Los de abajo

Los críticos que hoy acusan al gobierno de Javier May Rodríguez de represor parecen haber olvidado los siete casos de represión documentados durante la gestión de Adán Augusto López Hernández (2019-2021).
Desde el inicio de la actual administración, adversarios políticos y detractores han orquestado una campaña de desestabilización, aprovechando cualquier error para atacar al gobernador. Sin embargo, sus críticas carecen de sustento y responden más a prejuicios clasistas que a un análisis objetivo.
Estos detractores, que se burlan del origen humilde de May como si ellos fueran de alcurnia, magnifican los problemas de Tabasco, especialmente la inseguridad, pero omiten señalar a quienes permitieron la proliferación de drogas y la entrada de delincuentes durante gobiernos anteriores.
Curiosamente, guardaron silencio cuando Adán Augusto, Carlos Merino o el entonces secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena —señalado como mafioso por inteligencia militar—, gobernaban. No hubo cartas entonces al mandatario ni pronunciamientos en los medios.
La hipocresía es evidente en figuras mediáticas y periodistas que, tras beneficiarse de nóminas opacas en el pasado, ahora critican con vehemencia solo porque no han obtenido prebendas.
Algunos, que han dejado de lado rigor profesional, se alían con grupos que perdieron el poder y buscan recuperarlo a cualquier costo, incluso pactando con intereses cuestionables. Estos mismos actores inundan las redes con injurias, amparados en una supuesta libertad de expresión, mientras mantienen al gobierno en un virtual estado de sitio.
El reciente desalojo de estudiantes que bloquearon el acceso a Balancán ha sido comparado, de manera exagerada, con la represión de 1968, como si los tabasqueños ignoraran la historia.
Esta “magnificación” contrasta con el silencio ante las políticas represivas de Adán Augusto, como la “Ley Garrote” de 2019, que restringió el derecho a la protesta y fue aprobada en un proceso opaco, con debate limitado y respaldo casi unánime del Congreso.
Organizaciones de derechos humanos la criticaron, pero no hubo una condena unificada, en parte por la influencia de Adán Augusto y su cercanía con López Obrador.
Durante su gobierno, se reprimieron al menos siete protestas, incluidas dos en Villahermosa en 2019, donde la policía utilizó gas lacrimógeno contra trabajadores que exigían pagos y mejores condiciones laborales.
Según el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB), el primer caso documentado ocurrió en enero de 2019, cuando burócratas bloquearon una avenida en Villahermosa para protestar por cambios en sus tarjetas de despensa. Unos 200 policías desalojaron a los manifestantes, según el reporte del organismo.
En ese entonces, Leonor Ramírez, directora de la organización, destacó otro incidente: “Padres de familia se manifestaron porque sus hijos no fueron admitidos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Enviaron 300 antimotines, aunque no había ni 100 manifestantes”. Este desproporcionado despliegue de fuerza refleja la respuesta del gobierno a las protestas ciudadanas en el estado.
En octubre de ese año, antimotines dispersaron una manifestación de maestros frente al Palacio de Gobierno, dejando tres heridos. En 2020, otro bloqueo de docentes del SNTE resultó en cinco detenciones temporales.
En Dos Bocas, una protesta de trabajadores en agosto de 2019 dejó cuatro detenidos, acusados ??bajo la “Ley Garrote”, y en diciembre, proveedores de Pemex fueron desalojados con gas lacrimógeno en la carretera Villahermosa-Cárdenas, con seis arrestos.
La represión persistió bajo Carlos Merino, sucesor de Adán Augusto, con un caso notable en 2022, cuando una protesta magistral dejó a un maestro gravemente herido. La falta de críticas contundentes a Adán Augusto en su momento, comparada con la amplificación de los incidentes bajo May, revela un doble rasero.
El caso Balancán reavivó las críticas, pero la selectividad de quienes hoy denuncian, mientras callaron ante los excesos de Adán Augusto, evidencia motivaciones políticas más que un compromiso genuino con la justicia. La memoria es frágil cuando conviene, pero los tabasqueños no olvidan. Más claro, ni el agua.