Ante la reacción virulenta de actores políticos que han intentado capitalizar el incendio en la Nave 1 del recinto ferial —suceso que enlutó a cinco familias de expositores foráneos—, surge una pregunta recurrente: ¿Alguien los tomará en serio?
Seguramente su círculo cercano y los detractores habituales del gobierno estatal lo harán, pero más allá de ese segmento, es difícil que alguien les siga la corriente.
Sus posturas no son genuinas ni auténticas; son interesadas y oportunistas. Se erigen como defensores del pueblo sin que nadie les haya otorgado ese título y, mucho menos, sin habérselo ganado.
Hablan como si fueran ejemplos de honestidad y rectitud, asumiendo una autoridad moral inexistente para enjuiciar y repartir culpas a diestra y siniestra.
Es el caso del diputado federal priista Erubiel Alonso Que, quien señaló directamente a los titulares de Turismo, SOTOP y Protección Civil, exigiendo su destitución inmediata.
No conforme con ello, arremetió contra el gobernador Javier May Rodríguez, exigiéndole que pida licencia en lugar de "lavarse las manos". Todo esto mientras aseguran, irónicamente, que no buscan politizar la desgracia.
En la misma línea, su compañera de partido, Mari Carmen García May, afirmó sin prueba alguna que la escena del siniestro fue alterada para borrar huellas de supuestas negligencias.
De manera temeraria, la secretaria general del PRI estatal sostuvo que la limpieza del lugar se realizó con celeridad para ocultar fallas eléctricas o falta de equipo contra incendios, cuestionando la transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGET).
Se trata de señalamientos ligeros e irresponsables. El área permanece acordonada debido a que el peritaje no ha concluido; por lo tanto, sus afirmaciones no son más que una patraña.
No es un comportamiento extraño: acostumbran mentir sin rubor. Carentes de proyectos, no encuentran otra vía que descalificar al adversario y responsabilizarlo de todo.
En contraste, el "Gobierno del Pueblo" no ha rehuido su responsabilidad. La ha asumido plenamente, actuando de inmediato y absorbiendo el costo de la tragedia. Se brindó apoyo económico, emocional e institucional a las familias de los fallecidos y a los expositores afectados.
De hecho, desde este viernes comenzaron a entregarse los apoyos económicos prometidos. El gobierno ha dado la cara. No existe una indignación social genuina por lo ocurrido, por más que la oposición lo desee; por ello, sus condenas públicas caen por su propio peso.
Lo mismo ocurre con el membrete llamado Frente Cívico Nacional, una agrupación que ni es frente, ni es cívica, ni es nacional. Son un puñado de oportunistas unidos por una animadversión patológica contra los gobiernos de Morena.
En esa asociación militan personajes que calumnian diariamente al gobernador, como la excandidata Lorena Beaurregard de los Santos, quienes han pedido cancelar la feria alegando falta de seguridad.
Su postura choca frontalmente con la de los propios expositores, quienes solicitaron que, pese al dolor por las pérdidas humanas, la fiesta debe continuar.
El jueves pasado, los organizadores se reunieron con comerciantes y expositores para tomar una decisión consensuada. Acordaron la continuidad del evento con ajustes y mayores medidas de seguridad. Así es como se actúa: con responsabilidad y diálogo, no por ocurrencias o caprichos políticos.
