Es 2019. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI arroja un dato interesante: ese año registró un aumento de las tomas clandestinas en ductos de Pemex.
La ENSU de ese año reporta que dos de cada diez tabasqueños “dicen haber detectado robo o venta ilegal de gasolina”. En 2019, Tabasco supera a otras entidades donde la ordeña de ductos de Pemex es mayor: Puebla, Hidalgo y Guanajuato.
En ese momento nadie lo sabe, pero hay una colusión de funcionarios estatales, federales, policías y de Pemex con una organización criminal que en reportes de inteligencia militar identifican como el Cártel del Huachicol.
Las ganancias que dejan los piquetes de ductos, principalmente en la Chontalpa, superan el millón de pesos al mes, según cálculos oficiales.
En esos reportes se mencionan con nombre y apellidos a los coludidos. Hay hasta un empresario estadounidense metido en el negocio del robo de combustible. Se interceptan conversaciones telefónicas que comprometen a más de uno, sobre todo, al principal responsable en ese entonces del estado.
Tres años después de lo que ya se advertía en le Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, se confirma tras la extracción de documentos confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del grupo de hackers “Guacamaya”.
A la prensa nacional y extranjera le filtran cualquier cantidad de información. Así se sabe que, en Tabasco, en esa administración estatal, hay un robo creciente de combustible y sus autores son protegidos por la policía estatal a cargo de Hernán Bermúdez Requena, en complicidad con funcionarios federales y estatales.
Es toda una red la que opera y se beneficia aquí, en Veracruz y otros estados del norte donde venden el huachicol. El domingo pasado, Reforma publicó que el robo de combustible creció más de mil por ciento el año pasado.
UNA RED DE COMPRA VENTA
Aquí sería interesante que se dijera qué gasolinas compran combustible robado. Eso sí sería relevante, como lo es la más reciente encuesta de la ENSU, la de 2024. Sobre el huachicol, el 3.2 por ciento de la población “mencionó haber visto o escuchado” el robo o venta ilegal de gasolina o diésel.
En la de 2019, la revista digital EME/EQUIS publicó un reportaje sobre el robo de combustible en Tabasco. Con base a cifras oficiales, reportó que el huachicol era “una actividad usual” cuatro veces más alta en Tabasco que en el resto del país. Al menos eso dijo el 20 por ciento de los encuestados por el INEGI.
“Este año (2019) es el primero que el INEGI pregunta si en los últimos tres meses habían visto o escuchado sobre huachicol en su entorno, las mediciones se realizaron entre abril y septiembre de este año. Los estados cuyos habitantes reportan conocer que esta actividad se realiza en su entorno, después de Tabasco (18.5%), son Puebla (12%), Tlaxcala (12%), Hidalgo (10%) y Guanajuato (9%)”, reportó ese medio digital.
En ese año, el alza del robo de combustible, reconocido por las propias autoridades estatales, era de 113 por ciento.
Según reportes de Pemex hechos públicos, en 2017 se detectaron 167 tomas clandestinas en ductos de la empresa petrolera; en 2018 bajó a 166. Sin embargo, EME/EQUIS señala que esa información no estaba actualizada, por lo que las ordeñas son mayores. Ese medio dijo que eran 90 por ciento mayores que las del año anterior.
El domingo pasado, Reforma publicó el más reciente informe sobre el huachicol elaborado por Pemex. Señala que el año pasado se registraron 263 piquetes a ductos de Pemex, un incremento mayor al mil por ciento de enero a septiembre de 2024.
Reforma dice que esta ilícita actividad creció cuando “La Barredora” tenía predominio en el estado y brindaba protección a los principales líderes huachicoleros.
Los reportes de inteligencia militar filtrados a la prensa nacional refieren con toda la claridad que para que esta ilícita actividad creciera a esos niveles, es porque contaban con la protección y complicidad de funcionarios del sexenio pasado.
Esto es solo un hilo de la extensa madeja delictiva que envuelve a los principales responsables de que Tabasco se encuentre sumido en la violencia y cuyos nombres ya se conocen de sobra, hasta sus alias.
Ese es parte del botín que está en disputa por los bandos contrarios y por eso hay, también, tanta matazón. Los que prometieron combatir el delito se encargaron de ser sus perpetradores.
MÁS ABAJO
Las autoridades informaron de la captura de uno de los asesinos de Alejandro Gallegos, abogado y catedrático de la Universidad Alfa y Omega, fundador del semanario La Voz del Pueblo. Por lo que se sabe el crimen nada tuvo que ver con una actividad periodística. Es importante ir al fondo de este grave asunto. Que nada se oculte.