Para entender la seguridad en Tabasco, es necesario distinguir entre un estado que reacciona y un estado que colude. La narrativa de la oposición, que intenta equiparar los recientes disturbios tras la caída de "El Mencho" con la crisis de años anteriores, se desmorona ante la evidencia: mientras que hoy la violencia es una reacción externa a la eficacia del Estado, en el pasado fue la consecuencia directa de una entrega pactada de la plaza.
El contraste entre administraciones es demoledor. Durante el periodo de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, la inseguridad no era una falla del sistema, sino su diseño.
Según informes de inteligencia militar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue entregada a Hernán Bermúdez Requena, quien operaba como el brazo ejecutivo de "La Barredora".
Bajo ese mando, el gobierno no combatía al crimen porque el gobierno era el crimen. Esa complicidad permitió que la violencia escalara sin freno hasta 2024, con bloqueos que duraban horas ante la pasividad de autoridades que miraban hacia otro lado mientras los homicidios se disparaban.
La llegada de la administración de Javier May y la implementación de la FIRT Olmeca en marzo de 2025 marcaron un punto de quiebre estadístico y operativo que la oposición prefiere ignorar. Las cifras del Gobierno Federal y el INEGI documentan una realidad alterna a la del sexenio pasado.
El desplome de la letalidad
En febrero de 2025, Tabasco registraba un promedio de 3.21 homicidios diarios; para enero de 2026, esa cifra se hundió a 0.97. Estamos hablando de una reducción del 70% en la violencia letal, un logro impensable cuando las patrullas estaban al servicio del "Comandante H".
Mientras que la administración anterior acumuló reportes de colusión, la estrategia actual ha mantenido un promedio de 4.7 detenciones diarias. El "músculo" del Estado hoy se traduce en más de 150 extorsionadores fuera de circulación, golpeando el corazón financiero de los grupos que antes operaban bajo el amparo del poder.
La diferencia en la respuesta ante los eventos del pasado domingo es la prueba final de este cambio de mando. En el pasado, una crisis de este tipo habría paralizado al estado por días; hoy, el despliegue inmediato de 2 mil elementos permitió que, aunque hubo actos vandálicos de propaganda criminal, el control territorial nunca se perdiera.
La captura de delincuentes en flagrancia —con "ponchallantas" y equipos de comunicación— es algo que simplemente no ocurría cuando la policía y los criminales compartían la misma nómina.
Por ello, la comparación que intenta la oposición resulta técnica y políticamente errónea. Los incidentes de este domingo —quemar vehículos como acto de propaganda— son la respuesta desesperada de estructuras mermadas ante un evento de alcance nacional.
A diferencia de la parálisis y la sensación de abandono del sexenio anterior, el gobierno de Javier May demostró una capacidad de respuesta inmediata: los focos de violencia fueron sofocados con rapidez, hubo detenciones en flagrancia y, lo más importante, no se perdió el control territorial.
Tabasco ha pasado de ser un estado a merced de sus propios guardianes a uno que, con inteligencia y fuerza operativa, logra contener las réplicas del narcotráfico nacional. Lo del domingo no fue un síntoma de debilidad local, sino la prueba de que hoy existe una autoridad que, a diferencia de sus antecesores, ya no comparte la mesa con quienes pretenden sembrar el miedo.
El desafío es que la sociedad se comprometa a acompañar los esfuerzos para mantener la paz y la seguridad; evitar que delincuentes disfrazados de servidores públicos asalten los cargos de gobierno; que los propios empresarios sean socialmente responsables y que encaminemos a Tabasco en la ruta de poner fin a la simulación de quienes esperan la oportunidad de volver a tomar la entidad como patrimonio. Con Javier May se tiene una oportunidad que no debe desaprovecharse. Es también su oportunidad histórica.
