Los de abajo

- Decomiso histórico por fuerzas federales de combustible robado, una ilícita actividad que fue protegida por policías y funcionarios en el sexenio pasado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó ayer de un hecho trascendente: el decomiso de un millón 500 mil litros de combustible robado, conocido como huachicol, en dos inmuebles ubicados en Comalcalco.
Se trata del mayor decomiso realizado hasta ahora por las fuerzas federales y estatales en territorio tabasqueño, una ilícita actividad que registró un repunte el año pasado de mil por ciento de acuerdo a versiones periodísticas con base a informes de Petróleos Mexicanos.
No solo encontraron esa enorme cantidad de combustible robado, sino también maquinaria para procesar el crudo. Las imágenes difundidas por el jefe policiaco federal muestran una enorme cantidad de bidones donde se almacenaba el combustible robado y procesado.
Esto es, el Cártel del Huachicol disponía de toda una infraestructura para realizar el robo de hidrocarburo sin que nadie se percatara de ese ilegal proceder. Habría que saber quién o quiénes son los dueños de esos predios donde se procesaba y almacenaba la ordeña de ductos.
El huachicoleo es una actividad lucrativa para el crimen organizado que, sin duda, impacta en la seguridad, la economía y la infraestructura petrolera del estado. Es un serio problema que no ha podido ser resuelto del todo en la entidad por la complicidad de policías y funcionarios, principalmente en el sexenio pasado.
Tabasco ha sido históricamente un punto estratégico para el robo de combustible debido a su infraestructura petrolera, con ductos de Petróleos Mexicanos que atraviesan municipios como Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco y Centro.
De acuerdo a informes oficiales, hasta el 2022 se estimaba que los grupos criminales extraían a nivel nacional 5 mil 700 barriles diarios de combustible, entre los estados afectados se incluye Tabasco.
El año pasado, Pemex reportó un aumento del 10.4% en el robo de petrolíferos a nivel nacional, impulsado por el crecimiento del mercado ilícito. Aquí se tienen informes de inteligencia militar que refieren que el combustible robado se vende en Tabasco, Veracruz y en ciudades del norte del país.
El huachicol genera pérdidas de miles de millones de pesos a Pemex, dinero ilícito que sirve para financiar a grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que según las autoridades federales fortalece sus actividades de extorsión, narcotráfico y lavado de dinero.
En 2022 Pemex logró recuperar 122.3 millones de dólares en ingresos gracias a medidas contra el huachicoleo, pero sigue enfrentando costos por reparación de ductos y operativos.
En el mercado negro, el litro de combustible robado se vende a bajo precio, que puede ir de 2,50 a 4 pesos, en algunos casos llega a tener un costo de 17 pesos, de cualquier forma, es menor que el energético que expenden las gasolineras, lo que distorsiona la economía local y fomenta la corrupción.
Las tomas clandestinas representan un peligro para la población debido al riesgo de explosiones y derrames. En Tabasco, las técnicas rudimentarias de extracción han generado incidentes en el pasado.
La corrupción dentro de Pemex y autoridades locales facilita el huachicoleo. Informes periodísticos han señalado que funcionarios y policías han recibido sobornos de entre 15 mil y 100 mil pesos para proteger a grupos criminales.
Aunque en enero de 2023 se reportaron solo tres tomas clandestinas en Tabasco, el aumento reportado por Reforma de un 1,095% en el robo de combustible de 2023 a 2024 sugiere un repunte en la actividad, posiblemente ligado a la reestructuración de grupos criminales tras la captura de líderes locales.
La diversificación del crimen organizado hacia el robo de gas LP, con pérdidas anuales de 20 mil millones de pesos para Pemex, también afecta a Tabasco, aunque en menor medida que en Puebla o Veracruz.
Los informes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (CERFI), dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), han proporcionado información crítica sobre la colusión entre autoridades y grupos criminales en Tabasco, incluyendo el robo de combustible.
Al menos cinco informes de inteligencia militar producidos entre 2019 y 2022 señalan a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como presunto líder de una célula del CJNG conocida como La Barredora, dedicada al robo de combustible.
También se le vinculó con Benjamín Mollinedo Montiel (“El Pantera”), un líder huachicolero arrestado en septiembre de 2021.
Otros dos mandos policiacos, José del Carmen Castillo Ramírez, excomisionado de la policía estatal, y Leonardo Arturo Leyva Ávalos, exdirector general de la corporación, fueron señalados en los informes del CERFI como parte de La Barredora, implicados en actividades de huachicoleo y en la liberación de miembros del crimen organizado a cambio de sobornos.
Un informe del CERFI fechado el 30 de agosto de 2022 detalló que los tres funcionarios mencionados formaban parte de una red dentro del gobierno de Tabasco que colaboraba con el CJNG, facilitando el robo de combustible y otras actividades criminales, como la liberación de prisioneros a cambio de pagos.
Los informes concluyeron que esta corrupción tuvo un impacto directo en la lucha contra el crimen organizado, al permitir que las operaciones de huachicoleo continuaran con protección oficial. De eso nada dijeron los medios que ahora atacan y cuestionan al llamado “Gobierno del Pueblo”. Jamás se ha referido a esos informes la estación radial que mes con mes les abría los micrófonos a los gobernantes anteriores. Guardó absoluto silencio.