Los de abajo

- Los mecanismos instituciones con los que se cuenta deben evitarlo a toda costa para que no se afecte la legitimidad del proceso del primero de junio

La presunta participación de candidatos al Poder Judicial con posibles vínculos cuestionables, como los señalados por su relación con el crimen organizado, ha generado preocupación sobre la integridad del proceso electoral del 1 de junio de 2025.
En la conferencia matutina del martes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó las acusaciones sobre candidatos al Poder Judicial que podrían no cumplir con los requisitos constitucionales o estar vinculados con el crimen organizado.
Afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será el encargado de decidir si estos candidatos pueden participar en la elección.
Sheinbaum señaló que, en caso de que se presenten pruebas suficientes, los candidatos cuestionados podrían ser excluidos antes del 1 de junio, incluso si ya están en las boletas. También mencionó que cualquier error en la selección de candidatos por parte de los comités de evaluación, integrados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, representa un “porcentaje menor” y debe ser corregido.
Las acusaciones han generado críticas y desconfianza entre algunos sectores de la población, como se refleja en publicaciones periodísticas y en redes sociales, las cuales sugieren no votar por candidatos provenientes del Poder Judicial debido a la falta de información confiable sobre ellos.
Analistas han señalado que el proceso enfrenta un riesgo de abstencionismo debido a la apatía ciudadana y la dificultad para entender los cargos y candidatos, lo que podría agravarse si persisten dudas sobre la idoneidad de los aspirantes.
La percepción de que candidatos con vínculos delincuenciales podrían participar, podría erosionar aún más la legitimidad del proceso.
El INE y el TEPJF tienen mecanismos para garantizar la transparencia y legalidad del proceso. Por ejemplo, el INE ha habilitado la plataforma “Conóceles”, donde los ciudadanos pueden revisar los perfiles, propuestas y antecedentes de los candidatos, lo que podría mitigar la falta de información de la que se han quejado tanto candidatos como por los ciudadanos.
Las resoluciones del TEPJF, que deben emitirse a más tardar el 28 de agosto, podrían invalidar la participación de candidatos que no cumplan con los requisitos, asegurando que los resultados finales reflejen solo a aquellos elegibles.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha establecido canales para que la ciudadanía denuncie irregularidades durante las campañas, lo que podría limitar el impacto de los candidatos cuestionados.
Con 99,7 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, la participación masiva podría diluir el impacto de candidaturas controvertidas si los votantes optan por candidatos con trayectorias sólidas. Sin embargo, este escenario es poco probable, dada el escaso interés mostrado hasta ahora por los ciudadanos a poco más de un mes de que se realicen los comicios del primero de junio.
Sin embargo, la complejidad del proceso en el que participan 3 mil 422 candidatos para 881 cargos federales y elecciones locales en 19 estados) y la falta de campañas tradicionales, sin financiamiento público o privado y con restricciones en propaganda, podrían dificultar que los ciudadanos identifiquen a los candidatos idóneos, aumentando el riesgo de que contendientes cuestionados obtengan votos por desconocimiento.
Los candidatos no pueden recibir financiamiento público o privado, están limitados a actividades como entrevistas, debates equitativos y propaganda biodegradable, lo que reduce la capacidad de que reciban recursos ilícitos para influir masivamente en los votantes.
La observación electoral, abierta a ciudadanos y organizaciones acreditadas por el INE, garantiza un escrutinio adicional del proceso. La intervención del TEPJF y la revisión de los comités de evaluación pueden corregir errores en la selección de candidatos, como lo sugirió Sheinbaum.
Si no se hace esa corrección y se elimina a los candidatos cuestionados podría afectar la percepción de legitimidad del proceso electoral del 1 de junio, especialmente si no se resuelven las acusaciones de manera transparente y oportuna.
No obstante, los mecanismos institucionales, TEPJF, INE y FGR, y la supervisión ciudadana pueden mitigar el impacto en los resultados finales y asegurar que solo los candidatos elegibles asuman los cargos.
El mayor riesgo es el abstencionismo y la falta de información, que podrían amplificar el peso de candidaturas controvertidas si los votantes no están bien informados. Para minimizar este impacto, es crucial que los ciudadanos utilicen herramientas como la plataforma “Conóceles” del INE y participen activamente en la jornada electoral.