• La detención del “Guasón” muestra lo infiltrada que estaba la policía estatal
Los golpes certeros aplicados a la delincuencia organizada han logrado cambiar la narrativa que los adversarios del gobierno habían posicionado con la intención de descarrilarlo. La estrategia de combate al crimen organizado se ha enfocado más al trabajo de inteligencia que al uso de la fuerza.
La reciente captura del expolicía estatal apodado el “Guasón”, vinculado a la organización criminal que las autoridades han identificado como “La Barredora”, se dio precisamente por el seguimiento que se le dio a quien presentaron como Francisco Javier.
Se le había puesto vigilancia. Se monitoreaban sus movimientos. Así supieron que se escondía en la capital yucateca de Mérida y desde allá operaba las acciones delictivas en el estado, particularmente en esta ciudad y en la Chontalpa donde, según las autoridades, “controlaba la comercialización de drogas, extorsión a comerciantes, homicidios y agresiones a grupos rivales”.
Calificado como uno de los principales generadores de violencia en Tabasco, por lo que su arresto significó un duro golpe a su grupo delincuencial.
La información procedente de fuentes policiacas indica que fue interceptado en el kilómetro 95 de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen. Fuerzas federales y estatales cumplimentaron la orden de aprehensión que un juez giró en su contra por el delito de asociación delictuosa, más lo que se le puedan sumar.
Según la carpeta de investigación, el “Guasón” era el principal operador de Daniel Hernández Montejo, alias “Prada” y/o “H”, a quien identifican como el líder de “La Barredora”. También se ha informado que Hernán Bermúdez Requena, presunto jefe de la organización, es prófugo de la justicia, acusado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y extorsión, de acuerdo a versiones periodísticas.
Al “Guasón” se le atribuye, entre otros delitos, el asesinato de dos mujeres en noviembre del año pasado. Es toda una fichita y, lo peor, formó parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el sexenio pasado, según se dijo.
No era ni es el único que andaba metido en actividades delictivas. Era la regla, no la excepción, durante la gestión de Bermúdez Requena. La corporación estaba en manos de delincuentes, un hecho gravísimo porque no protegían a la ciudadanía, sino a sus socios mafiosos.
DESARTICULAR UNA RED
Preocupa mucho lo que dijo la autoridad acerca de los antecedentes criminales de esta sujeto, que aprovechó su carrera policial para establecer relaciones con delincuentes y cooptar a policías activos de la SSPC y de otras corporaciones policiacas.
Este dato indica que la limpia al interior de la Secretaría de Seguridad no ha terminado, que falta mucho por barrer, así como en los municipios donde se presume que igual hay uniformados metidos en actividades ilícitas.
Eso explica el porqué de las ejecuciones y actividades delictivas en municipios, principalmente en los considerados focos rojos como Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y Huimanguillo, si los sicarios actúan con toda impunidad porque se les brinda protección.
La autoridad destaca dos nombres: Blasimiro Sánchez Marín, alias “El Blas” y Efraín Luna Oliva alias “El 50” y/o “El Tostón”, policías estatales activos señalados como integrantes de la banda.
En menos de un mes se dio un giro a la inseguridad. Ahora es noticia la captura de cabecillas y el desmantelamiento de equipos de video-vigilancia instalados en diversos puntos de la ciudad y en otros municipios, como Cárdenas, mediante los cuales se vigilaban los pasos de las fuerzas de seguridad para eludirlas.
Sobre este último punto, llama la atención que la delincuencia organizada haya instalado esta red sin que nadie reparara en ello. Eso solo pudo suceder con ayuda y complicidad al interior del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, conocido como (C4).
Es difícil de creer que no se percataran si los que operan el C-4 son los ojos de la seguridad pública en las calles y puntos estratégicos de la ciudad. En manos de quién o quiénes estaba la seguridad en el estado.
En este caso se tiene que fincar responsabilidades a quienes permitieron y toleraron que organizaciones criminales controlaran las corporaciones policiacas del estado. Se trata de un hecho de extrema gravedad que ha costado muchas vidas y bienes materiales. No debe haber perdón ni olvido, sino un castigo ejemplar.
Pusieron en riesgo la integridad de los ciudadanos al dejarlos a merced de delincuentes y acabaron con la paz y la tranquilidad en el estado, y lo que es peor, ya fuera del gobierno al que nunca debieron haber llegado, siguieron azuzando la violencia para desestabilizar a un gobierno legítimamente constituido y que goza de un amplio respaldo popular.
