Los de abajo

El conflicto en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR) en Balancán, ha sido aprovechado por el PRI y el PRD para posicionarse políticamente frente al gobierno de Morena, encabezado por el gobernador Javier May Rodríguez.
Estos partidos, debilitados en el estado, han buscado capitalizar las protestas de estudiantes y maestros, quienes exigen mejoras en el plantel y la destitución del ex rector Iván Arturo Pérez Martínez por presunta corrupción.
El diputado federal priista Erubiel Alonso Que, oriundo de Balancán, ha jugado un papel en la manipulación política del movimiento estudiantil y magisterial. Según informes, ha ayudado a los líderes del movimiento a radicalizar sus acciones para presionar al gobierno estatal, desvirtuando una protesta que inicialmente tenía demandas legítimas.
Esta estrategia busca debilitar políticamente a Morena, pero refleja un enfoque oportunista que prioriza el crédito electoral sobre la resolución del conflicto. Esta actitud demuestra también que no les interesan los estudiantes ni los maestros sino escalar el problema para tratar de acorralar al llamado “Gobierno del Pueblo”.
El pasado 7 de mayo, un operativo policial desalojó a los manifestantes que bloqueaban la carretera Balancán-Villahermosa, lo que generó críticas del PRI y el PRD. El PRI, a través de su dirigencia estatal, condenó el desalojo como un acto de represión, acusando al gobierno de no privilegiar el diálogo.
Esta postura intenta proyectar al partido como defensor de los derechos estudiantiles, aunque su historial de prácticas autoritarias en Tabasco, donde gobernó hasta 2012, limita su credibilidad. Ya sabemos de qué pie cojean los dirigentes priistas.
Por su parte, el PRD ha exigido la destitución del exdirector Iván Arturo Pérez Martínez, y ha cuestionado el uso de la fuerza, pero no ha propuesto soluciones concretas para abordar los problemas que enfrenta el ITSR. Su intervención refleja un intento de recuperar relevancia en un estado donde tuvo influencia en los años 90 y 2000, pero donde perdió fuerza tras el ascenso de Morena y su cercanía con el PRI y el PAN y su alejamiento de las bases y el abandono de las causas sociales que en el pasado le dieron fuerza y presencia.
El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, intervino directamente en el conflicto, acusando al líder sindical del ITSR de buscar el control del instituto y de manipular a los estudiantes para mantener el bloqueo, incumpliendo un acuerdo de reabrir el plantel a cambio de una auditoría.
López Obrador justificó el desalojo argumentando que el bloqueo afectaba a ciudadanos, empresarios y personas con emergencias médicas. Anunció una auditoría a la administración del ITSR y la designación de Mari Carmen Bravo Guzmán como directora general, en sustitución de Pérez Martínez, puede ayudar a estabilizar la situación; el gobierno estatal, dijo, no protegerá a nadie que actúe al margen de la ley.
La narrativa oficial busca reposicionar el conflicto como un problema generado por intereses sindicales, desmarcándose de las acusaciones de represión. Sin embargo, la falta de diálogo previo y la intervención policial han dado argumentos a la oposición para polarizar el debate.
RECLAMOS LEGÍTIMOS, INTERESES ELECTOREROS
El PRI y el PRD, que formaron alianzas electorales en Tabasco en 2021 y 2024, enfrentan una crisis de credibilidad y militancia. Su intervención en el conflicto del ITSR es un intento de capitalizar el descontento social, pero su limitada influencia en el estado, donde Morena domina, reduce su impacto.
El PRI, que perdió el control de Balancán en 2018, busca recuperar apoyo en ese municipio y la región de los Ríos, mientras que el PRD intenta revitalizar su imagen de izquierda, empañada por alianzas con el PAN y el PRI en el pasado.
La intervención de ambos partidos es reactiva y carece de propuestas integrales para resolver los problemas del ITSR, como la falta de recursos o la deficiente gobernanza.
Al calificar el desalojo como represión, contribuye a polarizar el conflicto, pero su enfoque sugiere que su prioridad es el beneficio político, no la solución de las demandas estudiantiles. La manipulación de los líderes del movimiento por parte de figuras como Erubiel Alonso Que evidencia cómo los intereses partidistas han desvirtuado una protesta legítima, afectando la legitimidad de las demandas originales.