- Cuando se utilizan los micrófonos con fines políticos
El papel de los medios de comunicación en la cobertura del desalojo de estudiantes en el Instituto Tecnológico de los Ríos en Balancán, ha estado marcado por motivaciones políticas, más que por un genuino afán periodístico de informar a la ciudadanía de los hechos, se advierte un sesgo que magnifica y distorsiona el conflicto.
La pugna en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, involucra protestas estudiantiles y magisteriales que inicialmente exigían la renuncia del director y posteriormente se ampliaron a la dimisión de todo el personal administrativo.
Esto evidencia que, en el fondo, lo que se buscaba era generar conflicto y escalarlo, no en resolver las demandas de los inconformes. Inclusive, la nueva directora, Mari del Carmen Bravo Guzmán, señaló la posible intervención de “actores políticos” que se benefician del conflicto, porque lo que les interesa es mantener vigente esta problemática.
Ella no los mencionó por su nombre, pero sabemos a quienes se refirió: al diputado federal del PRI, Erubiel Alonso Que, y a los dirigentes estatales de ese partido, Miguel Barrueta, y del PRD-Tabasco, Rafael Acosta León, quienes tienen metidas no solo las manos sino todo el cuerpo.
Según lo publicado en medios, en el desalojo de un plantón estudiantil se utilizó gas lacrimógeno por parte de agentes estatales y la Guardia Nacional, lo que generó protestas y denuncias, incluyendo una contra el gobernador de Tabasco, Javier May, por presunta represión.
Este escenario, marcado por tensiones entre estudiantes, autoridades educativas y el gobierno estatal, ofrece un terreno fértil para que los medios de comunicación influyan en la percepción pública. Sin embargo, la cobertura puede variar desde un enfoque informativo hasta uno sensacionalista o políticamente sesgado.
Encabezados como “Reprime Tabasco plantón estudiantil” o “Disuelven plantón estudiantil en Tabasco con gas lacrimógeno” destacan el uso de fuerza, lo que puede generar una percepción de represión desproporcionada sin ofrecer suficiente contexto sobre las circunstancias, por ejemplo, si hubo violencia previa por parte de los manifestantes o negociaciones fallidas.
La denuncia del diputado federal priista en contra el gobernador Javier May, por “represión estudiantil” evidencia que el conflicto se ha politizado, y los medios que amplifican esta narrativa contribuyen a convertir este asunto en una herramienta de ataque político.
En un contexto de polarización política en México, los medios pueden alinearse con ciertos partidos o actores para atacar al gobierno en turno, especialmente en un estado gobernado por Morena. El conflicto se utiliza como arma política contra el gobernador Javier May.
Como señaló la directora Bravo Guzmán, “actores políticos” podrían estar manipulando el conflicto, y los medios que amplifican sus narrativas sin cuestionarlas se convierten en instrumentos de estas estrategias.
CUESTIÓN D
ENFOQUES…Y
OBJETIVOS
Al presentar el desalojo como un acto de represión, los medios buscaron exacerbar las tensiones entre la población, los estudiantes y el gobierno, dificultando una solución negociada, y para dañar la imagen del mandatario y presentarlo como represor, sin serlo.
En redes sociales se llegó a afirmar sin ninguna evidencia clara y contundente, que el gobierno de Javier May quiere silenciar a los medios, en especial a los que mantienen una actitud crítica hacia su gestión.
Inclusive un “periodista” ha denunciado una presunta amenaza por parte de funcionarios de la Secretaría de Gobierno, y quien según su dicho, le pidieron que le “bajara” a sus críticas al gobierno, sin aportar ni una sola prueba más que su palabra de que en verdad haya recibido esa amenaza, la cual, hay que decirlo, no tiene ningún valor probatorio por sus antecedentes de chantaje y extorsión periodística.
En ese sentido, si la cobertura mediática se percibe como sesgada, los medios pierden credibilidad. Por ejemplo, la acusación de “silenciamiento” alimenta la percepción de censura, mientras que los titulares exagerados erosionan la confianza en el periodismo.
La falta de contexto sobre las demandas estudiantiles o las acciones de la dirección del instituto puede llevar a malentendidos, como asumir que el conflicto es únicamente una cuestión de represión y no de problemas que deben resolverse al interior de la institución.
Los informes se centran en el desalojo y las acusaciones contra el gobierno, pero ofrecen pocos detalles sobre las demandas estudiantiles, las respuestas de la dirección o el contexto de las protestas.
Por ejemplo, no se aclara por qué las demandas pasaron de la renuncia del director a la de todo el personal administrativo. Ese cambio repentino se dio después de que un grupo de estudiantes y docentes se reunió con el legislador federal y los dirigentes priista y perredista.
