En la política, como en el periodismo, existe una máxima ineludible: la credibilidad se construye con pruebas, no con decibelios. Sin embargo, la dirigencia del PRD en Tabasco parece haber olvidado este principio básico, optando por una estrategia que raya en la desesperación: la de lanzar acusaciones de gravedad extrema al aire, esperando que el ruido sea suficiente para suplir la ausencia total de evidencias.
La reciente embestida contra la Secretaría de Movilidad (Semovi) es el ejemplo más nítido de esta decadencia discursiva. Al señalar una presunta red de venta de concesiones para financiar las campañas de Morena en 2027, el sol azteca no solo ha activado el ventilador de la sospecha, sino que lo ha hecho sin un solo documento, grabación o comprobante que respalde su narrativa. Es, en esencia, la política del "borregazo" elevada a estrategia de partido.
No es casualidad que el epicentro de esta denuncia sea el municipio de Cárdenas. La conexión entre los supuestos denunciantes y el entorno de Rafael Acosta León sugiere que estamos más ante una operación de facciones locales que ante un verdadero ejercicio de fiscalización ciudadana.
El PRD ha intentado disfrazar un conflicto de intereses regional como una trama de corrupción de estado, pero el disfraz es tan delgado que las costuras políticas se notan a simple vista.
El partido, que alguna vez fue el motor de las causas sociales en la entidad, hoy parece reducido a un altavoz de chismes de pasillo. Al basar una denuncia pública únicamente en "dichos" asentados en un escrito, el PRD traiciona su propia historia.
La gravedad de acusar a una dependencia de financiar campañas electorales con dinero ilícito exige una responsabilidad proporcional; hacerlo sin sustento es, sencillamente, una irresponsabilidad que envilece el debate público y confunde al ciudadano.
El riesgo de la irrelevancia
La respuesta del titular de la Semovi, Rafael Elías Sánchez Cabrales, fue puntual al desmitificar la jerarquía del "villano" en esta historia. Resulta que el presunto operador del fraude no es un funcionario con poder de decisión ni un estratega financiero del partido en el poder, sino un recepcionista sin facultades administrativas.
Este detalle no es menor: desmonta la teoría de una "red institucional" y coloca el asunto en la dimensión de un posible abuso individual, el cual ya está siendo investigado por las vías legales correspondientes.
Lo que el PRD no parece entender es que, al gritar "lobo" cada vez que el calendario electoral se asoma, está cavando su propia fosa de irrelevancia. La ciudadanía tabasqueña es políticamente madura y sabe distinguir entre la denuncia valiente y el pataleo de quien se sabe derrotado de antemano para el 2027.
Lo que queda claro tras esta semana de señalamientos es que el PRD ha decidido jugar sus cartas más agresivas para mantenerse vigente en la conversación pública. Pero en el periodismo y en la política de altura, la verdad no se construye con adjetivos, sino con hechos.
Mientras el sol azteca no presente pruebas, su denuncia seguirá pareciendo un eco del pasado tratando de asaltar el futuro. Por otro lado, la Semovi tiene ahora la oportunidad de demostrar que el combate a la corrupción es una práctica diaria y no solo una respuesta reactiva ante el ruido de la oposición.
En Tabasco, el camino hacia 2027 ya comenzó a pavimentarse, y parece que estará lleno de baches, acusaciones y una lucha encarnizada por la narrativa del "buen gobierno". La pregunta es quién llegará con las manos limpias al final del trayecto.
Si el PRD quiere ser tomado en serio como una oposición real y no como una caricatura de sí mismo, debe elevar el estándar de sus señalamientos. La corrupción se combate con expedientes en mano, no con comunicados de prensa redactados al vapor.
Mientras sigan apostando por el dedo flamígero sin el rigor de la prueba, sus acusaciones seguirán terminando donde terminan hoy: en el ruido mediático de un día y en el olvido social del siguiente. Tabasco merece una oposición que fiscalice con inteligencia, no una que difame por desesperación.
