En el motín del jueves pasado, en algunas cuentas de Facebook y de X, afines, se difundió un video de un supuesto “cabo general de patio” llamado “Javier” en el que denunciaba que estaba en peligro su vida por negarse a “cobrar cuotas a los presos” por supuestamente “órdenes” del director del penal. Una mentira monumental.
Ese video fue profusamente compartido en redes sociales y en grupos de WhatsApp, que adversarios del Gobierno del Pueblo usaron en su contra. Por acción o por omisión, dieron por hecho que era verdad lo que este sujeto aseguraba en esa grabación.
Lo peor es que medios de comunicación cayeron en ese juego perverso de darle credibilidad a lo dicho por ese supuesto “cabo general de patio” y lo presentaron como “noticia” sin tener el más mínimo interés de corroborar la veracidad del hecho.
Ahora se sabe que se trataba de un reo apodado “Cadillac”, uno de los objetivos del operativo implementado la madrugada de ese jueves, por fuerzas estatales y federales para trasladarlo, junto con otro recluso, ambos “generadores de violencia”, a un penal de máxima seguridad federal.
Lo que pretendía era evitar su traslado ejerciendo presión social al gobierno estatal, apoyado por cuentas en redes sociales en la que destacan las de periodistas afines y contrarios a a esta administración. Esa complicidad fue denunciada el viernes pasado en una manta aparecida en una carretera rumbo a Teapa.
Lamentable que medios digitales y radiofónicos, en aras de ganar la “noticia” sin reparar que, en realidad, hacían apología a la violencia y a actividades ilícitas.
Es una pena que hayan caído en esa irresponsabilidad que no se justifica por nada del mundo. Faltaron a la ética periodística.
Los dos “generadores de violencia” que armaron el motín en el Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST), hace cuatro días para impedir su traslado a otro reclusorio, ya se encuentran en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 4 con sede en Tepic, Nayarit.
Ahí no tendrán la más mínima posibilidad de generar episodios violentos y comandar actos ilícitos desde la cárcel. Estarán sometidos a un régimen de vigilancia más riguroso y monitoreados permanentemente.
Es un problema menos de inseguridad y un avance en la restitución de la paz y la tranquilidad en el estado, un compromiso que el Gobierno del Pueblo está más que empeñado en cumplir, aunque sabemos que es una tarea harto complicada, pero cuando hay voluntad y determinación se puede lograr.
Con ese movimiento, se le asestó un severo golpe al crimen organizado que desde el CREST operaban las actividades ilícitas, como la extorsión, el secuestro y otros delitos, y mantenían bajo su control la vida carcelaria.
El primer movimiento que se hizo en la prisión estatal fue la destitución del anterior director y el nombramiento de otro titular, lo que igual generó disturbios ante el inminente riesgo de perder ese coto de poder que durante años estuvo bajo su dominio con la complicidad de jefes policiacos del sexenio anterior.
La investigación que ordenó la presidenta Claudia Sheinbaum para conocer las causas del motín y, sobre todo, por qué razón había armadas de alto calibre y drogas en el CREST, seguramente pronto arrojará resultados y se sabrá con precisión quiénes permitieron su ingreso.
Todo lo que se ha revelado desde que se destituyó a Hernán Bermúdez Requena, enero del presente año, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), muestra el grado de complicidad que había con la delincuencia organizada y lo infiltrada que estaba esa corporación policiaca.
No era el único mando metido hasta las cachas en actividades ilícitas, sino también hay otros más en la SSPC que de igual manera ya fueron destituidos y otros que aún siguen en activo a juzgar por una denuncia pública aparecida en un manta colgada el viernes pasado en un puente peatonal de la carretera Villahermosa-Teapa.
Es un señalamiento muy grave, porque en ese mensaje se pusieron los nombres de policías en activos que supuestamente están al servicio del grupo delincuencial “La Barredora” y que en el estado, según reportes de inteligencia del gobierno federal, encabezaba Bermúdez Requena.
Eso explica por qué los desmanes que han ocurrido desde la destitución de este personaje apodado, según reportes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, Región Sureste, “Comandante H”, no había una respuesta inmediata como sí ocurre en la actualidad en el gobierno de Javier May Rodríguez.
Si antes había una colusión evidente entre policías y delincuentes, en la actual administración estatal no hay ligas ni vínculos con la delincuencia organizada por más que quieran hacer creer con mantas colocadas en espacios públicos de que las actuales autoridades sin igual o más corruptas que las anteriores.