Los golpes certeros aplicados a la delincuencia organizada han logrado cambiar la narrativa que los adversarios del gobierno habían posicionado con la intención de descarrilarlo. La estrategia de combate al crimen organizado se ha enfocado más al trabajo de inteligencia que al uso de la fuerza.
La reciente captura del expolicía estatal apodado el “Guasón”, vinculado a la organización criminal que las autoridades han identificado como “La Barredora”, se dio precisamente por el seguimiento que se le dio a quien presentaron como Francisco Javier.
Se le había puesto vigilancia. Se monitoreaban sus movimientos. Así supieron que se escondía en la capital yucateca de Mérida y desde allá operaba las acciones delictivas en el estado, particularmente en esta ciudad y en la Chontalpa donde, según las autoridades, “controlaba la comercialización de drogas, extorsión a comerciantes, homicidios y agresiones a grupos rivales”.
Calificado como uno de los principales generadores de violencia en Tabasco, por lo que su arresto significó un duro golpe a su grupo delincuencial.
La información procedente de fuentes policiacas indica que fue interceptado en el kilómetro 95 de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen. Fuerzas federales y estatales cumplimentaron la orden de aprehensión que un juez giró en su contra por el delito de asociación delictuosa, más lo que se le puedan sumar.
Según la carpeta de investigación, el “Guasón” era el principal operador de Daniel Hernández Montejo, alias “Prada” y/o “H”, a quien identifican como el líder de “La Barredora”. También se ha informado que Hernán Bermúdez Requena, presunto jefe de la organización, es prófugo de la justicia, acusado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y extorsión, de acuerdo a versiones periodísticas.
Al “Guasón” se le atribuye, entre otros delitos, el asesinato de dos mujeres en noviembre del año pasado. Es toda una fichita y, lo peor, formó parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el sexenio pasado, según se dijo.
No era ni es el único que andaba metido en actividades delictivas. Era la regla, no la excepción, durante la gestión de Bermúdez Requena. La corporación estaba en manos de delincuentes, un hecho gravísimo porque no protegían a la ciudadanía, sino a sus socios mafiosos.
DESARTICULAR UNA RED
Preocupa mucho lo que dijo la autoridad acerca de los antecedentes criminales de esta sujeto, que aprovechó su carrera policial para establecer relaciones con delincuentes y cooptar a policías activos de la SSPC y de otras corporaciones policiacas.
Este dato indica que la limpia al interior de la Secretaría de Seguridad no ha terminado, que falta mucho por barrer, así como en los municipios donde se presume que igual hay uniformados metidos en actividades ilícitas.
Eso explica el porqué de las ejecuciones y actividades delictivas en municipios, principalmente en los considerados focos rojos como Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y Huimanguillo, si los sicarios actúan con toda impunidad porque se les brinda protección.
La autoridad destaca dos nombres: Blasimiro Sánchez Marín, alias “El Blas” y Efraín Luna Oliva alias “El 50” y/o “El Tostón”, policías estatales activos señalados como integrantes de la banda.
En menos de un mes se dio un giro a la inseguridad. Ahora es noticia la captura de cabecillas y el desmantelamiento de equipos de video-vigilancia instalados en diversos puntos de la ciudad y en otros municipios, como Cárdenas, mediante los cuales se vigilaban los pasos de las fuerzas de seguridad para eludirlas.
Sobre este último punto, llama la atención que la delincuencia organizada haya instalado esta red sin que nadie reparara en ello. Eso solo pudo suceder con ayuda y complicidad al interior del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, conocido como (C4).
Es difícil de creer que no se percataran si los que operan el C-4 son los ojos de la seguridad pública en las calles y puntos estratégicos de la ciudad. En manos de quién o quiénes estaba la seguridad en el estado.
En este caso se tiene que fincar responsabilidades a quienes permitieron y toleraron que organizaciones criminales controlaran las corporaciones policiacas del estado. Se trata de un hecho de extrema gravedad que ha costado muchas vidas y bienes materiales. No debe haber perdón ni olvido, sino un castigo ejemplar.
Pusieron en riesgo la integridad de los ciudadanos al dejarlos a merced de delincuentes y acabaron con la paz y la tranquilidad en el estado, y lo que es peor, ya fuera del gobierno al que nunca debieron haber llegado, siguieron azuzando la violencia para desestabilizar a un gobierno legítimamente constituido y que goza de un amplio respaldo popular.
