Vigilar que no haya actos de corrupción en las obras de infraestructura que se llevan a cabo en el estado, es el llamado que el gobernador hace a ciudadanos para que se conviertan en contralores sociales
El gobernador Javier May Rodríguez ha pedido a los ciudadanos, principalmente a los que viven en las comunidades y poblados, a que se conviertan en contralores sociales para verificar que las obras públicas que se construyan sean de calidad y en caso de detectar irregularidades denunciarlas ante la autoridad competente.
Se trata de evitar a toda costa actos de corrupción, algo muy común en este tipo de obras, pues el contratista da moches para que los encargados de supervisar su construcción se hacen de la vista gorda o simplemente simulan que cumplen con su trabajo.
Esa es la razón fundamental que, en muchas ocasiones, la carretera recién inaugurada tenga una serie de fallas, le surjan baches o presente hundimientos porque en su construcción se utilizaron materiales de mala calidad o por no haberse cumplido las especificaciones establecidas en el contrato.
Si algo ha dañado más a la sociedad, ha sido la corrupción. En este caso, los ciudadanos pagan el pato por infraestructura mal hecha que no aguantan ni la entrega. De ahí que recobre importancia el exhorto del mandatario para que la gente vigile que esta se lleve a cabo al pie de la letra y denunciar cualquier anomalía.
En esta administración se crearon los Comités de Contraloría Social (CCS) como parte de la reforma administrativa y de la conversión de la Secretaría de la Función Pública en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que auxiliarán en la tarea de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos en obras y programas sociales.
A nivel federal igual funcionan estos CCS. Están constituidos por personas que son elegidas de manera democrática, pertenecen a la comunidad beneficiada con obras y programas, y se encargan de vigilar, supervisar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos en materia de infraestructura.
De acuerdo al gobierno federal, los comités previenen irregularidades y actos de corrupción en el desarrollo de los programas sociales; exige la ética y la responsabilidad de los servidores públicos y vigila que la entrega de los apoyos sea honesta y transparente.
El pasado 29 de octubre, el mandatario había anunciado la creación de estos comités para que “los ciudadanos podrán supervisar que haya transparencia en la aplicación de los recursos. Esta medida fortalece la participación ciudadana y la rendición de cuentas en beneficio de todos.”
En gira por Teapa, May Rodríguez volvió a tocar ayer el tema. Reiteró que en su gobierno se formaron los Comités de Contraloría Social, mediante los cuales se vigilan que los presupuestos destinados a los proyectos se ejerzan de manera transparente.
“Que los recursos públicos se ejerzan de manera adecuada, que lleguen a los ciudadanos, que tengamos obras de buena calidad, que no nada más sean obras que aguanten la entrega, que se garantice la durabilidad de las acciones del gobierno, vamos a pedir que los Comités de Contraloría Social que van a estar en las comunidades participen, que participen para vigilar que los recursos se apliquen de manera adecuada”.
Por ello Javier May destacó la importancia de denunciar cualquier irregularidad, pues “eso va a ser importantísimo” para que no se permita que haya corrupción.
Este año, el gobierno estatal invertirá más de seis mil millones de pesos en obras de infraestructura y programas sociales, mucho dinero que genera todo tipo de tentaciones, sobre todo en servidores públicos que no siguen la máxima de la 4T de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.
A menudo se leen y escuchan denuncias ciudadanas por obras mal construidas, desvíos de recursos, entre otras irregularidades que rara vez son investigadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado o perseguidas de oficio por la autoridad competente, y solo queda en eso, una denuncia pública sin mayores consecuencias por la permisividad con los órganos anticorrupción y de fiscalización.
Nadie investiga esas denuncias, mucho menos el Sistema Estatal Anticorrupción, cuyos integrantes se dan la buena vida con el jugoso salario que cobran sin dar golpe, por eso el Ejecutivo decidió extinguirla por ser solo una carga onerosa para el estado, pues en el tiempo que lleva de existencia no denunció por corrupción a ningún gobernante o exgobernante del nivel que sea.
