Los de abajo

En el escenario político nacional, la diferencia entre una acusación y un delito suele disolverse en el ruido de las redes sociales y las declaraciones banqueteras. 

Sin embargo, el derecho penal no se nutre de suspicacias, sino de pruebas. La reciente detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ha venido a poner sobre la mesa una frontera jurídica que la oposición ha intentado desdibujar de manera sistemática: la distancia abismal que separa a la retórica mediática de una carpeta de investigación formalizada.

Durante meses, los bloques opositores han sostenido una narrativa frontal que busca ligar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, con el crimen organizado. 

Es una estrategia de desgaste que se repite en tribunas, columnas y campañas digitales. El problema metodológico de dicho discurso es su absoluta carencia de sustento técnico; se trata de una acusación que nace y muere en el micrófono, huérfana de auditorías, de transferencias financieras rastreables o de expedientes judiciales que un juez federal se atreva a firmar. Es, en estricto sentido, política de saliva. 

El caso de Ruffo Appel corre por una vía radicalmente distinta. Aquí no hay adjetivos de campaña, sino un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) que detalla el presunto contrabando y distribución ilegal de más de 15 millones de litros de combustible a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V. 

La orden de aprehensión ejecutada en Ensenada no emanó de una conferencia de prensa, sino del análisis que un juzgador realizó sobre irregularidades aduaneras, flujos de capital y operaciones logísticas documentadas. 

Hay un método, un folio y una imputación técnica por delincuencia organizada y "huachicol fiscal".

Por supuesto, el exmandatario tiene derecho a la presunción de inocencia y a defender la legalidad de sus operaciones empresariales en los tribunales. 

Pero el golpe político para la oposición ya está asestado, y no por un golpe de propaganda, sino por el peso de la realidad jurídica. 

Mientras el oficialismo puede esgrimir que las instituciones del Estado actúan bajo criterios técnicos y sin mirar militancias —alcanzando incluso al histórico primer gobernador de la alternancia—, la oposición se queda sin el espejo de la congruencia.

Resulta contradictorio exigir el Estado de derecho por la mañana y calificar de "persecución política" por la tarde una investigación penal que cuenta con datos duros. 

Al final, la captura de Ruffo Appel deja una lección contundente para el debate público: en el México actual, las narrativas construidas solo con tintes electorales terminan por desmoronarse cuando se topan con el rigor de un expediente judicializado.