Los de abajo

La detención de Justo Aurelio Rivera Parrazales en Mérida no solo ha puesto los reflectores sobre el manto de impunidad en el que se refugiaba el sector inmobiliario de Yucatán, sino que ha puesto al descubierto una simulación financiera que ya es investigada a fondo.
 

Detrás del hallazgo de autos de colección valuados en más de 145 millones de pesos pertenecientes al detenido, los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan una red delictiva que utilizó la salud de los mexicanos como su principal vehículo para blanquear el dinero del Cártel del Noreste y "La Barredora".
 

La indagatoria de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR detalla el modus operandi de Rivera Parrazales mediante la conformación de al menos cuatro corporativos farmacéuticos y médicos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
 

La joya de la corona de este esquema fue Inmedicen, S.A. de C.V., una compañía que él mismo fundó y de la que fue administrador único. Aunque legalmente intentó desligarse del acta constitutiva mediante asambleas simuladas en 2019, la FGR documentó que seguía operando los hilos y cobrando contratos gubernamentales.
 

A través de esta y otra firma, Industrias Médicas Chiapanecas (IMECH), el operador tejió una telaraña de adjudicaciones directas que no solo sangraron el erario de Chiapas bajo el cobijo de Rutilio Escandón, sino que alcanzaron administraciones como la de Omar Fayad en Hidalgo, donde obtuvo más de 23 millones de pesos por presunto suministro de equipo médico.
 

El colmo de la infiltración institucional fue un convenio que le permitía a IMECH operar con total libertad dentro de los reclusorios chiapanecos, supuestamente para capacitar reos, dándole al cártel las llaves de las prisiones del estado.
 

LA OTRA BARREDORA
 

El desglose de la FGR evidencia que estas empresas funcionaban en dos sentidos. Por un lado, recibían millones de recursos públicos lícitos y, por el otro, justificaban la inyección de flujos multimillonarios de efectivo que "La Barredora" enviaba en avionetas privadas desde Villahermosa hasta Mérida.
 

El dinero de la extorsión y el huachicol tabasqueño se convertía legalmente en "ganancias de insumos médicos" para luego ser invertido en lujosos complejos inmobiliarios en Yucatán y guardarse en cuentas de banca electrónica intervenidas por la Marina.
 

Esta meticulosa ingeniería contable es lo que vuelve a arrastrar al ojo del huracán al entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.
 

Resulta inverosímil sostener la ignorancia del ahora legislador cuando la FGR comprueba que los recursos lavados por las fachadas de Rivera Parrazales en Mérida provenían directamente de la estructura delictiva que lideraba Hernán Bermúdez Requena, el hombre a quien Adán Augusto entregó la seguridad de Tabasco y posteriormente detenido bajo señalamientos de liderar “La Barredora”. Y que también mantuvo en el cargo Carlos Merino Campos.
 

Para el exsecretario de Gobernación, la situación se vuelve insostenible bajo la luz de los precedentes. Que el encargado de la seguridad pública y el presunto lavador de dinero de la misma organización compartan vínculos con la misma administración estatal deja mucho qué desear, por decir lo menos.
 

Mientras Justo Rivera Parrazales enfrenta a la justicia federal y se desmantelan sus contratos farmacéuticos en Chiapas —bajo la sombra de la gestión del exgobernador Rutilio Escandón—, López Hernández permanece cobijado por el fuero constitucional en el Senado. Sin embargo, el costo político de este nuevo escándalo es inmediato.
 

La justicia legal suele ser lenta y sinuosa con las figuras de primer nivel, pero la opinión pública ya observa con absoluta claridad el fango que emerge cada vez que se escarba en el pasado reciente de Tabasco. Una y otra vez salen a relucir “La Barredora” y las complicidades en torno a ese grupo criminal.
 

La FGR ha descifrado cómo la complicidad política convirtió al sector salud en la lavandería predilecta de los capos del sureste, dejando una certeza alarmante: mientras el fuero proteja a los de arriba, la verdadera justicia seguirá deteniéndose a las puertas del Senado.