La captura de uno de los presuntos responsables del atraco a un cuentahabiente en la sucursal de BBVA de Plaza Altabrisa, en Villahermosa, y la rápida respuesta de las autoridades ante los disturbios provocados por la delincuencia durante el traslado de nueve reos del penal de la capital al de Huimanguillo, demuestran que el estado ya no tolera la operación impune de grupos criminales, como ocurría durante la gestión del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez. Requena.
Estos hechos representan avances tácticos concretos y evidencian que la autoridad ha retomado el control del territorio, en contraste con el período anterior en el que los grupos criminales operaban con impunidad en las calles de Villahermosa y otras regiones de la entidad.
El asalto al cuentahabiente, del que le despojaron un millón 600 mil pesos, no quedó impune.
Según informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en tiempo récord se logró identificar a los responsables, capturar a uno de ellos, asegurar dos vehículos y recuperar 300 mil pesos del dinero robado.
El sistema de monitoreo del C-4 ha resultado clave tanto en la resolución de este caso como en la contención de los desmanes registrados la noche del jueves. Tras el robo en Plaza Altabrisa, las corporaciones policiales lograron la ubicación inmediata y captura de un presunto implicado, así como el aseguramiento de vehículos y el dinero sustraído.
El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, confirmó la rapidez de la reacción. Este caso, sumado a la reciente detención de ocho asaltantes de comercios mediante el uso coordinado de cámaras del C-4 y drones, demuestra que las salas de monitoreo ya no son “elefantes blancos” y que existe un canal de comunicación efectivo y en tiempo real con las patrullas en campo.
Durante la administración pasada (2019-2024), la tardanza recurrente en la reacción policial, la desaparición de delincuentes en zonas con amplia cobertura de cámaras y la huida oportuna de células delictivas generaron una fuerte percepción de filtraciones internas.
Esta sospecha se confirma con las investigaciones federales y locales que derivaron en la captura de Bermúdez Requena en Paraguay en septiembre de 2025.
El proceso penal en su contra, en el que la Fiscalía de Tabasco solicitó una pena histórica de 154 años de prisión por delitos como delincuencia organizada y secuestro, señala que el exfuncionario presuntamente fungía como líder del grupo criminal “La Barredora”.
Bajo esa estructura de complicidad institucional, los sistemas de radiocomunicación y monitoreo no solo fallaban: eran utilizados estratégicamente para filtrar información (“pitazos”) a los delincuentes y garantizar su impunidad.
A esto se sumó el descubrimiento, en enero de 2024, de un centro de monitoreo clandestino (C-4 ilegal) operado por la delincuencia en Playas del Rosario, equipado con antenas y cámaras que vigilaban los movimientos de las fuerzas de seguridad.
Mientras el C-4 oficial presentaba “fallas técnicas” o retrasos constantes, el sistema paralelo de la delincuencia operaba las 24 horas para darles ventaja logística.
La actual administración de Javier May Rodríguez ha impulsado la transición hacia un C-5, argumentando que el antiguo sistema estaba corrompido y obsoleto.
EFICACIA CONTRA IMPUNIDAD
Con la purga de mandos vinculados a la gestión anterior y el procesamiento de Bermúdez Requena en el penal del Altiplano, el gobierno afirma que el sistema de cámaras ha recuperado su cadena de mando legítima, permitiendo respuestas efectivas como la del caso de Plaza Altabrisa.
Durante los más de cuatro años que Hernán Bermúdez estuvo al frente de la SSPC, Tabasco registró un alto volumen de robos a transeúntes y cuentahabientes, la mayoría sin resolver.
Las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado (FGE) eran mera formalidad: casi ninguna prosperaba. A pesar de operativos preventivos como “Acompañante Seguro”, las denuncias de filtraciones desde el interior de bancos y corporaciones eran constantes.
Hacia el final de la administración de Carlos Manuel Merino Campos, los robos violentos repuntaron y detonaron una crisis de seguridad. En esos años, las estadísticas de la FGE mostraron entre 1,200 y más de 2,000 carpetas de investigación anuales por delitos de alto impacto que terminaban archivadas, especialmente en la capital.
Al inicio de la administración actual, se implementó una estrategia focalizada en la desarticulación completa de bandas dedicadas al robo de cuentahabientes.
En enero de 2025, tras el homicidio de un empresario, se logró la captura de varias células delictivas que operaban en Villahermosa.
De acuerdo con los balances de la SSPC y la Fiscalía de Tabasco a junio de 2026, las carpetas de investigación por robos de alto impacto, cuentahabientes y transeúntes, han disminuido entre un 65% y un 68% en comparación con los picos delictivos heredados.
