LOS DE ABAJO

El conflicto en el Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos (ITSR), en Balancán, Tabasco, que ha generado tensiones desde abril de 2024, fue abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.
La mandataria respondió a una pregunta sobre la presunta “represión” sufrida por estudiantes el pasado miércoles, cuando elementos antimotines y de la Guardia Nacional desalojaron un bloqueo en la entrada de la cabecera municipal, aparentemente por órdenes del exdirector del ITSR, Iván Arturo Pérez Martínez.
Sheinbaum expresó su desacuerdo con el uso de la fuerza para disolver la protesta, recordando su experiencia como líder estudiantil y enfatizando que el diálogo debe prevalecer. Sin embargo, evitó responsabilizar directamente al gobernador Javier May, como parecía sugerir la pregunta, y atribuyó la acción a una decisión de un “mando policial”.
Además, destacó que el gobernador ya está atendiendo el asunto, promoviendo el diálogo para evitar que este tipo de incidentes se repita.
La pregunta, sin embargo, careció de contexto, dejando la impresión de que el gobierno estatal desatendió las demandas de estudiantes y docentes, optando por la fuerza.
En realidad, desde el desalojo hasta el domingo pasado, las partes reanudaron negociaciones, se destituyó a Pérez Martínez y se alcanzaron acuerdos clave.
El gobierno de Tabasco se comprometió a retirar las demandas relacionadas con el conflicto, garantizando que no habrá represalias contra los líderes del movimiento. Desde el lunes, se instaló una mesa de diálogo con la participación de las secretarías de Gobierno y Educación, estudiantes, docentes y padres de familia, con el objetivo de concluir exitosamente el ciclo escolar.
El conflicto en el ITSR tuvo su origen en una causa legítima: estudiantes y maestros denunciaron malos manejos administrativos y presuntas conductas indebidas de Pérez Martínez, incluyendo acusaciones de acoso sexual que no fueron investigadas oportunamente.
La designación de Pérez Martínez como director en 2019, por el entonces secretario de Educación, Guillermo Narváez Osorio, fue un evidente pago de favores políticos por su apoyo a la campaña de Adán Augusto López en 2018, a pesar de carecer de trayectoria académica.
Este nombramiento, heredado por la administración anterior, resultó costoso, ya que las denuncias de irregularidades no fueron atendidas con prontitud, permitiendo que el conflicto escalara.
El problema se agravó al politizarse, con grupos opositores aprovechando el movimiento para desgastar al gobierno actual.
En conferencia de prensa, el gobernador Javier May señaló la presencia de intereses políticos y “grupos desestabilizadores” que promovieron el bloqueo e incluso incitaron a los manifestantes a preparar bombas molotov.

PRI Y PAN,
OPORTUNISTAS CON ASOCIADOS
El conflicto trasciende las demandas estudiantiles y refleja una pugna de poder entre el gobierno actual y el grupo político derrotado en las elecciones de 2024, con la complicidad de ciertos medios y actores opositores.
Surge la pregunta: ¿por qué se tardó tanto en remover a Pérez Martínez, un pesado lastre del gobierno anterior?
También resulta llamativo el manifiesto de un grupo de historiadores, encabezado por Héctor Valencia Reyes, que condena la “represión” en el ITSR, pero guarda silencio ante otras problemáticas, como los despidos injustificados de docentes en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), el deterioro de los servicios médicos o las políticas arbitrarias de su rectoría, como el encarcelamiento de un profesor que se atrevió a denunciar los malos manejos del fondo de pensiones.
Ahí sí, como decía López Obrador, han callado como momias, ahí no hay pronunciamientos enérgicos ni elevan la voz para denunciar lo que está pasando en la UJAT.
Hay quienes, eso sí, como el profesor Joel Vasconcelos deslindó la crítica desde la izquierda de las acciones oportunistas de dirigentes políticos como los del PRI y del PRD, que buscan solo sacar raja política de un conflicto que, en el fondo, les resulta ajeno.
Esta selectividad evidencia un oportunismo que, al igual que ciertos líderes del PRI y PRD, busca capitalizar políticamente un conflicto ajeno.
En conclusión, el caso del ITSR revela no solo la necesidad de una gestión más eficiente y transparente en las instituciones educativas, sino también los riesgos de que conflictos legítimos sean manipulados por intereses políticos.
El diálogo y los acuerdos alcanzados son un paso adelante, pero queda pendiente garantizar que las denuncias de fondo, como las acusaciones de acoso y corrupción, sean investigadas a fondo para evitar que este tipo de crisis se repitan.