El gobernador Javier May Rodríguez ha pedido a los ciudadanos, principalmente a los que viven en las comunidades y poblados, a que se conviertan en contralores sociales para verificar que las obras públicas que se construyan sean de calidad y en caso de detectar irregularidades denunciarlas ante la autoridad competente.
Se trata de evitar a toda costa actos de corrupción, algo muy común en este tipo de obras, pues el contratista da moches para que los encargados de supervisar su construcción se hacen de la vista gorda o simplemente simulan que cumplen con su trabajo.
Esa es la razón fundamental que, en muchas ocasiones, la carretera recién inaugurada tenga una serie de fallas, le surjan baches o presente hundimientos porque en su construcción se utilizaron materiales de mala calidad o por no haberse cumplido las especificaciones establecidas en el contrato.
Si algo ha dañado más a la sociedad, ha sido la corrupción. En este caso, los ciudadanos pagan el pato por infraestructura mal hecha que no aguantan ni la entrega. De ahí que recobre importancia el exhorto del mandatario para que la gente vigile que esta se lleve a cabo al pie de la letra y denunciar cualquier anomalía.
En esta administración se crearon los Comités de Contraloría Social (CCS) como parte de la reforma administrativa y de la conversión de la Secretaría de la Función Pública en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que auxiliarán en la tarea de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos en obras y programas sociales.
A nivel federal igual funcionan estos CCS. Están constituidos por personas que son elegidas de manera democrática, pertenecen a la comunidad beneficiada con obras y programas, y se encargan de vigilar, supervisar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos en materia de infraestructura.
De acuerdo al gobierno federal, los comités previenen irregularidades y actos de corrupción en el desarrollo de los programas sociales; exige la ética y la responsabilidad de los servidores públicos y vigila que la entrega de los apoyos sea honesta y transparente.
El pasado 29 de octubre, el mandatario había anunciado la creación de estos comités para que “los ciudadanos podrán supervisar que haya transparencia en la aplicación de los recursos. Esta medida fortalece la participación ciudadana y la rendición de cuentas en beneficio de todos.”
En gira por Teapa, May Rodríguez volvió a tocar ayer el tema. Reiteró que en su gobierno se formaron los Comités de Contraloría Social, mediante los cuales se vigilan que los presupuestos destinados a los proyectos se ejerzan de manera transparente.
“Que los recursos públicos se ejerzan de manera adecuada, que lleguen a los ciudadanos, que tengamos obras de buena calidad, que no nada más sean obras que aguanten la entrega, que se garantice la durabilidad de las acciones del gobierno, vamos a pedir que los Comités de Contraloría Social que van a estar en las comunidades participen, que participen para vigilar que los recursos se apliquen de manera adecuada”.
Por ello Javier May destacó la importancia de denunciar cualquier irregularidad, pues “eso va a ser importantísimo” para que no se permita que haya corrupción.
Este año, el gobierno estatal invertirá más de seis mil millones de pesos en obras de infraestructura y programas sociales, mucho dinero que genera todo tipo de tentaciones, sobre todo en servidores públicos que no siguen la máxima de la 4T de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.
A menudo se leen y escuchan denuncias ciudadanas por obras mal construidas, desvíos de recursos, entre otras irregularidades que rara vez son investigadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado o perseguidas de oficio por la autoridad competente, y solo queda en eso, una denuncia pública sin mayores consecuencias por la permisividad con los órganos anticorrupción y de fiscalización.
Nadie investiga esas denuncias, mucho menos el Sistema Estatal Anticorrupción, cuyos integrantes se dan la buena vida con el jugoso salario que cobran sin dar golpe, por eso el Ejecutivo decidió extinguirla por ser solo una carga onerosa para el estado, pues en el tiempo que lleva de existencia no denunció por corrupción a ningún gobernante o exgobernante del nivel que sea.
