El panorama político mexicano se encuentra nuevamente bajo el asedio de una narrativa que busca, a través de la confusión y la omisión, vincular a la administración actual con el crimen organizado.
El diario Reforma publicó este lunes en su primera plana una nota que asegura que, en el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador, se entregaron 20 permisos a la empresa Operadora Clie, vinculada a la familia de Hernán Bermúdez Requena.
Sin embargo, detrás del titular escandaloso, el propio texto del reportero admite en el séptimo párrafo que dicha entrega no respondió a una voluntad política, sino a un mandato judicial inapelable de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La intención de este tipo de reportes, replicados con celeridad por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) —históricamente financiada por el Departamento de Estado estadounidense—, es clara: construir la percepción de un Estado cómplice.
No obstante, la Secretaría de Gobernación, hoy encabezada por Rosa Icela Rodríguez, ha sido enfática: hasta la fecha, ninguno de esos establecimientos ha iniciado operaciones. Más aún, las investigaciones demuestran que los casinos que sí operaban, como el Centenario y el Diamante (suspendidos apenas el pasado 14 de abril), lo hacían con permisos otorgados en 2017 bajo la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.
Aquí en Tabasco es revelador que quienes hoy señalan con el dedo omitan el historial de sus propios referentes políticos. Adán Augusto López Hernández, en su etapa como secretario de Gobernación, otorgó una ampliación de vigencia hasta 2039 a la empresa Pur Umazal Tov, cuyos proveedores principales pertenecen a Humberto Bermúdez Requena, hermano del exjefe policial y presunto líder de la organización criminal “La Barredora”.
El propio Bermúdez Requena, conocido como "El Abuelo", enfrenta hoy una potencial condena de hasta 158 años de prisión en el penal de máxima seguridad del Altiplano, procesado por desaparición forzada, extorsión y secuestro.
Este golpeteo interno se alinea de forma sospechosa con las presiones externas. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, ha adoptado una postura de franca injerencia al anunciar campañas anticorrupción que pretenden fiscalizar a políticos mexicanos.
LOS CÍNICOS DAN LECCIONES
Resulta paradójico que Washington pretenda dar lecciones de integridad cuando su propio presidente, Donald Trump, enfrenta severos cuestionamientos. Informes de medios como The New Yorker y analistas financieros han señalado que la fortuna de la familia Trump aumentó en 4 mil millones de dólares en un solo año, coincidiendo con "bandazos" sospechosos en el mercado financiero que sugerirían el uso de información privilegiada.
La hipocresía se extiende a su gabinete. Mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, es señalado por intentar realizar inversiones masivas en empresas de armamento apenas semanas antes de escaladas bélicas, el sistema judicial estadounidense mantiene en la impunidad las redes de pederastia vinculadas al caso Jeffrey Epstein, donde abundan nombres de la élite política y empresarial de ese país.
Candil de la calle, oscuridad en su casa. México no es más el patio trasero donde se dictan políticas desde el extranjero. Estas campañas, que buscan debilitar la soberanía aprovechando la revisión del pacto comercial, se toparán con la postura firme de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como ella misma ha dejado claro en sus recientes declaraciones: la soberanía nacional no es moneda de cambio y a México se le respeta.
