La delgada línea entre la legítima defensa de un gremio y el chantaje abierto al Estado parece haberse borrado en Tabasco.
En las últimas semanas, la Comisión de Ganadería de la Canaco Servytur Villahermosa ha emprendido una agresiva ofensiva que, bajo el cobijo de la "defensa de los pequeños productores", esconde una exigencia sumamente alarmante: la desaparición del arete SINIIGA.
El aretado obligatorio no es un capricho burocrático, ni un invento para ralentizar el comercio. Es, en esencia, la columna vertebral de la trazabilidad bovina en México; una herramienta indispensable para frenar el devastador tráfico de ganado robado e ilegal que asedia la frontera con Centroamérica.
Eliminar este control no solo abriría las compuertas al contrabando y al abigeato a gran escala, sino que pondría en jaque el estatus sanitario de todo el país, destruyendo mercados internacionales en un abrir y cerrar de ojos.
Sin embargo, los líderes de la Canaco Villahermosa, encabezados políticamente por Manuel Miranda y Cristian Emanuel Jerónimo, han optado por la retórica de la confrontación radical.
Han amenazado con la "desobediencia civil" y la "rebeldía", condicionando la paz social a una tregua de tres meses con el SINIIGA para la entrega inmediata de identificadores.
Por ello, resulta reveladora la virulencia con la que los líderes de la cámara empresarial han reaccionado ante las declaraciones de la titular de la SEDAP, Luisa del Carmen Cámara, quien simplemente puso el dedo en la llaga al señalar que la eliminación del control solo beneficia a quienes operan fuera de la ley.
La indignación de la CANACO Villahermosa, que ahora exige disculpas públicas rasgándose las vestiduras en nombre de "450 pequeños productores", parece más una cortina de humo para ocultar los verdaderos hilos políticos que mueven esta insurrección.
En los pasillos de la política tabasqueña cobra cada vez más fuerza la presunción de que detrás de esta radicalización ganadera se encuentra la sombra del senador Adán Augusto López Hernández.
Tras haber perdido la hegemonía y el control del estado al no consolidarse su grupo político en la actual gubernatura, el exsecretario de Gobernación parece empeñado en operar una estrategia de desestabilización sistemática.
Utilizar sectores estratégicos y económicamente sensibles como el ganadero para descarrilar la gobernabilidad local se ha convertido en el manual perfecto para socavar al nuevo grupo en el poder y tratar de forzar una negociación que le devuelva la influencia perdida.
LA BARREDORA SEMOVIENTE
Esta resistencia a los controles fronterizos y sanitarios no es nueva, sino el síntoma de un mal sistémico que se cultivó en el pasado inmediato. Es imposible olvidar que el robo y tráfico de ganado florecieron de manera impune en la entidad bajo la gestión de Hernán Bermúdez Requena al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y de Nicolás Bautista Obando en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Durante ese periodo, las denuncias de los productores se topaban con una pared de complicidad gubernamental e inacción judicial, permitiendo que bandas criminales operaran rutas libres para movilizar semovientes sin documentos auténticos.
Hoy en día, con Bermúdez Requena procesado y recluido en un penal federal, queda claro que el desorden institucional y la debilidad en los puntos de verificación no eran descuidos, sino un esquema diseñado para el libre tránsito ilegal.
Es innegable que el actual gobierno enfrenta fallas operativas legítimas: la lentitud en la entrega de aretes por parte del SINIIGA y la falta de tacto o apertura al diálogo de las dependencias estatales asfixian económicamente a los rancheros honestos.
Sin embargo, una cosa es exigir ventanillas ágiles, oficinas móviles o inspectores capacitados —lo cual es totalmente válido— y otra muy distinta es usar eso de pretexto para desmantelar los controles sanitarios del estado.
Ceder ante el chantaje de la CANACO y eliminar el aretado pecuario no solucionará la crisis del campo; por el contrario, consagraría la impunidad fronteriza que añoran los grupos de interés y consumaría el boicot político que se orquesta desde las sombras. El gobierno local no debe doblar las manos ante amagos que huelen más a revancha partidista que a justicia agraria.
