Las relaciones entre México y Estados Unidos han estado históricamente marcadas por tensiones derivadas de la asimetría de poder, la cooperación en temas de seguridad y el comercio.
Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, estas tensiones se han intensificado debido a su agenda de mano dura contra el narcotráfico, la migración y el comercio con México.
La administración Trump ha utilizado herramientas como aranceles, restricciones de visas y designaciones de cárteles como organizaciones terroristas para presionar a México, buscando que el gobierno de Sheinbaum adopte medidas más agresivas contra el crimen organizado y la migración.
Por su parte, Sheinbaum, quien asumió la presidencia en octubre de 2024, ha mantenido una postura de defensa de la soberanía nacional, heredada de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Esta postura se basa en rechazar cualquier forma de injerencismo estadounidense, promoviendo la cooperación bilateral bajo términos de respeto mutuo y responsabilidades compartidas. Sin embargo, las presiones de Estados Unidos han generado desafíos políticos tanto a nivel interno como en la relación bilateral.
Estados Unidos ha intensificado su narrativa de que México no hace lo suficiente para combatir el narcotráfico, especialmente en relación con el tráfico de fentanilo, que ha causado una crisis de sobredosis en territorio estadounidense.
La administración Trump ha adoptado medidas concretas para presionar a México.
En febrero pasado, la Casa Blanca incluyó a seis cárteles mexicanos, incluido el Cártel de Sinaloa, en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.
Esta designación, respaldada por el decreto ejecutivo 14.157, busca justificar acciones más agresivas contra el narcotráfico, pero también ha sido interpretada por México como un pretexto para posibles intervenciones en su territorio.
Sheinbaum ha respondido con firmeza, afirmando que “con México es colaboración, no injerencismo” y propuso reformas constitucionales para restringir la actuación de agencias extranjeras sin autorización mexicana.
El gobierno estadounidense ha calificado como “intolerable” la supuesta relación entre los cárteles y las autoridades mexicanas, una acusación que Sheinbaum ha rechazado como “ofensiva, difamatoria y sin sustento”.
Según informes, Washington no se conforma con la extradición de capos del narcotráfico, como los 29 entregados, y busca que México actúe contra políticos de Morena y otros funcionarios con presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que no han sido probadas ni se ha presentado una sola evidencia que avalen sus dichos.
Sheinbaum ha contrarrestado estas presiones y señalado la responsabilidad de Estados Unidos en la crisis del fentanilo, que el consumo masivo de drogas en ese país y el tráfico de armas hacia México son factores que Washington no aborda con suficiente seriedad.
También ha enfatizado los avances mexicanos, como la reducción del 41.5% en las incautaciones de fentanilo en la frontera en febrero de 2025, según datos de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza del propio gobierno estadounidense con lo que se echa por tierra la postura estadounidense.
El intento de gravar 5 por ciento las remesas que migrantes envías a sus familias, que afecta no solo a México sino a varios países, entre ellos, la India, el mayor receptor a nivel internacional, es otra medida adicional que ejerce presión sobre el gobierno de Sheinbaum.
Por ahora ese intento ha sido frenado en una comisión legislativa del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, es un riesgo latente.
La posibilidad de incluir a las remesas también ha sido mencionada en el Congreso mexicano, donde los diputados han rechazado propuestas para imponer impuestos internos a estas transferencias, argumentando que afectaría a las familias más vulnerables.
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Una de las herramientas más visibles de presión de Estados Unidos ha sido la revocación de visas a políticos mexicanos, particularmente a figuras de Morena, bajo sospechas de vínculos con el narcotráfico.
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y su esposo, Carlos Torres, perdieron sus visas estadounidenses.
La gobernadora afirmó que la decisión estaba relacionada con “una situación” de su cónyuge y negado haber cometido irregularidades.
Sheinbaum respaldó a Ávila, cuestionando la falta de transparencia de Estados Unidos y exigiendo explicaciones, ya que el Departamento de Estado calificó el asunto como “privado”.
Las presiones de Estados Unidos sobre Claudia Sheinbaum en temas de narcotráfico, remesas y cancelación de visas reflejan una estrategia de la administración Trump para forzar la colaboración de México en sus prioridades de seguridad y migración.
Estas presiones han colocado a Sheinbaum en una posición delicada, obligándola a navegar entre la defensa de la soberanía, la estabilidad política interna y la necesidad de mantener una relación funcional con su principal socio comercial.
Su respuesta ha combinado firmeza, cooperación selectiva y diplomacia, buscando mitigar las tensiones sin ceder a lo que percibe como injerencismo.
El éxito de Sheinbaum dependerá de su capacidad para mantener la cohesión de su partido, negociar con Estados Unidos desde una posición de fuerza y demostrar resultados concretos en seguridad y bienestar para los mexicanos.
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