Los de abajo

La persistente embestida digital que busca encasillar a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum bajo el rótulo de un "narco gobierno" ha dejado de ser una simple manifestación de descontento político para convertirse en una estrategia de desestabilización coordinada de alto diseño.
 

Desde las plataformas sociodigitales, colectivos y cuentas automatizadas vinculadas al entorno del empresario televisivo Ricardo Salinas Pliego alimentan diariamente una narrativa de colapso institucional.
 

Esta fábrica de posverdad encuentra una caja de resonancia inmediata en medios de comunicación corporativos y columnistas alineados con la derecha tradicional mexicana. No estamos ante un debate democrático o una crítica legítima a las políticas públicas; nos encontramos frente a una sofisticada operación de guerra sucia orientada a fabricar un expediente de infundios diseñado para el consumo de las agencias de inteligencia y los sectores más intervencionistas de los Estados Unidos.
 

La lógica detrás de esta campaña es tan peligrosa como transparente. Ante la incapacidad crónica de los partidos de oposición para articular una propuesta atractiva y reconquistar el poder a través de las urnas, la vía electoral ha sido sustituida por el boicot informativo y el ruego de la injerencia extranjera.
 

El objetivo final no es convencer al electorado mexicano, al cual ya dan por perdido tras sus sucesivas derrotas, sino convencer a Washington de que México es un Estado fallido. Al propagar la idea de que el Ejecutivo Federal está coludido con el crimen organizado, estos grupos buscan que el gobierno estadounidense asuma el rol de tutor político o aplique sanciones que asfixien la economía nacional, pavimentando así el camino para un retorno al poder que el voto popular les ha negado de manera contundente.
 

Sin embargo, este diseño propagandístico tropieza de frente con la cruda realidad del mapa de la seguridad en el país, desnudando la profunda hipocresía de quienes promueven el pánico moral en internet.
 

El verdadero peligro de la infiltración criminal y la delincuencia organizada no se gesta en las políticas de bienestar del Gobierno Federal, sino en las estructuras locales donde la vieja política regional se aferra a sus privilegios y negocios.
 

DEFENDER LA SOBERANÍA
 

El ejemplo más nítido y reciente de esta contradicción es la grave acusación que pesa sobre el subsecretario del sistema penitenciario de Chihuahua, Ricardo Fernández Acosta, señalado como presunto socio de una empresa proveedora que trabaja directamente para las operaciones financieras del Cártel de Sinaloa, según el diario El Universal.
 

Este caso resulta emblemático porque expone la doble moral del bloque conservador. Mientras sus voceros y plataformas digitales culpan al Gobierno Federal de cada hecho delictivo en el territorio, guardan un silencio sepulcral ante las evidencias de corrupción y complicidad estructural en los estados gobernados por su propia facción, como es el caso de Chihuahua.
 

La realidad demuestra que la porosidad de los cuerpos policiales, los mandos operativos y las redes de proveeduría gubernamental en el ámbito local son los verdaderos dinamitadores de la paz pública.
 

La estrategia de culpar exclusivamente al centro del país sirve como una cortina de humo para encubrir las redes de impunidad económica y criminal que operan bajo los amparos de los gobiernos estatales de derecha.
 

Esta disonancia expone la quiebra ética de una élite empresarial y política que se niega a aceptar los tiempos de la transformación democrática.
 

Quienes claman por una intervención externa, utilizando el dolor legítimo de las víctimas de la violencia para sus fines facciosos, están incurriendo en una traición a la soberanía nacional. Intentar subordinar el destino de México a las presiones de agencias extranjeras con tal de recuperar sus antiguos privilegios fiscales y políticos es el acto de mayor desesperación de una oligarquía desplazada.
 

La soberanía de México no puede ser la moneda de cambio de un sector que, al no poder gobernar con votos, pretende hacerlo mediante el sabotaje digital y la tutela imperial.