jueves pasado en varios puntos de la ciudad están directamente relacionados con el motín que en horas de la madrugada de ese día se suscitó al interior del Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST) con la finalidad de impedir el traslado de dos “generadores de violencia” a una prisión federal en la que no podrán imponer su ley como lo hacía en el reclusorio al controlar el tráfico de muchas cosas ilícitas.
El parte rendido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), general Víctor Hugo Chávez Martínez, destaca el decomiso de armas de fuego y blancas, así como por la cantidad de marihuana y cocaína que se hallaron en las celdas, lo que evidencia una complicidad de custodios y funcionarios carcelarios.
Cómo era posible que ese arsenal estuviera en manos de cabecillas y que la droga corriera en abundancia por los módulos de reclusión sin que nadie se haya dado cuenta de lo que pasaba en el CREST.
Eso fue lo que quiso decir la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse en la mañanera de ayer a la asonada en el CREST.
Confirmó lo que dijo el general el mismo día de los hechos, que “el objetivo era trasladar a dos reos, dos personas privadas de la libertad a otro penal. Y al hacer el operativo, pues encontraron armas en el penal, y ahí hubo esta circunstancia de enfrentamiento”.
Reconoció que el gobierno estatal ha informado a la opinión pública sobre este incidente en el que perdieron la vida siete reos. Y agregó: “se está haciendo la investigación también, para ver si fue correcto el operativo y por qué se encontraban armas dentro del penal”.
Le siguieron insistiendo en si había sido una mala actuación de las fuerzas estatales y federales que ingresaron al reclusorio para cumplimentar el traslado a otro centro de reclusión federal de dos cabecillas de grupos delincuenciales que operan en el estado y que ejercían el control en el penal.
“Se está investigando por qué fue esto, el propio operativo que se hizo por parte de las autoridades estatales y con apoyo de fuerzas federales; entonces, se está investigando y se tiene que dar toda la información. Y si hay alguna colusión, también”.
El trabajo de pacificación, porque es eso, de pacificación y de cumplimiento de la ley es un trabajo permanente. Y ahí, donde ocurren estas situaciones, pues tiene que hacerse una investigación, como en otras, aseveró la mandataria.
La primera pregunta que resulta obligada es cómo es que los dos “generadores de violencia” se enteraron que iban a ser enviados a un penal federal, porque cuando el operativo de traslado estaba en marcha ya los estaban esperando armados y en medio de una revuelta interna.
Está claro que en el CREST y en la misma SSPC hay, como lo manifestó la presidenta, “alguna colusión”. En el bajo mundo era un secreto a voces que el exjefe policiaco, Hernán Bermúdez Requena, ejercía el control de todas las actividades ilícitas al interior del reclusorio que le dejaba muy buenas ganancias al mes.
Seguramente van a rodar cabezas y más de uno de los custodios, mandos y funcionarios se convertirán en huésped del CREST. Por eso la reacción violenta la mañana del jueves, un coletazo más del grupo delincuencial porque perdió el control en ese penal.
No es de ahora que Bermúdez Requena ejercía el gobierno a través de sus secuaces, eran los amos y señores del reclusorio, sino que eso viene desde que este personaje estaba al frente de la dirección de Prevención del Delito y del entonces Creset, en el gobierno de Manuel Andrade Díaz.
Ayer viernes circuló en redes sociales un mensaje dirigido a los mandos de “La Barredora” que apareció en una manta colgada en un puente de la carretera Villhermosa-Teapa a la altura de Guapinol, en la que aparecen varias fotos de supuestos miembros de ese grupo criminal.
En ese escrito se asegura que “los mandos de los criminales están refugiados” en Ciudad del Carmen, Campeche, y en la capital de ese estado, además en Mérida, Yucatán, y señalan que “La Barredora” es la causante de toda la violencia en el estado.
Y lo más grave, dan a conocer los nombres de 40 policías estatales presuntamente implicados con esta organización criminal. Acusan a uno de ellos, Lorenzo de la Cruz, a quién apodan “El 300”, de ser “la mano derecha de La Barredora” y que “recibe órdenes de los líderes delincuenciales”.
