- Tampoco se cuenta con registro de incidentes relacionados a esa labor
El lamentable asesinato del periodista, abogado y profesor universitario, Alejandro León Gallegos, quien apareció sin vida en un paraje de un poblado de Cárdenas, el sábado pasado, tendrá que se esclarecido a la brevedad para que no se siga usando este hecho como linchamiento político al gobierno que encabeza Javier May Rodríguez.
Las autoridades de procuración de justicia tendrán que actuar de inmediato, realizar una investigación que despeje cualquier duda sobre el móvil real de este homicidio, porque todos los adversarios políticos dan por hecho que fue por su actividad periodística, pero sí se revisa su perfil y la página de Facebook de La Voz del Pueblo, el medio que dirigía, se podrá dar cuenta de que la información que manejaba eran notas relacionadas sobre las actividades de los gobiernos estatal y municipales.
No hay opiniones críticas ni información sobre hechos de violencia como los que abundan en otras páginas similares y en medios digitales sin que los responsables de esos espacios informativos hayan, afortunadamente, recibido una amenaza por publicar tal o cual nota roja. Nadie duda que el periodista se ha vuelto una actividad riesgosa en estos tiempos.
La última información en La Voz del Pueblo, publicada el sábado, el mismo día en que se conoció esa terrible noticia, se publicó la rueda de prensa que un día antes había ofrecido el dirigente de Morena, Jesús Salván, sobre la marcha a la que convocaron ese mismo sábado.
Se trata de presentar los hechos en su justa dimensión, sin apasionamientos ni desgarrándose las vestiduras como hace muchos comunicadores que en el sexenio pasado no se atrevían a alzar la voz como lo hacen ahora, porque en ese momento se sentían muy “a-u-gusto” y deseaban que otro López estuviera en la Presidencia de la República.
Hoy lloran como plañideras y atacan al gobernador como vil chantajistas que son, para ver si así consiguen el ansiado chayote. Gozan con el dolor ajeno, vergüenza y pena les debería de dar, casi celebran que criminales se despedacen entre ellos.
Los actores políticos han tomado la inseguridad para tratar de desvirtuar todo lo bueno que esta administración está haciendo lo que ellos no pudieron ni quisieron cuando fueron gobierno, abandonaron al pueblo a su suerte y crearon las condiciones de lo que ahora llaman infierno y exigen que Javier May lo resuelva en un día. Hipócritas que son.
Critican, vociferan que todo está mal, que no hay estrategia, que este gobierno no puedo y se montan en este vil asesinato, repudiable por donde se la quiera ver, para sacar raja política como vil carroñeros.
Por cierto, nadie dijo nada, ni estos periodistas-chantajistas indignados por el crimen de Gallegos León, sobre las precisiones que hizo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, respecto de este hecho.
Esa instancia aclaró que Gallegos León “no era beneficiario del mecanismo federal y que no se cuenta con registro de incidentes de seguridad relacionados con su labor periodística”, y que conforme a información recabada por la Fiscalía General del Estado “hasta el momento no hay elementos que permitan vincular los hechos con su labor periodística”.
Anuncia demás que pedirá a la Secretaría de Gobernación que solicite a la Fiscalía General de la República “atraiga el caso para llegar a la verdad y la justicia”.
Claro, eso no podían decirlo porque ya no podrían seguir afirmando que su crimen fue por su labor periodística. Son gacetilleros a sueldo, escriben por consigna y para conseguir beneficios económicos, viles chantajistas.
A este lamentable hecho se sumó la información publicada ayer por el diario Reforma, como nota principal, según la cual el robo de combustible floreció el año pasado en Cárdenas y señala directamente al actual presidente municipal, Euclides Alejandro y su hermano como los principales responsables de esa actividad ilícita.
Sin embargo, leyendo la nota resalta lo que ese medio escribió en el segundo párrafo de la nota referida y que dice lo siguiente: “Pemex denunció ante la FGR, el hallazgo de 263 tomas clandestinas entre enero y septiembre de 2024, cifra récord para Tabasco, según el reporte más reciente de la petrolera de noviembre”.
¿Quién gobernaba en ese periodo Tabasco? Era Carlos Manuel Merino Campos el gobernador interino, por lo tanto, no es periodo atribuible a Javier May. Él asumió el cargo el primero de octubre, de modo que quienes tienen que responder por esta ilícita actividad son los que permitieron que el crimen organizado sentara sus reales en Tabasco se coludieron con ellos, por eso estamos como estamos.
Hay un reporte de inteligencia militar que refiere una conversación telefónica entre líderes huachicoleros en el estado sobre los vínculos con el exgobernador y actual senador de la república, publicada por medios periodísticos hace tres años.
Cito un extracto del reporte difundido por la revista Proceso el cinco de octubre de 2022 relacionado con este asunto. Dice así el reportaje:
“Un informe del Cerfi Sureste señaló que al menos tres líderes huachicoleros de la zona hablaron, en conversaciones privadas, de las presuntas relaciones entre el delincuente Benjamín Mollinedo Montiel, “Pantera”, y “el gobernador” López Hernández. Mollinedo era, entonces, un “blanco prioritario” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según el Cerfi, pues encabezaba la organización conocida como “La Barredora”.
¿Qué pueden decir al respecto las plañideras? Nada. Callan como momias, como decía López Obrador. En torno a la acusación del presidente municipal de Cárdenas, él tendrá que responder ante las autoridades y estás tendrán que indagar para, como se dice en estos casos, deslindar responsabilidades.El gobernador ha dicho con firmeza y convicción que no pactará con el crimen, sino que lo combatirá con estrategia y con toda la fuerza del estado, está claro que él no meterá las manos al fuego por nadie.