LOS DE ABAJO

- Las actuales autoridades de seguridad han tenido que limpiar toda la podredumbre para retomar el control de ese centro penitenciario

Hasta hace muy poco, el Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST) estaba bajo el control de la delincuencia en contubernio con autoridades carcelarias y funcionarios de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En ese centro penitenciario mandaba la facción del crimen organizado recluida. Los principales cabecillas imponían sus reglas, ejercían un autogobierno y mantenían, como en las calles, una disputa por el control del penal con reclusos de bandas rivales.
Esa rivalidad ha propiciado, en parte, hechos de sangre al interior del penal con saldos funestos. Ahí se ejerce la ley del más fuerte, del que goza de la protección del personal de custodios y autoridades penitenciarias.
Ahí se puede encontrar de todo: drogas, armas de fuego, hechizas y punzocortantes, teléfonos móviles, entre muchas cosas más ¿Cómo es posible que circule entre la población reclusa marihuana, cocaína, cristal o armamento pesado de uso exclusivo del Ejército?
Se supone que hay controles y revisiones estrictas para impedir que se introduzcan a la cárcel estatal hasta lo inimaginable. Para que eso sucediera, necesariamente tendría que haber complicidad por parte de los responsables de garantizar que al CREST no ingresen ni las moscas. El más reciente operativo se decomisaron 62 celulares y chips, armas hechizas y drogas.
El CREST era como una frontera porosa, una coladera porque eso constituía un negocio muy lucrativo para quienes tenían bajo su responsabilidad ese centro de reclusión.
Esta escandalosa corrupción no es de ahora sino de hace décadas, desde que en el gobierno de Roberto Madrazo se nombró a Hernández Bermúdez Requena, director del entonces CRESET.
A partir de ese momento el sistema penitenciario se convirtió en su feudo, en una fuente de ingresos ilícita. Introducir todo lo no permitido tenía su costo, lo mismo que la protección al interior del penal de delincuentes peligrosos o reclusos con solvencia económica o que cuentan con el respaldo de su organización criminal.
En el voluminoso expediente que las autoridades federales de procuración de justicia tienen de Bermúdez Requena, destaca precisamente los negocios ilícitos que durante años manejó en el CREST.
En esa investigación criminal abierta en su contra se incluye también cuando fue subsecretario de Prevención y Readaptación Social durante el gobierno de Manuel Andrade Díaz.
Ese cargo era el que tenía cuando fue arrestado por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la entonces PGR, por su presunta participación en el asesinado de Ponciano Vázquez Lagunes.
Su arresto ocurrió el 13 de junio de 2006, en el último año de Andrade. Cirilo Vázquez Lagunes lo acusó públicamente de estar involucrado en el asesinato de su hermano.
Estuvo más de dos meses arraigado y después lo dejaron libre.
Durante los gobiernos de Andrés Granier y Arturo Núñez Jiménez no ocupó ningún cargo. Reapareció en la escena pública con Adán Augusto López Hernández, primero como director de la Policía de Investigación de la FGE y después como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, donde volvió a tener el control del penal.
En agosto de 2019, un reo se fugó, a plena luz del día, del CREST sin que los custodios y personal de vigilancia se percataran de ello. Se ocultó esa fuga a la ciudadanía, pero como se filtró la información el exjefe policiaco no tuvo más que reconocer la evasión del reo, sin que nadie fuera responsabilizado de esa fuga.
Cuando fue entrevistado por la prensa, sobre las investigaciones para determinar cómo ocurrió la evasión, dijo en tono socarrón: “Como es una fuga, fugándose, las fugas se dan fugándose, no creo que haya volado, alas no tenía”.
El 23 de diciembre de 2023, esa misma noche en que se rompieron las relaciones de complicidad entre mandos policiacos y la delincuencia organizada, con el frustrado atentado en contra de Bermúdez Requena, ocurrió un motín en el CREST con saldo de un fallecido.
El 19 de diciembre, en plena espiral de violencia, el gobierno de Javier May Rodríguez detectó que desde el CREST se operaba para mantener el caos en la ciudad y otros municipios con hechos sangrientos.
Se sabía que dos cabecillas de la delincuencia organizada mantenían el control de la penitenciaría y optó por trasladarlos a un penal de máxima seguridad.
Como la policía estatal estaba infiltrada la información llegó a esos cabecillas y armaron un motín para tratar de evitar ese traslado.
Las fuerzas federales y estatales encargadas del traslado de los reos peligrosos, fueron recibidas a tiros y en la refriega murieron siete reclusos y diez heridos, entre ellos, cuatro policías.
Los internos tenían R-15 y pistolas 9 milímetros, armas de uso exclusivo del ejército ¿Cómo ingresaron esas armas al CREST? Hasta la fecha se desconoce, pero lo que se hizo fue depurar al personal carcelario para impedir que estas cosas sucedan.
Era evidente que, a pesar del cambio de gobierno, la maña seguía controlando el penal a través de aliados del llamado “Comandante H”.
El 5 de febrero pasado se registró el último motín en el que murieron 7 reclusos y 14 lesionados.
El enfrentamiento se dio por el control del reclusorio entre bandas rivales y nuevamente salieron a relucir armas de alto calibre.
Las autoridades de SSPC han tenido que enfocarse en limpiar toda corrupción existente al interior del CREST y tomar el control total del penal para evitar que el autogobierno siga haciendo de las suyas, herencia de quienes hoy se desgarran las vestiduras y pegan el grito en el cielo por la inseguridad en el estado, cuando su verdadero papel ha sido el de cómplices, ya sea por acción o por omisión.