Evidentemente todo ello tendrá que ser investigado por la autoridad y, como dice la presidenta, si hay alguna colusión, informarlo, porque no habrá impunidad para nadie.
El parte rendido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), general Víctor Hugo Chávez Martínez, destaca el decomiso de armas de fuego y blancas, así como por la cantidad de marihuana y cocaína que se hallaron en las celdas, lo que evidencia una complicidad de custodios y funcionarios carcelarios.
Cómo era posible que ese arsenal estuviera en manos de cabecillas y que la droga corriera en abundancia por los módulos de reclusión sin que nadie se haya dado cuenta de lo que pasaba en el CREST.
Eso fue lo que quiso decir la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse en la mañanera de ayer a la asonada en el CREST.
Confirmó lo que dijo el general el mismo día de los hechos, que “el objetivo era trasladar a dos reos, dos personas privadas de la libertad a otro penal. Y al hacer el operativo, pues encontraron armas en el penal, y ahí hubo esta circunstancia de enfrentamiento”.
Reconoció que el gobierno estatal ha informado a la opinión pública sobre este incidente en el que perdieron la vida siete reos. Y agregó: “se está haciendo la investigación también, para ver si fue correcto el operativo y por qué se encontraban armas dentro del penal”.
Le siguieron insistiendo en si había sido una mala actuación de las fuerzas estatales y federales que ingresaron al reclusorio para cumplimentar el traslado a otro centro de reclusión federal de dos cabecillas de grupos delincuenciales que operan en el estado y que ejercían el control en el penal.
“Se está investigando por qué fue esto, el propio operativo que se hizo por parte de las autoridades estatales y con apoyo de fuerzas federales; entonces, se está investigando y se tiene que dar toda la información. Y si hay alguna colusión, también”.
El trabajo de pacificación, porque es eso, de pacificación y de cumplimiento de la ley es un trabajo permanente. Y ahí, donde ocurren estas situaciones, pues tiene que hacerse una investigación, como en otras, aseveró la mandataria.
La primera pregunta que resulta obligada es cómo es que los dos “generadores de violencia” se enteraron que iban a ser enviados a un penal federal, porque cuando el operativo de traslado estaba en marcha ya los estaban esperando armados y en medio de una revuelta interna.
Está claro que en el CREST y en la misma SSPC hay, como lo manifestó la presidenta, “alguna colusión”. En el bajo mundo era un secreto a voces que el exjefe policiaco, Hernán Bermúdez Requena, ejercía el control de todas las actividades ilícitas al interior del reclusorio que le dejaba muy buenas ganancias al mes.
Seguramente van a rodar cabezas y más de uno de los custodios, mandos y funcionarios se convertirán en huésped del CREST. Por eso la reacción violenta la mañana del jueves, un coletazo más del grupo delincuencial porque perdió el control en ese penal.
No es de ahora que Bermúdez Requena ejercía el gobierno a través de sus secuaces, eran los amos y señores del reclusorio, sino que eso viene desde que este personaje estaba al frente de la dirección de Prevención del Delito y del entonces Creset, en el gobierno de Manuel Andrade Díaz.
Ayer viernes circuló en redes sociales un mensaje dirigido a los mandos de “La Barredora” que apareció en una manta colgada en un puente de la carretera Villhermosa-Teapa a la altura de Guapinol, en la que aparecen varias fotos de supuestos miembros de ese grupo criminal.
En ese escrito se asegura que “los mandos de los criminales están refugiados” en Ciudad del Carmen, Campeche, y en la capital de ese estado, además en Mérida, Yucatán, y señalan que “La Barredora” es la causante de toda la violencia en el estado.
Y lo más grave, dan a conocer los nombres de 40 policías estatales presuntamente implicados con esta organización criminal. Acusan a uno de ellos, Lorenzo de la Cruz, a quién apodan “El 300”, de ser “la mano derecha de La Barredora” y que “recibe órdenes de los líderes delincuenciales”.
Evidentemente todo ello tendrá que ser investigado por la autoridad y, como dice la presidenta, si hay alguna colusión, informarlo, porque no habrá impunidad para nadie.
