El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, identificó a las organizaciones criminales dedicadas al huachicol en Tabasco: “La Barredora” y un “remanente” del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Esos grupos delincuenciales que en el sexenio pasado florecieron como hongos, son los responsables del robo, traslado y almacenamiento en los predios asegurados y otros más que sirven para sus actividades ilícitas.
El jefe policiaco confirmó, tres años después, lo que decían los informes de inteligencia elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Región Sureste, acerca del involucramiento en este negocio ilícito de La Barredora, comandada en ese tiempo por el extitular de la SSPC estatal, Hernán Bermúdez Requena, cuyo paradero se desconoce desde que se giró orden de aprehensión en su contra, según versiones periodísticas.
Esos informen dieron cuenta en su momento de que, desde la SSPC tabasqueña se protegía a los huachicoleros, que se simulaba su combate o solo se perseguía al grupo contrario que le disputaba el control de la ordeña de ductos en territorio estatal.
No hay manera de negarlo, como en su tiempo lo hizo Bermúdez Requena y otros actores políticos, entre ellos un exsecretario de Estado, mencionados en esos informes. Decían que era falso, que no había ninguna investigación en su contra. Aquí se sabía de sobra quiénes estaban metidos en el negocio, los que recibían esas ganancias ilícitas.
El daño que le hicieron a Tabasco fue incalculable. Lo dicen los decomisos históricos de huachicol registrados hasta la fecha: más de 16 millones de combustible robado en nueve meses de gestión presidencial y gubernamental, lo que esa cifra representa en ganancias mal habidas al comercializar el energético robado en el marcado gasolinero de Tabasco, Veracruz y en el norte del país, y pérdidas para Petróleos Mexicanos (PEMEX).
En el primer trimestre de este año, la empresa petrolera reportó pérdidas por 5 mil 471 millones de pesos, un incremento del 17.4% respecto al mismo periodo de 2024, cuando las pérdidas fueron de 4 mil 659 millones de pesos.
Esto equivale a una pérdida diaria de aproximadamente 56,7 millones de pesos en el primer bimestre de 2025.
El año pasado, las pérdidas por robo de combustible ascendieron a mil 224 millones de dólares, aproximadamente 24 mil 480 millones de pesos, considerando un tipo de cambio aproximado de 20 pesos por dólar.
En 2023, ascendieron a 13 mil 700 millones de pesos, con un promedio de 15 mil barriles robados diariamente, un aumento de 22.2% respecto a los 12 mil barriles por día registrados en el 2022.
Se estima que, en el sexenio pasado, las pérdidas acumuladas por huachicol alcanzaron los 7 mil 102 millones de dólares, unos 142 mil 40 millones de pesos), equivalente a casi 50 mil millones de pesos en cinco años.
Estas cifras reflejan el impacto significativo del robo de combustible en las finanzas de Pemex, agravado por la participación de grupos delictivos y, en algunos casos, la presunta complicidad de empleados y autoridades.
TOPE CON QUIEN TOPE
A pesar de esfuerzos como la vigilancia de ductos y la implementación de sistemas de trazabilidad, el problema persiste, afectando tanto a Pemex como a las finanzas públicas, por la complicidad de funcionarios, policías coludidos con el crimen organizado, en cuya vinculación participan también empresarios.
Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que se combatirá el huachicol hasta sus últimas consecuencias, tópese con lo que se tope, y advirtió que si hay funcionarios o empresarios implicados en este ilícito se les sancionará con todo el peso de la ley.
“Lo que den las investigaciones, hasta donde den. No vamos a proteger a nadie, a nadie. Nosotros queremos erradicar por completo este delito”, dijo en su conferencia matutina del martes pasado.
En nueve meses, el Gabinete de Seguridad federal ha decomisado 70 millones de litros de combustible robado. Tan solo el lunes pasado, se logró asegurar 15 millones de huachicol, lo constituye el mayor golpe asestado a los grupos criminales que están detrás de este delito en lo que va de esta administración federal.
A esa suma se añade el decomiso de casi un millón de litros en Veracruz el martes último. En el gobierno del expresidente López Obrador se avanzó en el combate a este ilícito, pero como dice la presidenta, se requiere realizar mayores esfuerzos para acabar de tajo con esta actividad delictiva.
“Nosotros vamos a trabajar con mucha unidad y discreción para seguir con las investigaciones y la información que se va generando. En cuanto se tenga información, se avance en las investigaciones y haya detenciones, ya el gabinete de seguridad puede mostrar vínculos, pero mientras siga la investigación no puede revelarse”, señaló la mandataria.
La Secretaría de Energía y Pemex desarrollan una estrategia preventiva basada en vigilar la trazabilidad de cada pipa o contenedor de combustible.
A través de un código QR se sabrá de dónde sale el combustible, sea importado o de una refinería de Pemex, quién y cómo se transporta, y hasta su destino final en algún punto de venta o almacenamiento.
Si hay una pipa en una carretera que no tiene identificación y no tiene la trazabilidad y transporta combustible, de inmediato tiene sanción administrativa. Y aparte toda la investigación penal que se está desarrollando.
Es decir, no dejarán ni un cabo suelto en esta tarea de acabar de una vez por todas con el huachicol en el país, principalmente en los estados donde más se comete este delito, entre los que figura Tabasco.
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