• Deben rendir cuentas quienes han provocado que tabasqueños y chiapanecos vivan en la incertidumbre y el temor por la inseguridad
El cambio de mandos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está teniendo efectos positivos en la estrategia contra la inseguridad. El replanteamiento de las acciones contra los generadores de violencia muestra que estos golpes asestados por las fuerzas federales y estatales es producto del trabajo de inteligencia policial.
En las últimas horas, ha sido detenidos presuntos delincuentes en varios operativos. En el municipio de Centro fueron capturados 14 generadores de violencia, entre ellos, cuatro sujetos de origen guatemalteco.
En esos operativos, llevados a cabo en los municipios de Centro y Comalcalco, fueron aseguradas armas largas, drogas y equipo táctico.
La presencia de individuos centroamericanos debe alertar a las autoridades y es una clara evidencia de que la delincuencia organizada había convertido a Tabasco y Chiapas en una zona segura para el trasiego de migrantes, drogas, robo de vehículos, entre otros delitos, con vínculos con criminales del vecino país de Guatemala.
Toda esta estructura criminal no podría haber existido sin la complicidad de autoridades de Tabasco y Chiapas. Durante el sexenio pasado ambas entidades se convirtieron en un santuario para el grupo delincuencial dominante, la ya famosa “Barredora”, una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación, encabezada nada menos que por el extitular de SSPC, Hernán Bermúdez Requena, según reportes de inteligencia militar.
Durante esos años, la delincuencia organizada sentó sus reales y actuó con toda impunidad. Por aquí y por el vecino estado traficaban droga, migrantes y armas.
Los autos que aquí se robaban iban a parar a Chiapas. En esa entidad, ahora se sabe, los desvalijaban para vender las autopartes o las unidades eran vendidas en Guatemala.
Esa estructura es la que se está atacando con el replanteamiento de la estrategia de seguridad, acordada entre el gobernador Javier May Rodríguez y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.
Por eso también reviste importancia el encuentro que el próximo lunes tendrá May Rodríguez con su homólogo chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar. La estrategia de combate a la delincuencia tiene que ser regional por estas ramificaciones que se han podido detectar aquí y en Chiapas.
Era evidente que en ambos estados el crimen organizado operaba sin ser molestado por las autoridades, por la sencilla razón de que estaban implicadas en las actividades delictivas y les brindaban protección, lo que ha significado una verdadera desgracia para los tabasqueños y chiapanecos.
Toda esta descomposición social constituye un hecho grave y los responsables de esta situación no pueden permanecer impunes, se les tiene que fincar cargos por atentar contra la paz y la tranquilidad de los ciudadanos de esas dos entidades.
CON TODAS LAS AGRAVANTES
Actuaron con toda premeditación, alevosía y ventaja. La designación de los mandos policiacos coludidos con la delincuencia organizada fue un acto premeditado, pues sabían lo que iba a ocurrir, las repercusiones que iban a generar esos nexos y aun así les otorgaron toda la confianza para delinquir con uniforme oficial.
En el Código Penal se define el concepto de premeditación como “pensar reflexivamente algo antes de ejecutarlo; proponerse de caso pensado perpetrar un delito, tomando al efecto previas disposiciones, y un hecho deliberadamente, planeado de antemano”.
Se usa con frecuencia en el derecho para referirse a aquellos delitos que fueron planificados por el individuo que los comete, lo que agrava su responsabilidad.
Según la norma, “la alevosía es una circunstancia que lleva a cabo aquella persona que comete un delito”; y la ventaja se conceptúa como “superioridad de posición o condición”.
Esas tres agravantes se dieron cuando fueron designados individuos que tenían el claro objetivo de utilizar su posición de primer nivel en la corporación policiaca para dedicarse a actividades ilícitas. Ahí están los documentos oficiales que las detallan.
Por ello no pueden decir que no sabían, que no estaban enterados o simplemente quedarse callado, como ha sucedido. Ellos son los principales responsables de que Tabasco haya perdido la tranquilidad y la paz social.
¿Fueron omisos o cómplices? En ambos casos la responsabilidad es imputable. Porque la omisión supone, dice la ley, “la infracción de un deber jurídico de actuar”. Es decir, no actuaron, no hicieron nada.
Cuando se dieron a conocer los vínculos con la delincuencia organizada, con la filtración de documentos de inteligencia militar a la prensa nacional y extranjera en octubre de 2022, en lugar de separar del cargo a los implicados para que las autoridades deslindaran responsabilidades, salieron en su defensa y acusaron que todo era un infundio.
Los tabasqueños y chiapanecos han pagado un precio muy alto con esa permisividad con la que actuaron, y por eso hoy quieren echarle la culpa a las actuales autoridades a través de sus sicarios informativos cuando son a ellos a los que se les debe pedir cuentas.
