En estos días, dos episodios han puesto en evidencia una práctica tan antigua como predecible en la política mexicana: la campaña negativa mal cocinada. Primero, la supuesta “confesión” de Carlos Monsiváis sobre Andrés Manuel López Obrador en una supuesta entrevista con el presunto periodista Edmundo Cázares y publicada por el diario El Universal, que circuló con bombo y platillo en ciertos medios y redes.
Después, la acusación de que un camarógrafo del Senado era hijo de Gerardo Fernández Noroña, difundida con entusiasmo por la periodista Leticia Robles de la Rosa que terminó ofreciendo disculpas públicas. Ambos casos terminaron con desmentidos, retractaciones y un reguero de credibilidad perdida.
El caso Monsiváis es particularmente vergonzoso. Un medio de tradición como El Universal publicó material que atribuía al fallecido escritor afirmaciones explosivas y salaces sobre el expresidente. La familia de Monsiváis saltó rápidamente: las frases no existían, los hechos no cuadraban y el supuesto audio nunca apareció.
El periódico tuvo que retirar el texto, disculparse con la familia y reconocer fallas graves en su proceso editorial. Periodistas que lo amplificaron también dieron marcha atrás. Lo que empezó como un intento de manchar la imagen de López Obrador terminó manchando a quienes lo impulsaron.
Algo similar ocurrió con Leticia Robles de la Rosa y el colaborador de Noroña. La historia del “hijo en la nómina” tenía todos los ingredientes para viralizarse: nepotismo, favoritismo, un personaje polémico.
Pero cuando la madre del joven desmintió con carta en mano y los hechos no resistieron el escrutinio, la periodista asumió responsabilidad, aunque con matices, y pidió disculpas. Otro globo que se pinchó en pleno vuelo.
Uno podría celebrar que haya correcciones públicas. En tiempos de desinformación galopante, que un medio o un periodista rectifica es un acto de higiene democrática. Pero también revela la ligereza con la que se lanza material sin verificar cuando encaja en la narrativa deseada.
UNA DERECHA SINIESTRA
La guerra sucia es un deporte en México, en especial para la derecha. Todos la han practicado cuando les conviene. Lo que cambia es el disfraz: a veces se llama “denuncia ciudadana”, otras “periodismo de investigación”, y casi siempre termina siendo activismo disfrazado de información.
Estamos en un periodo de alta temperatura política, con elecciones locales recientes y las intermedias de 2027 en el horizonte. Las redes sociales premian el escándalo, no la precisión.
Los algoritmos reparten adrenalina, sin matices. Y los operadores políticos —de cualquier signo— saben que una mentira viaja a la velocidad de la luz mientras la verdad se pone las botas.
El problema de fondo no es solo ético, es estratégico. Estas campañas fallidas terminan fortaleciendo al adversario. Cada retractación ruidosa se convierte en una prueba irrefutable de que hay una campaña negra en contra del movimiento.
La derecha es incapaz de convencer con argumentos e ideas la discusión pública, mucho menos en las urnas.
Para la oposición, cada fiasco erosiona su credibilidad ante los indecisos y confirma la percepción de que actúa por rabia más que por convicción. Al final, quien pierde es el público: más polarizado, más escéptico, más cansado.
La verdadera inteligencia política no está en inventar anécdotas salaces sobre muertos ilustres ni en soltar bombas sin chequeo cruzado.
Está en construir argumentos sólidos, propuestas serias y contraste real de resultados. Mientras tanto, seguiremos viendo más intentos torpes de guerra sucia.
Algunos rebotarán, otros dejarán cicatrizar. Pero la lección es clara: en la era de la verificación inmediata, mentir con descaro ya no es una estrategia ganadora. Es un riesgo que cada vez más termina costándole caro a quien lo intenta.
Y mientras los operadores dicen apostando por el escándalo fácil, los ciudadanos haremos bien en mantener el escepticismo sano: ni todo lo que brilla es oro, ni toda “bomba” que estalla en redes merece ni siquiera un clic.
