LOS DE ABAJO

Injustamente se le quiere achacar el problema a la presidenta Claudia Sheinbaum

El tema de la desaparición de personas en México es profundamente polémico debido a su magnitud, complejidad y las implicaciones históricas, sociales y políticas que conlleva. Más de 120 mil personas están reportadas como desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), un número que refleja una crisis humanitaria que se agravó durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2006 bajo el gobierno de Felipe Calderón.
Esta situación ha generado indignación por varios factores: la percepción de impunidad, la falta de avances significativos en las investigaciones, las acusaciones de negligencia o complicidad de autoridades en distintos niveles de gobierno, y el dolor constante de las familias que buscan a sus seres queridos, muchas veces sin apoyo institucional adecuado.
Casos emblemáticos como los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 o el reciente hallazgo de un rancho en Teuchitlán, Jalisco, usado presuntamente como centro de exterminio por el crimen organizado, han amplificado la controversia, evidenciando fallas sistémicas y la incapacidad del Estado para prevenir y resolver estos crímenes.
La polémica también surge por el contraste entre las cifras oficiales y la realidad percibida por la sociedad civil.
Organizaciones y colectivos de búsqueda han criticado que los datos gubernamentales subestiman el problema o que las estrategias previas.
Además, el debate se intensifica por las diferencias entre desapariciones atribuidas históricamente al Estado (como en la Guerra Sucia de los años 60 y 70) y las actuales, vinculadas mayormente al crimen organizado, lo que plantea cuestionamientos sobre la responsabilidad gubernamental en ambos contextos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado el tema como una prioridad nacional. Desde marzo ha anunciado e impulsado diversas medidas para afrontar esta crisis:
Sheinbaum emitió un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), buscando ampliar su capacidad operativa con más recursos, tecnología avanzada y un enfoque en búsquedas basado en evidencia científica. También ha propuesto reforzar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para brindar mayor apoyo a los familiares.
Envió al Congreso iniciativas para reformar la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Estas incluyen la creación de una Plataforma Única de Identidad basada en el CURP (con fotografía y huellas dactilares) para agilizar alertas y localizaciones, una Base Nacional de Carpetas de Investigación que exige abrir indagatorias de inmediato tras una denuncia (sin esperar 72 horas), y un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización. También busca equiparar las penas por desaparición a las del secuestro y aumentar las sanciones.
La mandataria propuso la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de mejorar la rendición de cuentas.

NI COMPLICIDAD, NI IMPUNIDAD
En el caso de Teuchitlán, Sheinbaum ha enfatizado que no habrá impunidad, prometiendo investigaciones exhaustivas lideradas por la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo del Gabinete de Seguridad y la CNB. Ha insistido en que su gobierno no ocultará información ni construirá “verdades históricas” a los medios, diferenciándose de administraciones pasadas.
En su discurso inaugural y en conferencias posteriores, Sheinbaum ha calificado las desapariciones como una “herida profunda” en el país, reconociendo tanto el dolor de las familias como la necesidad de una respuesta estatal efectiva.
“No podemos seguir con un México donde las madres, padres y hermanos busquen solos a sus seres queridos.
Es una obligación del Estado encontrarlos y dar justicia”, dijo.
En marzo pasado, al presentar su plan para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), afirmó: “Vamos a buscar a cada persona desaparecida con todos los recursos del Estado. No habrá impunidad ni encubrimiento”.
Esta declaración vino acompañada de su énfasis en usar tecnología avanzada y coordinación entre instituciones para localizar a las personas y aclarar los casos.
Sheinbaum ha sido enfática al marcar distancia de enfoques anteriores, especialmente del caso Ayotzinapa y las “verdades históricas”.
En un evento en Jalisco tras el hallazgo del rancho en Teuchitlán, en marzo último, comentó: “No vamos a construir relatos a medias ni a esconder la verdad.
Aquí se va a investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”.
Esto fue interpretado como una crítica implícita a gobiernos anteriores.
El 15 de marzo, al anunciar la publicación mensual de cifras sobre desapariciones en su conferencia matutina, señaló: “La transparencia es el primer paso para enfrentar esta crisis.
La gente tiene derecho a saber cuántos son, dónde están y qué estamos haciendo para encontrarlos”.
Esto lo vinculó a su propuesta de una Base Nacional de Carpetas de Investigación.
En varias ocasiones, ha instalado a la sociedad ya los gobiernos estatales a trabajar juntos.
Durante un mensaje en Guerrero en febrero pasado, advirtió que “este no es un problema solo del gobierno federal; es de todos.
Necesitamos que las fiscalías locales, los gobernadores y la ciudadanía se sumen a este esfuerzo”.
Frente al aumento de desapariciones reportado en sus primeros meses, la presidenta defendió su estrategia: “No es que estemos fallando, es que estamos visibilizando lo que antes se ocultaba.
Cada caso que registramos es un paso para resolverlo”.
Ayer, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recibió a integrantes del colectivo Guerreros Buscadores, que en su mayoría son de Jalisco, para atender, por instrucción presidencial, los casos de desaparición de personas, un asunto que es tratado “como una prioridad de Estado”.