La admisión de Ismael "El Mayo" Zambada de haber sobornado a policías, militares y políticos en México podría incrementar la presión de Estados Unidos sobre México. Por lo pronto, ya causó revuelo en el país.
Esa confesión lo hizo durante la declaración de culpabilidad del cofundador del Cártel de Sinaloa, ante la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico.
El capo, que se inició en el negocio de las drogas en 1969, leyó una carta donde admitió los delitos de los que se le acusa en la Corte del Distrito Este de Nueva York, con la intención de salvar la pena de muerte, pero con el riesgo de que termine haciéndole compañía al “Chapo” Guzmán si le decretan, en enero de 2026, la cadena perpetua.
Al declararse culpable, Zambada evita un proceso judicial largo y mediático, como el que enfrentó a su exsocio Joaquín "El Chapo" Guzmán. Esto reduce la exposición pública de los detalles de sus actividades criminales y las posibles revelaciones sobre redes de corrupción o conexiones políticas, a pesar de lo que haya dicho en su carta.
Aunque se especula que Zambada podría proporcionar información valiosa sobre el Cártel de Sinaloa, redes de narcotráfico o corrupción en México, su abogado, Frank Pérez, ha declarado que el acuerdo no incluye una obligación de cooperar con las autoridades. Esto significa que, al menos oficialmente, no está comprometido a delatar a otros miembros del cártel o funcionarios corruptos.
“El Mayo” admitió haber pagado sobornos a policías, militares y políticos en México, lo que refuerza las acusaciones de corrupción sistémica del gobierno mexicano. Sin embargo, su decisión de no cooperar limita activamente el alcance de nuevas revelaciones.
La confesión de Zambada confirma lo que Estados Unidos ha señalado durante años: que el narcotráfico en México está profundamente entrelazado con la corrupción en instituciones gubernamentales y de seguridad.
Esto podría dar más peso a las demandas de Washington para que México intensifique sus esfuerzos contra la corrupción y el narcotráfico, especialmente en un contexto donde el tráfico de fentanilo, atribuido en gran parte al Cártel de Sinaloa, es una prioridad para Estados Unidos.
Estados Unidos podría usar esta admisión para justificar medidas más duras, como sanciones económicas, restricciones de cooperación bilateral o mayor escrutinio sobre medidas funcionarios mexicanos bajo leyes como la Ley Magnitsky, que permite sancionar a individuos involucrados en corrupción o violaciones de derechos humanos.
Además, el gobierno estadounidense podría presionar para que México acelere reformas en sus instituciones de seguridad y justicia, o incluso para que permita una mayor intervención de agencias como la DEA en territorio mexicano, algo que históricamente ha generado tensiones.
Aunque Zambada admitió los sobornos, su acuerdo con la fiscalía estadounidense no incluye una obligación de cooperar proporcionando nombres específicos o detalles sobre los funcionarios involucrados.
Esto limita, por ahora, la capacidad de Estados Unidos para señalar directamente a figuras políticas o militares mexicanos, lo que podría moderar el alcance de la presión. Sin embargo, si Zambada decide compartir información adicional de manera voluntaria, podría desencadenar investigaciones más específicas y aumentar las fricciones bilaterales.
Hay que decirlo claramente, sobre todo porque el PRI y el PAN quieren hacernos creer que el narcotráfico floreció con los gobiernos de Morena y eso es una soberana falsedad. Ahí están los antecedentes.
Los sobornos a políticos y militares admitidos por Ismael "El Mayo" Zambada ocurrieron principalmente durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), que abarcan las décadas en las que capo consolidó su poder dentro del Cártel de Sinaloa.
SOBORNÓ DURANTE MEDIO SIGLO
Dado que Zambada operó desde los años 70 hasta su captura en 2024, sus actividades de soborno se extienden a lo largo de múltiples administraciones, incluyendo los gobiernos del PRI (hasta 2000 y de 2012 a 2018) y del PAN (2000-2012).
Zambada ha admitido haber pagado sobornos a policías, militares y políticos mexicanos durante más de cinco décadas, según el acuerdo de culpabilidad presentado en la Corte del Distrito Este de Nueva York.
Esto implica que sus actividades de corrupción abarcaron principalmente los gobiernos del PRI, como los de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo o Enrique Peña Nieto, y del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Por ejemplo, durante el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2019, testigos como Alex Cifuentes mencionaron presuntos pagos millonarios a funcionarios de alto nivel, incluido el expresidente Peña Nieto, aunque estas acusaciones no fueron probadas formalmente.
Hasta el momento, no hay evidencia pública ni declaraciones específicas de Zambada que vinculen directamente a funcionarios del gobierno de Morena (2018-2024, bajo Andrés Manuel López Obrador, o 2024 en adelante, con Claudia Sheinbaum) con los sobornos.
Sin embargo, la oposición ha intentado especular sobre posibles vínculos con Morena para desgastar al gobierno actual, a pesar de que las actividades de Zambada abarcan un periodo mucho más amplio y no necesariamente implican al partido en el poder.
La presidenta ha insistido en que cualquier declaración de Zambada que implique a México o a funcionarios mexicanos debe estar respaldada por pruebas concretas y ser procesada a través de la FGR, siguiendo un procedimiento legal establecido. Ha declarado que no se tomarán conclusiones apresuradas sin evidencia verificable, mostrando una postura de prudencia frente a posibles acusaciones de corrupción.
Ha dicho además que no hay inquietud en su gobierno por lo que Zambada pueda revelar en su audiencia, sugiriendo confianza en que cualquier información proporcionada por el capo no tendrá un impacto desestabilizador sin un proceso legal adecuado. Esta postura minimiza la percepción de que las declaraciones de Zambada podrían buscar generar una crisis política en México, lo cual está lejos de ocurrir, porque el jefe de jefes del narco a quiénes mayormente sobornó fue a políticos y militares en las épocas en los que gobernaban el PRI y el PAN.
Sólo que ahora, como la senadora Lily Téllez, se quieren victimizar y acusar a Morena de estar coludido con el narco, cuando les pasa lo mismo que a Carlitos Way: su pasado los condena.
