Los de abajo

*Lamentable, que se haya dejado escalar el conflicto en el tecnológico de Los Ríos

Dirimir un conflicto estudiantil con el uso de la fuerza pública, es una mala señal. Quiere decir que las autoridades educativas encargadas de atender la problemática no fueron capaces de atender las demandas de estudiantes y maestros del Tecnológico de Los Ríos.
También era tarea de la Secretaría de Gobierno, como encargada de la política interna, desactivar la protesta estudiantil y magisterial a través del diálogo. Puede hablarse de la intransigencia de la contraparte, pero a la autoridad le corresponde desactivar los conflictos. Hay poder y hay derecho.
Alguien dejó que el conflicto escalara cuando era su responsabilidad resolver este asunto; se ha salido de control y ahora amenaza con estigmatizar a un gobierno comprometido con no reprimir al pueblo.
La mañana del miércoles, antimotines y elementos de la Guardia Nacional desalojaron a los manifestantes que mantenían bloqueada la entrada a la cabecera municipal de Balancán, donde se encuentran las instalaciones del tecnológico, luego de no encontrar, según han dicho, una respuesta positiva a sus exigencias.
En el desalojo, hubo estudiantes golpeados, según testimonios difundidos en redes sociales, conflicto del que han pretendido sacar raja política el PRI y el PRD, cuyos dirigentes con su verborrea azuzaron a los manifestantes para que radicalizaran su protesta a fin de golpear políticamente al gobierno de Javier May Rodríguez.
Lo ocurrido ayer en Balancán sienta un mal precedente. Tenemos un gobierno que se mantiene cercano al pueblo. Las autoridades educativas responsables no pudieron resolver el conflicto por la vía del diálogo y los acuerdos. Fallaron.
Su incapacidad es manifiesta y eso ha traído problemas y serias consecuencias. Hicieron el ridículo con el supuesto acuerdo con los gremios magisteriales para cambiar el día de descanso obligatorio por el primero de mayo a fin de alargar el puente hasta el cinco de mayo. Tuvieron que enmendar.
URGE UN CONTROL DE DAÑOS
Cuando falla el diálogo y se recurre a la fuerza pública para resolver un conflicto estudiantil, como en el caso del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos en Balancán, se desencadenan una serie de consecuencias sociales, políticas, educativas y psicológicas que suelen agravar la situación en lugar de resolverla.
El uso de la fuerza pública intensifica la confrontación. Los estudiantes y docentes, que buscaban ser escuchados, perciben la intervención de policías como una agresión, lo que refuerza su indignación y radicaliza sus acciones, lo que puede derivar en más bloqueos o protestas.
Este hecho polariza a la comunidad de Balancán: una parte apoya a los manifestantes por considerar la represión injusta, mientras otra critica las protestas por las molestias causadas por el bloqueo de la carretera Balancán-Villahermosa.
El conflicto en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, plantel Balancán, tuvo como principales causas una serie de denuncias estudiantiles y magisteriales contra el director del plantel, Iván Arturo Pérez Martínez, por presuntos actos de corrupción, acoso y mal manejo administrativo.
Como cabeza de sector del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, no se tiene evidencia de que la Secretaría de Educación de Tabasco haya intervenido activamente para investigar las acusaciones, dialogar con los manifestantes o proponer soluciones antes de la intervención policial.
Esta inacción pudo haber permitido que el conflicto escalara, pasando de un plantón pacífico a un bloqueo de carretera y, finalmente, a un enfrentamiento violento. Reprobable desde cualquier punto de vista.
Se requiere liderazgo y capacidad para gestionar conflictos educativos, lo que es especialmente grave dado que la SETAB tiene la responsabilidad de supervisar la calidad y estabilidad de las instituciones educativas en Tabasco.
La falta de una investigación pública para atender estas denuncias, como una auditoría, pudo haber sido interpretada por los manifestantes como negligencia, incrementando su frustración y justificando medidas más drásticas, como el bloqueo de la carretera Balancán-Villahermosa.
La SETAB tiene el mandato de garantizar la transparencia y la calidad educativa.
Como entidad responsable del sector educativo, debe liderar esfuerzos de mediación, involucrando a actores neutrales o representantes estudiantiles, para evitar la escalada. Sostienen los críticos que su aparente ausencia en este proceso sugiere una desconexión con la comunidad educativa y una delegación de la resolución del conflicto a las fuerzas de seguridad. El camino es la política. Como decía AMLO: política hasta el cansancio, en la perseverancia.