Los de abajo

El gobierno estadounidense quiere ir por ellos; reportes de inteligencia militar señalan a más de uno vinculados a la delincuencia organizada, entre los que figuran varios tabasqueños.
El pedido del presidente Donald Trump a su fiscal general, de que investigue los presuntos nexos de políticos mexicanos con el narcotráfico, encendió las alarmas en el país y ha puesto a más de uno a temblar, sobre todo, aquellos que aparecen en reportes de inteligencia militar.
Es el caso de varios políticos tabasqueños que son señalados de tener nexos con grupos delincuenciales. Su pasado reciente los condena y ahora tal vez ya no concilian bien el sueño. Uno de ellos anda prófugo, según versiones periodísticas.
Si de por sí las cosas se habían puesto complicadas, con la medida del gobierno estadounidense de declarar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, y todo lo que ello implica en el terreno político, financiero y empresarial, ahora que hay una orden expresa para indagar sobre las relaciones peligrosas de figuras públicas del país con el crimen organizado.
Los vínculos entre políticos del pasado con organizaciones criminales datan de hace varias décadas. Hay muchas historias que dan cuenta de esos vínculos establecidos como un mecanismo de control de esas actividades delictivas, reguladas por gobiernos priistas para que no afectaran a la población civil.
Los narcos de esa época pagaban un tributo al gobierno para permitirles traficar drogas. En ese tiempo México sólo era usado como puente por narcos colombiano para enviar por rutas más seguras cocaína a Estados Unidos.
Después, los narcos mexicanos se asociaron a los colombianos y compartían ganancias. Todo ello con la anuencia de los gobierno priistas. El narco mexicano pagaba esa especie de impuesto, dinero que era utilizado para cubrir el presupuesto de las corporaciones políticas, según se revela en el libro Historia del Narcotráfico en México, escrito por el exdirector del CISEN en tiempos de Felipe Calderón, Guillermo Valdés Castellanos.
La condición que les imponían a los narcos era que movieran la droga por la periferia, que no la distribuyeran para consumo interno y que no se metieran con la población civil. A los narcos se les entregó parte de territorios para que pudieran operar.
Sin embargo, la cosa se echó a perder cuando ese dinero comenzó a quedarse en bolsillos de funcionarios y militares; después los policías también le entraron al negocio e inclusive eran asignados al cuidado de los capos de esa época.
Hay series y documentales de televisión que dan cuenta de esa relación, así como trabajos de investigación. En una ocasión el exgobernador de Nuevo León Sócrates Rizzo García, en una conferencia impartida en Coahuila en 2015, hizo esa relevación.
Reveló que los presidentes priistas tuvieron un fuerte control sobre las principales rutas del narcotráfico, y que por esa razón había menos ataques contra la población civil.
“De alguna manera se tenía resuelto el problema del tránsito (de la droga), pero había un control y había un Estado fuerte y un Presidente fuerte y una Procuraduría fuerte y había un control férreo del Ejército”, según publicó en ese tiempo el diario Noreste.
“De alguna manera les decían: ‘Tú pasas por aquí, tú por aquí, tú por aquí’, pero no me toques aquí estos lugares”.
Rizzo García señaló que esa medida de control del narco se salió de control en los gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón, y ello evitó conservar la paz social. Ambos expresidentes “no tomaron en cuenta consejos ni experiencias del viejo régimen, lo que provocó que se aflojaran los mecanismos de disciplina y de control, por lo que ahora se ven los resultados, es decir la violencia que hoy se vive en México”.
“A pesar de que haya cambio de partido, a lo que haya hecho otro gobierno hay que darle continuidad”.
En aquel tiempo, los gobernadores no tenían ninguna injerencia en los acuerdos que el gobierno federal establecía con los cárteles de la droga, pues el presidente tenía amplias facultades y los mandatarios tenían que acatar.
“Ya son otros tiempos, ahora tenemos un problema de consumo interno y un problema de crimen desorganizado por robos, extorsiones y es otro mundo. En aquel tiempo no había eso, había un presidente fuerte con un control férreo sobre el Ejército que podía mantener la paz social y que ese tráfico, la demanda, determinara la oferta”.
Tras esa declaración, el exmandatario neolonés fue obligado a desdecirse. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay mucha evidencia de esas relaciones de complicidad pasadas y actuales.
Ahí están los reportes elaborados por los Centros Regional de Inteligencia y que operan en las cinco regiones en que fue dividido el país para monitorear y dar seguimiento a las actividades de la delincuencia organizada, conocer su estructura operativa y los vínculos con policías y políticos, creados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando se decidió desaparecer al CISEN y crear en su lugar el Centro Nacional de Inteligencia.
La fiscal general del gobierno estadounidense, Pam Bondi, tiene la encomienda presidencial de investigar a políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado, en especial con los seis cárteles clasificados como organizaciones terroristas.
La reciente extradición de 29 capos de la droga no son suficientes para convencer al gobierno estadounidense de que se está cooperando en el combate al narco, sino que ahora quiere en bandeja de plata a los narcopolíticos.
Más de uno debe estar muy preocupado de lo que le pueda suceder en el futuro inmediato. Por lo pronto, contra un político señalado por vínculos con la delincuencia organizada, como el exgobernador Silvano Aureoles, ya se giró una orden de aprehensión por desvío de recursos por más de 30 mil millones de pesos.