Los de abajo
El negocio de la mentira frente al derecho a la verdad
La discusión en torno al proyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, puesto a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el pasado 24 de julio, ha reavivado un debate histórico y fundamental para nuestra democracia: ¿dónde termina el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y dónde empieza el riesgo de la intervención estatal en la labor periodística?
Por un lado, la postura gubernamental parte de un diagnóstico innegable y doloroso para el ecosistema informativo: la proliferación de campañas de desinformación, noticias explícitamente falsas y la manipulación deliberada de contenidos.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido categórica al señalar que no se busca censurar a los medios de comunicación, sino fomentar que estos se autorregulen bajo un esquema ético y responsable.
Ante la difusión de infundios, la exigencia del Ejecutivo es clara y legítima: los medios que utilizan el espectro público deben hablar con la verdad, respetar a sus audiencias y asumir un compromiso real con los hechos.
No se pide callar la crítica, se pide erradicar la distorsión deliberada. Sin embargo, la cerrada negativa de ciertos sectores y las alertas generalizadas de censura emitidas por algunos periodistas abren una interrogante profunda sobre sus verdaderas motivaciones.
DERECHOS O PRIVILEGIOS
Cuando comunicadores acusados de propalar información falsa se oponen de tajo a la regulación, o cuando columnistas como Raymundo Riva Palacio llegan a sostener abiertamente que "la verdad ya es irrelevante", se alimenta la percepción social de que no se está defendiendo la libertad de expresión, sino un pretendido "derecho a seguir mintiendo" con total impunidad.
Este tipo de posturas cínicas frente al rigor informativo deslegitiman al gremio y terminan por contravenir e invalidar preocupaciones que sí son institucionales y legítimas, como los señalamientos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) respecto a las complejidades técnicas y operativas de las sanciones aplicadas por el Estado.
El fondo de este conflicto no es si se debe o no combatir la mentira —la cual es indefendible en cualquier código de ética—, sino encontrar el método democrático para lograrlo sin que los excesos de unos justifiquen el silencio de otros.
La desinformación corroe la confianza pública, pero un mecanismo de supervisión que carezca de candados jurídicos claros también representa un riesgo latente de autocensura a futuro.
La consulta pública en curso es, precisamente, la oportunidad democrática para resolver este dilema. El reto de las mesas de trabajo será blindar el documento final: garantizar que las audiencias dejen de ser rehenes del engaño y la manipulación política, aislar el cinismo de quienes desprecian los hechos y, al mismo tiempo, asegurar que el marco normativo sirva para elevar la calidad del debate público y no para asfixiarlo.
