Los de abajo

El veredicto de los hechos: un Tabasco sin espacio para el pasado


La política no se mide por la estridencia de las redes sociales, sino por el respaldo tangible en las calles y la firmeza en las decisiones de gobierno. Las recientes declaraciones del gobernador Javier May Rodríguez marcan un punto de inflexión en Tabasco: el fin de una era donde los bienes públicos eran el botín de unos cuantos y el inicio de una gestión respaldada por la legitimidad de los resultados. 

 

Al señalar que la oposición carece de «base social», el mandatario no hace más que describir una realidad democrática innegable.

 

El anuncio gubernamental de exhibir cómo opera la oposición a través de granjas de bots pone el dedo en la llaga de la política moderna. Ante la falta de propuestas serias, el bloque opositor (PRD, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN) parece haber trasladado su estrategia al terreno de la simulación virtual. Sin embargo, los algoritmos artificiales no votan ni pagan impuestos.

 

La prueba más contundente de este divorcio entre la cúpula opositora y la ciudadanía se dio en el canje de placas. Mientras los adversarios convocaban al boicot, la respuesta del pueblo fue ejemplar: la meta inicial de ingresos de 400 millones de pesos fue superada con creces, alcanzando más de 700 millones de pesos. 

 

Este cumplimiento cívico demuestra que el ciudadano tabasqueño confía en el destino de sus recursos y respalda activamente la transformación del estado, dejando a la oposición sola en su retórica del conflicto.

 

Cero tolerancia a la corrupción del pasado

 

El caso del Food Park en los terrenos del Gimnasio La Choca es el vivo ejemplo del cambio de paradigma en la administración pública. 

 

Durante los gobiernos del viejo régimen neoliberal, era común que personajes que se creían «amos y señores» de la entidad hicieran negocios privados al amparo del presupuesto y el patrimonio estatal. 

 

Que «alguien» estuviera cobrando de forma irregular a los empresarios de comida es una práctica que ya no tiene cabida en Tabasco.

 

La postura del gobernador es tajante y apegada a la legalidad: bajo este gobierno, los negocios privados con bienes públicos se terminaron. 

 

Al calificar de «carroñeros y zopilotes» a los políticos que intentan lucrar con la necesidad de los comerciantes afectados, el Ejecutivo desenmascara el oportunismo de quienes nunca defendieron al pueblo cuando gobernaron.

 

Justicia y apoyo directo, sin intermediarios

 

Lejos de la confrontación estéril, la actual administración demuestra su sensibilidad social y su compromiso con la reactivación económica. A través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, encabezada por Katia Ornelas Gil, los empresarios desalojados recibirán atención directa y opciones reales para continuar con sus actividades. 

 

Además, el respaldo institucional para que denuncien por fraude a quienes les cobraban ilegalmente sienta un precedente de justicia.

 

Tabasco avanza con paso firme hacia la consolidación de un gobierno transparente y de territorio. Quienes intentan socavar la gestión estatal desde el anonimato digital o defendiendo viejos esquemas de corrupción se topan con una realidad infranqueable: un gobierno que se sostiene con su pueblo y una ciudadanía que ha decidido no volver al pasado.

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