El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Grupo Salinas, denunció por medio de la red social X una supuesta estrategia del gobierno federal para despojarlo del control de la televisora mexicana. Según su versión, la iniciativa incluiría:
Difundir una narrativa de que TV Azteca transmitió un spot que afectaría la “soberanía nacional” para alimentar rechazo social;
Proponer una reforma a la Ley de Telecomunicaciones con apariencia de censura total, generando alarma pública, pero uso posterior como pretexto para revisar concesiones;
Movilizar bots y comunicadores afines para impulsar que la concesión sea “devoluta al pueblo”.
Salinas Pliego sostiene que estas licencias fueron adquiridas legalmente por más de 4 mil millones de pesos y tienen vigencia hasta 2042, por lo que cualquier intento de revocación sería, según él, un despojo vil bajo pretensión de mandato popular.
De acuerdo con el periodista Jenaro Villamil, actual encargado del SPR, la legislación propuesta permitiría revocar concesiones si se confirma que los concesionarios han violado los derechos de las audiencias. Una queja ante el defensor de audiencias sería suficiente para abrir un expediente que podría desembocar en la pérdida del derecho de transmisión.
El contexto político incluye una iniciativa presentada ante el Senado, posiblemente dentro del artículo 210 de la reforma, que prohíbe la difusión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros en medios nacionales y establece sanciones de entre 2?% y 5?% de los ingresos a concesionarios como TV Azteca. Asimismo, tras la polémica por la supuesta transmisión de un spot de Donald Trump contra migrantes —cuya emisión fue negada por TV Azteca—, la crítica pública del gobierno ha escalado en torno a la renovación de concesiones.
Salinas Pliego ha cargado contra esas políticas fiscales y regulatorias calificándolas de motivadas políticamente. Recientemente, la televisora perdió un juicio fiscal que le obliga a pagar alrededor de 3?500 millones de pesos por adeudo de impuestos de 2009; un caso que forma parte de un expediente mayor de aproximadamente 74?000 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria reclama al conglomerado.
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