El cambio de mandos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está teniendo efectos positivos en la estrategia contra la inseguridad. El replanteamiento de las acciones contra los generadores de violencia muestra que estos golpes asestados por las fuerzas federales y estatales es producto del trabajo de inteligencia policial.
En las últimas horas, ha sido detenidos presuntos delincuentes en varios operativos. En el municipio de Centro fueron capturados 14 generadores de violencia, entre ellos, cuatro sujetos de origen guatemalteco.
En esos operativos, llevados a cabo en los municipios de Centro y Comalcalco, fueron aseguradas armas largas, drogas y equipo táctico.
La presencia de individuos centroamericanos debe alertar a las autoridades y es una clara evidencia de que la delincuencia organizada había convertido a Tabasco y Chiapas en una zona segura para el trasiego de migrantes, drogas, robo de vehículos, entre otros delitos, con vínculos con criminales del vecino país de Guatemala.
Toda esta estructura criminal no podría haber existido sin la complicidad de autoridades de Tabasco y Chiapas. Durante el sexenio pasado ambas entidades se convirtieron en un santuario para el grupo delincuencial dominante, la ya famosa “Barredora”, una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación, encabezada nada menos que por el extitular de SSPC, Hernán Bermúdez Requena, según reportes de inteligencia militar.
Durante esos años, la delincuencia organizada sentó sus reales y actuó con toda impunidad. Por aquí y por el vecino estado traficaban droga, migrantes y armas.
Los autos que aquí se robaban iban a parar a Chiapas. En esa entidad, ahora se sabe, los desvalijaban para vender las autopartes o las unidades eran vendidas en Guatemala.
Esa estructura es la que se está atacando con el replanteamiento de la estrategia de seguridad, acordada entre el gobernador Javier May Rodríguez y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.
Por eso también reviste importancia el encuentro que el próximo lunes tendrá May Rodríguez con su homólogo chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar. La estrategia de combate a la delincuencia tiene que ser regional por estas ramificaciones que se han podido detectar aquí y en Chiapas.
Era evidente que en ambos estados el crimen organizado operaba sin ser molestado por las autoridades, por la sencilla razón de que estaban implicadas en las actividades delictivas y les brindaban protección, lo que ha significado una verdadera desgracia para los tabasqueños y chiapanecos.
Toda esta descomposición social constituye un hecho grave y los responsables de esta situación no pueden permanecer impunes, se les tiene que fincar cargos por atentar contra la paz y la tranquilidad de los ciudadanos de esas dos entidades.
CON TODAS LAS AGRAVANTES
Actuaron con toda premeditación, alevosía y ventaja. La designación de los mandos policiacos coludidos con la delincuencia organizada fue un acto premeditado, pues sabían lo que iba a ocurrir, las repercusiones que iban a generar esos nexos y aun así les otorgaron toda la confianza para delinquir con uniforme oficial.
En el Código Penal se define el concepto de premeditación como “pensar reflexivamente algo antes de ejecutarlo; proponerse de caso pensado perpetrar un delito, tomando al efecto previas disposiciones, y un hecho deliberadamente, planeado de antemano”.
Se usa con frecuencia en el derecho para referirse a aquellos delitos que fueron planificados por el individuo que los comete, lo que agrava su responsabilidad.
Según la norma, “la alevosía es una circunstancia que lleva a cabo aquella persona que comete un delito”; y la ventaja se conceptúa como “superioridad de posición o condición”.
Esas tres agravantes se dieron cuando fueron designados individuos que tenían el claro objetivo de utilizar su posición de primer nivel en la corporación policiaca para dedicarse a actividades ilícitas. Ahí están los documentos oficiales que las detallan.
Por ello no pueden decir que no sabían, que no estaban enterados o simplemente quedarse callado, como ha sucedido. Ellos son los principales responsables de que Tabasco haya perdido la tranquilidad y la paz social.
¿Fueron omisos o cómplices? En ambos casos la responsabilidad es imputable. Porque la omisión supone, dice la ley, “la infracción de un deber jurídico de actuar”. Es decir, no actuaron, no hicieron nada.
Cuando se dieron a conocer los vínculos con la delincuencia organizada, con la filtración de documentos de inteligencia militar a la prensa nacional y extranjera en octubre de 2022, en lugar de separar del cargo a los implicados para que las autoridades deslindaran responsabilidades, salieron en su defensa y acusaron que todo era un infundio.
Los tabasqueños y chiapanecos han pagado un precio muy alto con esa permisividad con la que actuaron, y por eso hoy quieren echarle la culpa a las actuales autoridades a través de sus sicarios informativos cuando son a ellos a los que se les debe pedir cuentas.