El papel de los medios de comunicación en la cobertura del desalojo de estudiantes en el Instituto Tecnológico de los Ríos en Balancán, ha estado marcado por motivaciones políticas, más que por un genuino afán periodístico de informar a la ciudadanía de los hechos, se advierte un sesgo que magnifica y distorsiona el conflicto.
La pugna en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, involucra protestas estudiantiles y magisteriales que inicialmente exigían la renuncia del director y posteriormente se ampliaron a la dimisión de todo el personal administrativo.
Esto evidencia que, en el fondo, lo que se buscaba era generar conflicto y escalarlo, no en resolver las demandas de los inconformes. Inclusive, la nueva directora, Mari del Carmen Bravo Guzmán, señaló la posible intervención de “actores políticos” que se benefician del conflicto, porque lo que les interesa es mantener vigente esta problemática.
Ella no los mencionó por su nombre, pero sabemos a quienes se refirió: al diputado federal del PRI, Erubiel Alonso Que, y a los dirigentes estatales de ese partido, Miguel Barrueta, y del PRD-Tabasco, Rafael Acosta León, quienes tienen metidas no solo las manos sino todo el cuerpo.
Según lo publicado en medios, en el desalojo de un plantón estudiantil se utilizó gas lacrimógeno por parte de agentes estatales y la Guardia Nacional, lo que generó protestas y denuncias, incluyendo una contra el gobernador de Tabasco, Javier May, por presunta represión.
Este escenario, marcado por tensiones entre estudiantes, autoridades educativas y el gobierno estatal, ofrece un terreno fértil para que los medios de comunicación influyan en la percepción pública. Sin embargo, la cobertura puede variar desde un enfoque informativo hasta uno sensacionalista o políticamente sesgado.
Encabezados como “Reprime Tabasco plantón estudiantil” o “Disuelven plantón estudiantil en Tabasco con gas lacrimógeno” destacan el uso de fuerza, lo que puede generar una percepción de represión desproporcionada sin ofrecer suficiente contexto sobre las circunstancias, por ejemplo, si hubo violencia previa por parte de los manifestantes o negociaciones fallidas.
La denuncia del diputado federal priista en contra el gobernador Javier May, por “represión estudiantil” evidencia que el conflicto se ha politizado, y los medios que amplifican esta narrativa contribuyen a convertir este asunto en una herramienta de ataque político.
En un contexto de polarización política en México, los medios pueden alinearse con ciertos partidos o actores para atacar al gobierno en turno, especialmente en un estado gobernado por Morena. El conflicto se utiliza como arma política contra el gobernador Javier May.
Como señaló la directora Bravo Guzmán, “actores políticos” podrían estar manipulando el conflicto, y los medios que amplifican sus narrativas sin cuestionarlas se convierten en instrumentos de estas estrategias.
CUESTIÓN D
ENFOQUES…Y
OBJETIVOS
Al presentar el desalojo como un acto de represión, los medios buscaron exacerbar las tensiones entre la población, los estudiantes y el gobierno, dificultando una solución negociada, y para dañar la imagen del mandatario y presentarlo como represor, sin serlo.
En redes sociales se llegó a afirmar sin ninguna evidencia clara y contundente, que el gobierno de Javier May quiere silenciar a los medios, en especial a los que mantienen una actitud crítica hacia su gestión.
Inclusive un “periodista” ha denunciado una presunta amenaza por parte de funcionarios de la Secretaría de Gobierno, y quien según su dicho, le pidieron que le “bajara” a sus críticas al gobierno, sin aportar ni una sola prueba más que su palabra de que en verdad haya recibido esa amenaza, la cual, hay que decirlo, no tiene ningún valor probatorio por sus antecedentes de chantaje y extorsión periodística.
En ese sentido, si la cobertura mediática se percibe como sesgada, los medios pierden credibilidad. Por ejemplo, la acusación de “silenciamiento” alimenta la percepción de censura, mientras que los titulares exagerados erosionan la confianza en el periodismo.
La falta de contexto sobre las demandas estudiantiles o las acciones de la dirección del instituto puede llevar a malentendidos, como asumir que el conflicto es únicamente una cuestión de represión y no de problemas que deben resolverse al interior de la institución.
Los informes se centran en el desalojo y las acusaciones contra el gobierno, pero ofrecen pocos detalles sobre las demandas estudiantiles, las respuestas de la dirección o el contexto de las protestas.
Por ejemplo, no se aclara por qué las demandas pasaron de la renuncia del director a la de todo el personal administrativo. Ese cambio repentino se dio después de que un grupo de estudiantes y docentes se reunió con el legislador federal y los dirigentes priista y perredista.