Por eso se entiende la postura del gobernador Javier May de remarcar que no hay ninguna posibilidad de establecer pactos con el crimen organizado ni habrá impunidad para nadie que esté ligado a actividades delictivas o mantenga vínculos con delincuentes.
Ese video fue profusamente compartido en redes sociales y en grupos de WhatsApp, que adversarios del Gobierno del Pueblo usaron en su contra. Por acción o por omisión, dieron por hecho que era verdad lo que este sujeto aseguraba en esa grabación.
Lo peor es que medios de comunicación cayeron en ese juego perverso de darle credibilidad a lo dicho por ese supuesto “cabo general de patio” y lo presentaron como “noticia” sin tener el más mínimo interés de corroborar la veracidad del hecho.
Ahora se sabe que se trataba de un reo apodado “Cadillac”, uno de los objetivos del operativo implementado la madrugada de ese jueves, por fuerzas estatales y federales para trasladarlo, junto con otro recluso, ambos “generadores de violencia”, a un penal de máxima seguridad federal.
Lo que pretendía era evitar su traslado ejerciendo presión social al gobierno estatal, apoyado por cuentas en redes sociales en la que destacan las de periodistas afines y contrarios a a esta administración. Esa complicidad fue denunciada el viernes pasado en una manta aparecida en una carretera rumbo a Teapa.
Lamentable que medios digitales y radiofónicos, en aras de ganar la “noticia” sin reparar que, en realidad, hacían apología a la violencia y a actividades ilícitas.
Es una pena que hayan caído en esa irresponsabilidad que no se justifica por nada del mundo. Faltaron a la ética periodística.
Los dos “generadores de violencia” que armaron el motín en el Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST), hace cuatro días para impedir su traslado a otro reclusorio, ya se encuentran en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 4 con sede en Tepic, Nayarit.
Ahí no tendrán la más mínima posibilidad de generar episodios violentos y comandar actos ilícitos desde la cárcel. Estarán sometidos a un régimen de vigilancia más riguroso y monitoreados permanentemente.
Es un problema menos de inseguridad y un avance en la restitución de la paz y la tranquilidad en el estado, un compromiso que el Gobierno del Pueblo está más que empeñado en cumplir, aunque sabemos que es una tarea harto complicada, pero cuando hay voluntad y determinación se puede lograr.
Con ese movimiento, se le asestó un severo golpe al crimen organizado que desde el CREST operaban las actividades ilícitas, como la extorsión, el secuestro y otros delitos, y mantenían bajo su control la vida carcelaria.
El primer movimiento que se hizo en la prisión estatal fue la destitución del anterior director y el nombramiento de otro titular, lo que igual generó disturbios ante el inminente riesgo de perder ese coto de poder que durante años estuvo bajo su dominio con la complicidad de jefes policiacos del sexenio anterior.
La investigación que ordenó la presidenta Claudia Sheinbaum para conocer las causas del motín y, sobre todo, por qué razón había armadas de alto calibre y drogas en el CREST, seguramente pronto arrojará resultados y se sabrá con precisión quiénes permitieron su ingreso.
Todo lo que se ha revelado desde que se destituyó a Hernán Bermúdez Requena, enero del presente año, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), muestra el grado de complicidad que había con la delincuencia organizada y lo infiltrada que estaba esa corporación policiaca.
No era el único mando metido hasta las cachas en actividades ilícitas, sino también hay otros más en la SSPC que de igual manera ya fueron destituidos y otros que aún siguen en activo a juzgar por una denuncia pública aparecida en un manta colgada el viernes pasado en un puente peatonal de la carretera Villahermosa-Teapa.
Es un señalamiento muy grave, porque en ese mensaje se pusieron los nombres de policías en activos que supuestamente están al servicio del grupo delincuencial “La Barredora” y que en el estado, según reportes de inteligencia del gobierno federal, encabezaba Bermúdez Requena.
Eso explica por qué los desmanes que han ocurrido desde la destitución de este personaje apodado, según reportes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, Región Sureste, “Comandante H”, no había una respuesta inmediata como sí ocurre en la actualidad en el gobierno de Javier May Rodríguez.
Si antes había una colusión evidente entre policías y delincuentes, en la actual administración estatal no hay ligas ni vínculos con la delincuencia organizada por más que quieran hacer creer con mantas colocadas en espacios públicos de que las actuales autoridades sin igual o más corruptas que las anteriores.
Por eso se entiende la postura del gobernador Javier May de remarcar que no hay ninguna posibilidad de establecer pactos con el crimen organizado ni habrá impunidad para nadie que esté ligado a actividades delictivas o mantenga vínculos con delincuentes.
